Caminos del sur/Manuel Nava

Justicia como venganza no resuelve nada

El lamentable caso de Ayotzinapa nos pone frente al espejo para cuestionar los logros alcanzados por las autoridades e instituciones mexicanas en materia de seguridad, justicia, democracia, participación política, educación, trabajo, economía y desarrollo social.

Las circunstancias que han rodeado al caso desde entonces, en medio de acusaciones de corrupción e impunidad, vínculos al narcotráfico y distintas versiones de lo ocurrido, han hecho que se trate de uno de los mayores escándalos de derechos humanos en la historia reciente de México.

Refleja el incremento en los niveles de inseguridad y violencia; la influencia del crimen organizado; la corrupción extendida entre las autoridades; las repetidas violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad; los enormes niveles de impunidad; la incapacidad del Estado para enfrentar los principales desafíos; la falta de transparencia de las autoridades de todos los niveles; el deterioro de la educación y de la infraestructura educativa pública.

En 1917 se promulgó la Constitución, que en ese momento fue pionera en la protección de los derechos sociales. En la actualidad, la pobreza y la desigualdad social se expanden y profundizan. Aún entre los pudientes, son unos cuantos los que acumulan la riqueza, frente a una sociedad que ve adelgazar a la clase media y victimizar a los más vulnerables.

A siete años de estos hechos, la “verdad histórica” ha terminado por desmontarse, y aunque hay hallazgos y nuevas líneas de investigación, lo cierto es que no se ha logrado esclarecer qué pasó esa noche en Iguala y dónde están los estudiantes.

Destaca la conclusión sobre la ausencia de indicios de que los normalistas sigan con vida, pues todas las evidencias acreditan que fueron asesinados y no estuvieron juntos tras su desaparición. Tal afirmación no se había escuchado tanto, al menos de manera pública y en boca de un funcionario del gobierno actual.

Aunque el lema de los familiares  ha sido siempre “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, esa posibilidad se apaga cada vez más a medida que se acerca el octavo aniversario de su desaparición el próximo septiembre.

La idea central del informe de la Comisión de la Verdad sobre el caso de Ayotzinapa, es la afirmación de que los estudiantes no fueron privados de su libertad, asesinados e incinerados en el basurero por elementos del Grupo Guerreros Unidos, sino que se trató de un crimen de Estado en el que intervinieron grupos de la delincuencia organizada con autoridades locales y federales.

Aquí se pierde de vista que fueron sicarios los autores materiales de la tragedia pero los autores intelectuales son quienes fungían como autoridades en colusión con los capos. Ambos deben ser castigados.

No es la primera vez que autoridades son claramente señaladas por su presunta participación en la fabricación de pruebas para elaborar la cuestionada y ya descartada “verdad histórica”. En 2020, un capitán fue el primer militar arrestado en el marco de la investigación.

El informe presentado incide en esos señalamientos al poner nombre y apellido de altos funcionarios, pero va más allá al calificar lo ocurrido con los 43 estudiantes de “crimen de Estado”.

Jesús Murillo Karam, exprocurador de la época, se encuentra  detenido como titular de la entidad responsable de la investigación y principal defensor de la “verdad histórica”. Él es el funcionario de más alto nivel arrestado hasta ahora por este caso, pero los familiares de los jóvenes tienen esperanza en que su detención sea la primera de muchas.

Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal prófugo de la justicia y refugiado en Israel, continúa siendo otro de los principales objetivos del gobierno mexicano. Encinas aclaró que el expresidente Peña Nieto no se encuentra entre los individuos para tal “deslinde de responsabilidades”.

Este podría ser uno de los puntos de objeción de los defensores de los 43 estudiantes desaparecidos y es obligatorio pensar si se busca la justicia o el linchamiento político de quienes como gobernantes se apegaron a otro modelo de desarrollo distinto al que hoy se pretende instaurar.

En la Región Pacífico Sur, (Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca), las movilizaciones de los normalistas, se hacen bajo la premisa de defender  la existencia de estos centros educativos, pero el actuar perfila la defensa de cotos de poder, privilegios y canonjías antes que el derecho a la educación pues los planes de estudio continúan anclados en mediados del siglo XX.

Plazas automáticas, becas, apoyo de material didáctico y económico para mantenimiento de las Normales son parte de las demandas de los estudiantes egresados, mientras que el grupo de aspirantes rechazados a esta carrera han encabezado manifestaciones en demanda de ser incluidos en las escuelas y la oportunidad de hacer nuevamente un examen de admisión.

Los plantones y movilizaciones tanto del magisterio como de normalistas son un golpe a la sociedad, no al gobierno, ya que es al ciudadano a quien impactan estas manifestaciones, tanto en su movilidad como en su actividad económica.

Utilizar la justicia como medio de venganza, no resuelve nada, diría la abuela.