Caminos del sur/Manuel Nava

Ahí se ven

La fragilidad del estado de derecho y la corrupción que impera en las diferentes esferas del gobierno, constituyen el punto de origen en la proliferación de las desapariciones, secuestros, reclutamientos forzados, asaltos, robos de bienes materiales, extorsiones, amenazas, desalojos arbitrarios, violaciones graves a los derechos humanos en la entidad.

En ese contexto tres fenómenos cobraron relevancia en la entidad durante la semana recién concluida.

Un nuevo desplazamiento masivo se registró en San Miguel Totolapan a consecuencia de la violencia que azota a la región de Tierra Caliente. Se trata de más de un centenar de habitantes de la comunidad Las Ventanas, municipio de San Miguel Totolapan, huyeron a la comunidad Serrana de Río Santiago, municipio de Atoyac de Álvarez.

El 10 de abril anterior otro grupo de habitantes, también de San Miguel Totolapan, procedente de las comunidades Laguna de Huayanalco y San Bartolo, llegaron al cafetalero.

En el segundo caso la empresa Bimbo-Marinela  suspendió temporalmente la distribución de sus productos en 9 de rutas en Acapulco, porque los repartidores de la panificadora son víctima de asaltos y extorsión por parte de grupos delictivos, quienes dejaban que las camionetas repartidoras circularan solo a cambio del pago de una “cuota”.

La suspensión ocurrió, luego que dos camionetas de reparto de la empresa fueran incendiadas.

En lo que va del año, Bimbo ha sufrido 380 incidentes de violencia a nivel estatal, que van desde asaltos, extorsión, amenazas y ataques, de los cuales el 40 por ciento han ocurrido en Acapulco.

El 11 de junio de este año, Grupo Gepp, embotelladora de las marcas de PepsiCo en México, confirmó el cierre temporal de sus operaciones comerciales en el centro de distribución de Ciudad Altamirano, Guerrero “al no estar presentes las condiciones requeridas para la continuidad de la distribución de su portafolio de productos al mercado” segpun su comunicado.

Este suceso se suma al freno de operaciones en Guerrero de empresas como Coca-Cola Femsa, que desde el 23 de marzo de 2018 cerró de manera indefinida su centro de distribución en Ciudad Altamirano, donde tenía alrededor de 160 colaboradores. Ello ha generado una pérdida de aproximadamente 30 millones de pesos (mdp) por mes en sus ingresos.

Ya sobre el cierre de la semana, un grupo de pobladores de Tierra Colorada bloqueó la carretera de esa cabecera municipal hacia San Marcos, en protesta por fueron detenidos por el Ejército en la comunidad de Las Palmas, los cuales posteriormente se identificaron como policías comunitarios del Frente Unido Para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG).

En todos los casos lo que se observa es una autoridad rebasada por la actividad delincuencial pero que además minimiza los impactos que este fenómeno tiene en la economía local.

A pesar de que la autoridad gubernamental considera temporal el retiro de la inversión en la entidad, la inseguridad es un riesgo que afecta al crecimiento económico potencial, y es posible que sus efectos sobre la inversión ya sean de consideración.

La oleada de violencia continúa escalando y no se percibe una estrategia clara para, al menos,  contenerla.

La impunidad sobre los hechos delictivos y la incapacidad de las instancias de seguridad pública para combatir a los grupos delincuenciales son el mayor aliciente para que incrementar el deterioro de la seguridad publica en Guerrero.

Cuando quedan impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, se termina por hundirse en el abismo, diría la abuela.