Caminos del sur/Manuel Nava

Presencia sin resultados

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en la permanencia del Ejército en las calles del país para realizar tareas de seguridad y contra el crimen organizado hasta el 2028, lo cual se aprobó en días recientes por parte del Senado y la Cámara de Diputados, y hasta el 27 de octubre 17 de los 32 congresos de los estados dieron el visto bueno para que sea promulgado por el Ejecutivo federal.

No obstante, la propuesta del presidente de enviar un mayor número de soldados a los estados y municipios con más índices de violencia, en algunos casos lo que ha propiciado es aumentar la cifra de homicidios dolosos con armas de fuego, de acuerdo con especialistas en seguridad.

La tendencia de ir aumentando el número de Fuerzas Armadas es una respuesta reactiva al aumento de la violencia en el país. Es decir, los índices de criminalidad de homicidios por arma de fuego, de delitos del fuero común, de aumento de los factores de riesgo que fomentan la violencia y la delincuencia han ido en aumento.

En 16 años, el despliegue de los militares pasó de 37 mil 253 elementos a 84 mil 481, mientras que los homicidios de 10 mil 452 en 2006 a 35 mil 625 en 2021.

En 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón determinó que los marinos y soldados iban a apoyar en la seguridad pública y se inició la llamada “guerra contra el narcotráfico”, México registró 10 mil 425 homicidios dolosos, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En 2021, se reportaron 35 mil 625 muertes violentas, que representa un incremento de 241 por ciento.

En 2021 había 90 mil efectivos desplegados en tareas de seguridad pública en todo el país, mientras que al cierre del gobierno el priista en 2018 eran 54 mil, y en 2012, cuando terminó el gobierno calderonista, estaban en las calles 49 mil elementos castrenses.

Durante todo el 2019 había 52 mil 70 soldados en las calles; para el 2020 la cifra se incrementó a 76 mil 198; en 2021 escaló a un total de 90 mil 23 uniformados, y para el año en curso, hasta julio, disminuyó a 85 mil 806, según muestran los datos de la dependencia.

Cuando ese delito se mide por cada 100 mil habitantes, también el aumento es evidente. En 2006, la tasa era de 9.7 homicidios dolosos, sin embargo, en 2022 la tasa se ubica en 28.

Por lo tanto la conclusión palpable es que la presencia misma del Ejército de las Fuerzas Armadas no es suficiente para detener una gran ola de violencia, de actos delictivos.

En la Región Pacifico Sur el despliegue de militares ha sido una respuesta en principio al combate de los grupos armados con propósitos ideológicos como fue el caso de las guerrillas de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez en Guerrero durante los 70s, en Oaxaca Unión del Pueblo 1975-1978 y en Chiapas el EZLN en 1994 y el EPR en 1996 en Guerrero y Oaxaca. En el caso de Michoacán fue el surgimiento de las autodefensas particularmente el grupo Insurgencia por el Rescate Institucional y Social (IRIS) desde el 2016, así como sí como grupos radicales del movimiento local indigenista denominado Nación Purépecha.

Pero desde el 2006 la RPS fue escenario del combate a los grupos del crimen organizado y en esos territorios se despegaron militares

El aumento de la presencia militar y policial en el Estado de Chiapas en los últimos años ha sido espectacular en la actual supera los 11 mil 968 efectivos militares y policiacos.

En la 39 Zona militar se encuentran 568 elementos, en la Zona Norte se encuentran 350, en la 36 Zona Militar 761 y la 31 Zona Militar 500, además, los 462 elementos en seguridad en carreteras, los que en su conjunto suman 2 mil 641.

En Guerrero 7 mil 236 elementos de la Sedena en 12 unidades en todo el territorio estatal, además de 3 mil 030 de GN; del total, 8 mil 930 son elementos operativos que están permanentemente trabajando con los 5 mil 981 efectivos de las policías estatal y municipales. En total, suman 16 mil 247 efectivos, de los cuales 14 mil 418 son miembros operativos en las ocho coordinaciones regionales de la GN.

En Michoacán son 7 mil 819 los efectivos militares desplegados y en Oaxaca 10 mil 445.

La debilidad institucional en materia de seguridad pública en México hace que el Estado tenga como principal instrumento al poder militar para reponer la autoridad e imponer la ley en el país.

La violencia generalizada es el resultado de las estrategias de política cuya narrativa de la seguridad pública se funda en el control punitivo estatal a través del incremento de las fuerzas armadas en labores policiales de seguridad, pero que no contemplan la previsión primaria, ya que el problema estructural es la cuestión social: empobrecimiento, desempleo, marginalidad, entre otras.

De ahí, la idea de que el Estado mexicano ha incumplido con su obligación de garantizar la seguridad de las personas, por la existencia de un débil sistema institucional de seguridad.

Los tiempos de un gobierno son cortos, los de la delincuencia son bastante largos, diría la abuela.