Caminos del sur/Manuel Nava

Cuatro años de la 4T en la RPS

Tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en las elecciones presidenciales de 2018 se generaron altas expectativas sobre la presidencia, particularmente relacionadas con la lucha contra la pobreza y la provisión de bienestar social en México.

Durante lo que va del actual periodo de mando, la política social en México se enfocó en el aumento de recursos para atender espacios marginados y grupos vulnerables. Sin embargo, tales esfuerzos pueden ser infructuosos para combatir eficazmente la pobreza y remontar las falencias conceptuales, estratégicas, institucionales y operativas de la propia política social en el país, y en cambio pueden profundizar su uso como instrumento de clientelismo político.

El desarrollo implica crecimiento económico en el largo plazo que mejora las condiciones de vida de una población, región o país en términos económicos, sociales, políticos y culturales. Es un proceso integrador que es impulsado por el aumento de los factores productivos, organizacionales, institucionales, de innovación tecnológica y de gestión que impacta en la productividad, generando mayor eficiencia y competitividad. Sin embargo, para coordinar y generar incentivos de cooperación entre todos los agentes económicos y sociales se requiere de la participación articuladora del gobierno, a través de políticas públicas.

Las políticas públicas son cursos de acciones que tienen como objetivo resolver problemas públicos y de gobierno. En este caso fomentar el crecimiento y desarrollo económico regional.

El desarrollo económico se pueden identificar tres fuentes del crecimiento de una economía: i) incrementos de insumos tangibles, como el capital, la mano de obra y el capital humano; ii) incremento de la eficiencia técnica y de asignación, y iii) incremento de insumos intangibles, como el capital de investigación y desarrollo (ID), la adopción de nuevos métodos gerenciales o de modos organizacionales de la producción.

El gran problema en generar el desarrollo, es quien asigna recursos y coordina el proceso de crecimiento, en el que todos los participantes deben obtener una recompensa por su esfuerzo: el mercado o el Estado, o una combinación de ambos; y si es esta última, cuál será la participación óptima de cada uno que asegure el mayor crecimiento para una economía.

La elevada desigualdad en México, constituye un obstáculo para el desarrollo sostenible. No solo es cuestión de la estructura social en general sino también de la geografía de la pobreza.

Tradicionalmente se ubica a Guerrero, Oaxaca y Chiapas como la franja de la pobreza nacional, un tanto menos acentuada en Michoacán pero con retos de desarrollo similares.

Los proyectos estratégicos de la 4T partieron en dos a la Región Pacifico Sur.
Del istmo de Tehuantepec hacia sureste, con proyecto de inversión ligados a las obras estratégicas del tren maya, la refinería de dos bocas, el tren Salina Cruz a Coatzacoalcos, el corredor transistmico, los diez parques industriales que se están adaptando para que se instalen plantas, fábricas, que van a recibir subsidios fiscales para instalarse.

Otra parte de la recursos públicos canalizados a la RPS está en los programas sociales con la desventaja de que los programas sociales en México no suelen tener un enfoque de resultados; es decir, no identifican a su población objetivo ni el cambio que buscan lograr.

Por ejemplo, en Michoacán, los programas sociales del Gobierno de la República benefician a un millón 97 mil 694 michoacanos, con una inversión superior a los 29 mil millones de pesos anuales.

Los programas sociales no son condición suficiente para la erradicación de la pobreza, pero podrían haber conseguido resultados más contundentes y consistentes. Ello se debe a las anomalías que han mostrado. En primer lugar, los programas sociales se han diseñado e implementado de manera fragmentada, pues cada nivel de gobierno cuenta con sus propios programas, con lo que suelen duplicarse, estorbarse y dispersar los recursos públicos.

Los programas sociales han tendido al asistencialismo, pues han buscado cubrir carencias en lugar de ampliar y salvaguardar los derechos sociales, siguiendo la tendencia de la política social mexicana de centrarse en los indicadores de pobreza.

La política social no versa únicamente sobre programas para atender la pobreza, sino que su alcance es más extenso. En una definición connotativa, política social puede entenderse como el entramado institucional de postulados epistemológicos y metodológicos que se despliegan en leyes, organismos, planes y recursos diversos (humanos, financieros, tecnológicos, etc.) con el objetivo prioritario de atender las cuestiones inherentes al bienestar de los distintos segmentos de la población, pero que también incluye metas relacionadas con la estabilidad del sistema político y las correcciones a las ineficiencias del sistema económico.

La pobreza es una negación de las oportunidades, diría la abuela.