Caminos del sur/Manuel Nava

Una promesa pendiente

Ahora que la crisis sanitaria ha menguado el gobierno federal afirma que mantener los programas sociales limitó el crecimiento de la pobreza.

Al inicio de 2020, el Gobierno Federal ya tenía aprobado su presupuesto de egresos, con la entrega de recursos preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad. Cuando llegó la contingencia sanitaria, la política de priorizar a los pobres se mantuvo. Sin los apoyos sociales, más de 4.6 millones de personas hubieran pasado a condiciones de pobreza extrema, ese año.

La brecha de desigualdad hubiera crecido por encima de los indicadores de pobreza que analiza el reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), denominado “Estimaciones de pobreza multidimensional en México para 2020”.

En un escenario hipotético, sin programas sociales el porcentaje de personas en situación de pobreza extrema habría pasado de 21.9 a 26.5 millones de personas. Esto es más de 4.6 millones de personas que sin esos recursos no tendría ingreso suficiente para satisfacer la canasta básica de consumo.

Según Coneval, de 2018 a 2020, 3.8 millones de personas cayeron en la pobreza, pero sin programas sociales, este crecimiento hubiera sido de casi el doble: 6.3 millones de personas. Es un dato significativo de la contención en ese lapso.

El hecho central es que, si bien la pobreza parece contenida, no ha menguado y en contraparte existen más posibilidades de que se incremente particularmente en lo que corresponde a la Región Pacífico Sur.

Este resultado tiene raíz económica: la carencia de seguridad social y el ingreso insuficiente para adquirir la canasta básica. Ambas surgen del mundo del trabajo y no de los programas sociales.

Esto no los libra de responsabilidad. Pero sí urge superar la confusión generada por llamarlos programas de “combate a la pobreza”. No es esa su función. Los programas no tienen posibilidad de resolver las dos variables determinantes de la pobreza.

La función de la política social es garantizar derechos sociales, a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, entre otros. Los programas sociales deben ser instrumentos para tutelar esos derechos, como herramientas de protección y promoción de los derechos para quienes tienen mayores obstáculos para ejercerlos.

Para cumplir esta función, los programas deben cumplir con tres características esenciales: Estar bien diseñados, tener cobertura suficiente de la población objetivo y estar bien aplicados en la práctica.

Los programas federales cumplen con la institucionalidad básica, pero tienen serios problemas de diseño. Entre 2012 y 2018, los programas opacos, dispersos y con escasos resultados fueron los que más aumentaron presupuesto, al pasar de 268 mil millones de pesos en 2012 a 528 mil mdp en 2018, según datos del Índice de Desempeño de los Programas Sociales (Indep) de GESOC.

Un buen diseño requiere la definición precisa del problema público a resolver, del objetivo a lograr y de las acciones para cumplir con el objetivo. Suena simple, pero muchos programas se basan en ocurrencias y confusiones.

La cobertura de la población objetivo debe ser suficiente para lograr un impacto en el programa a resolver. Cuando el presupuesto sólo permite atender a una minoría de la población objetivo, los programas no pueden lograr el resultado esperado, aunque tengan diseño adecuado.

La “práctica” es la prueba de fuego. Muchos programas declaran objetivos precisos y acciones lógicamente alienadas a lograrlo y buena cobertura, pero su práctica dista de ser adecuada. La selección de participantes se sesga por motivos políticos, no hay suficiente capacidad institucional, la provisión de servicios o beneficios queda incompleta, por lo que el diseño no se cumple en la realidad.

En los hechos, los programas sociales de este gobierno han demostrado que no tienen como fin último la mejora en la distribución de los recursos o la atención sustantiva de las personas más necesitadas, mucho menos la ruptura del ciclo perverso de pobreza intergeneracional.

Por el contrario: fueron diseñados y operan bajo premisas eminentemente políticas, en las que lo más importante es entregar recursos monetarios para apuntalar la popularidad y los intereses electorales del presidente.

La técnica para la hechura de políticas públicas ha sido lo menos importante. Terminaremos el sexenio con la paradoja de una política social de mucho ruido y pocas nueces, poniendo la palabra bienestar hasta en los tanques de gas, pero sin alcanzar la mejoría de los más pobres.

El presidente dice que 7 de cada 10 hogares reciben recursos de al menos un programa social. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020 del Inegi lo desmiente: sólo 29.7 por ciento de los hogares reporta recibirlos. La población en pobreza general pasó de 49.9  en 2018 a 52.8  en 2020 y la de pobreza extrema, de 14  a 17.2  siempre en términos porcentuales.

En 2016, el 67 por ciento de los hogares en pobreza extrema declaraba recibir al menos un programa social. En 2020 ese porcentaje bajó a 43.

El problema de ser pobre es que para superarlo se debe ocupar todo el tiempo, diría la abuela.