Caminos del sur/Manuel Nava

Crisis universitaria por venir

Los sistemas de pensiones son un elemento clave para lo que se conoce como el estado del bienestar. Estos se pueden definir como contratos sociales que tienen como objetivo primordial proporcionar un consumo digno a los adultos mayores en los años en que es difícil generar un ingreso.

Los sistemas de retiro, sin embargo, aún tienen muchos retos que superar para lograr satisfacer las necesidades de las poblaciones alrededor del mundo: pensiones insuficientes insostenibilidad financiera por falta de solvencia en los), entre otros

La vialidad y solvencia financiera de fondos para planes de pensiones en un grupo de universidades públicas en México se encuentra cada vez más comprometida. El único elemento en común es que todos los planes son de beneficio definido y que cuentan con un fondo de pensiones.

Las contribuciones varían en un rango de 0 a 4 por ciento; la edad de retiro de 60 y 65 años, con 4 universidades que no cuentan con este requisito y la antigüedad desde 20 hasta 35 años. La conclusión es que el costo actuarial de estos planes es extremadamente alto y que es necesaria la aportación de organismos externos para solventar estos planes.

En México, se espera que la población envejezca moderadamente y de acuerdo con las proyecciones, para el año 2050 la población mayor de 65 años será superior a la que tiene menos de 15 años. México actualmente goza de un bono demográfico, por lo que sus problemas originados por mala planeación en materia de seguridad social, dirigida especialmente para adultos mayores, no son tan visibles como se espera que sea en años futuros (particularmente en años próximos a 2050).

Actualmente los planes de retiro más recientes están regulados por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR). Sin embargo, los planes de retiro pertenecientes a las universidades públicas estatales o universidades autónomas, al igual que otros muchos planes de pensiones (pensiones estatales, municipales, etc.) no son regulados por CONSAR. Particularmente los sistemas de pensiones para universidades autónomas tienen la falta de regulación, como consecuencia de la denominación de autonomía.

En 2014 el gasto público generado por las universidades autónomas equivalía a 2 puntos porcentuales del PIB. La falta de normativas para regular los pasivos contingentes, la falta de información y la falta de transparencia que emiten algunas de las universidades, además de la disminución de los recursos financieros que emite el gobierno para pagar las pensiones dan pie a las siguientes preguntas ¿Quién o quiénes harán frente a los costos que representan estas pensiones? y ¿Quiénes serán los más afectados con este problema y en qué medida?

Los sistemas de pensiones y jubilaciones de los académicos en las universidades públicas estatales además de otros, enfrentan dificultades para hacer frente al pago de estos conceptos. Existen tres casos: uno) en los que la universidad es la responsable de cubrir el pago, dos) en los que existe una coparticipación entre la universidad y la institución de seguridad social y tres) en los que el pago corre por cuenta de la institución de conformidad con el tipo financiamiento establecido se ha dado el efecto de que en varias universidades tengan pasivos muy importantes por las pensiones y jubilaciones, los que comprometen el canalizar sus recursos para.

Las pensiones y jubilaciones se han convertido en un problema a nivel mundial, dado el aumento en la probabilidad de vida. En México, al no existir disposiciones generales que regulen la jubilación en las instituciones de educación superior públicas, cada institución ha desarrollado su propio sistema, lo cual para algunas se ha convertido en un problema de carácter financiero al traer como consecuencia pasivos por este concepto, mismo que se ha incrementado notablemente en los últimos años.

Nueve universidades autónomas con un déficit económico importante recibieron en diciembre un apoyo extraordinario de 2 mil 309 millones de pesos para financiar principalmente el pago de jubilaciones, pensiones y prestaciones de los trabajadores de las universidades. La deuda de las 34 universidades autónomas del país asciende a 19,209 millones de pesos.

Se estima que a mediados del próximo gobierno federal podrían estar en crisis por el tema de pensiones y jubilaciones 10 universidades, entre ellas las principales de la Región Pacífico Sur como la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro).

La Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) mantiene un adeudo cercano de mil 700 millones de pesos, cifra que es colocada dentro del tercer puesto de las diez universidades con mayor adeudo financiero del país.  Las causas más graves de los adeudos son por la plantillas no reconocidas, tanto de profesores como de trabajadores, prestaciones nominales “no contempladas en el modelo” de la SEP y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público además de un creciente peso financiero en el sistema de pensiones y jubilaciones del personal académico y administrativo.

Por lo menos desde el año de 2015, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), existe una ofensiva contra el régimen de jubilaciones que se tiene pactado desde 1939. El régimen de jubilaciones vigente en la Universidad Michoacana contempla que los jubilados recibirán los mismos incrementos que los trabajadores en activo y forma parte de la lista de 11 universidades con riesgo de quiebra financiera, por lo requiere una decisión urgente.

La reforma al sistema de pensiones y jubilaciones de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca se ha puesto en marcha y las autoridades académicas informan que actualmente el 40 por ciento del presupuesto que para este año fue de 49 millones de pesos, se destina al pago de jubilaciones y pensiones lo que incluye también el pago de prestaciones laborales no reconocidas por la SEP.

El impío siempre toma prestado, y no paga, diría la abuela.