Caminos del sur/Manuel Nava

Un inicio turbulento

El inicio violento del 2023 es un drástico recordatoria de que la inseguridad pública se mantiene como una asignatura pendiente. En los primeros tres días del nuevo año se registraron 240 homicidios y el 5 de enero la reaprehensión de Ovidio Guzmán López, desató el terror en distintas ciudades de Sinaloa y además un impacto económico estimado en no menos de 900 millones de pesos.

Después de largas décadas de tener al Partido Revolucionario Institucional (PRI) como partido de Estado, ocupando la Presidencia de la República y las instituciones legislativas y judiciales, los mexicanos muy difícilmente podían imaginar que la transición política vendría acompañada de una ola de violencia criminal que ha empañado severamente la democracia.

Tampoco pronosticaban que después del fin de la era priísta, en el 2000, el narcotráfico y la delincuencia organizada adquirirían un enorme poder con capacidad para desestabilizar las frágiles instituciones de seguridad.

La secretaría de la Defensa nacional (SEDENA) reconoce, en diferentes documentos que la Región Pacífico Sur por las pugnas de grupos criminales por el trasiego de drogas (principalmente cocaína), robo de hidrocarburos, secuestro, extorsión, robo a transporte de carga, de combustible y vehículos, soborno de autoridades y narcomenudeo,

Por ejemplo en 2022 se habló del presunto apoyo al Cártel de Sinaloa en Chiapas el cual se mantuvo con alianzas de la Secretaría de la Defensa Nacional y mandos locales de la Guardia Nacional, así como funcionarios a las órdenes de Rutilio Escandón gobernador morenista.

Entre los señalados también estuvieron Francisco Orantes Abadía, subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del estado; Roberto Yahir Hernández Terán, director de la Policía Estatal Fronteriza; Jordán Orantes Alegría, fiscal de Chiapas; así como Jesús Méndez Rojas, jefe de la Policía Ministerial de la entidad.

Sobre el Güero Pulseras no habían trascendido mayores reportes hasta esa fecha. Se afirma que es lugarteniente designado para el control de la plaza en la frontera sur de México, a donde llegó por encargo del Mayo Zambada después de mediados de 2021. Presuntamente, su círculo de protección estaría conformado por policías estatales, así como Reinel Martínez Aguilar, titular de la estación de la Guardia Nacional en San Cristóbal de las Casas.

En Guerrero, al menos 40 grupos luchan por un diverso portafolio criminal, que incluyen actividades como producción y tráfico de drogas, así como extorsión y secuestro.

Ante ello han surgido grupos denominados como “autodefensas” para mitigar la impunidad que se vive en la entidad. Sin embargo, el resultado en ocasiones es más violencia.

En Guerrero, son varios los grupos delictivos los que disputan el territorio, por lo cual hay muchos objetivos generadores de violencia, ante esto se debe de incrementar la inteligencia, la presencia de grupos policiacos y fortalecer la cultura de la denuncia ciudadana, afirmó el secretario de Seguridad Pública del Estado, Evelio Méndez Gómez.

Uno de los puntos rojos del estado es la Tierra Caliente, donde predomina el grupo delictivo de la “Familia Michoacana”, pues es la zona que se ubica en los límites de Guerrero con Michoacán, pero se está buscando con la Federación controlar esa zona. Informo que los grupos delictivos detectados en Guerrero son: Los Ardillos, los flacos del Cartel Jalisco, el CIDA en Acapulco y la Familia Michoacana. Agregó que varios de esos grupos tienen presencia en varios estados.

Este 2023 será el año clave para consolidar la tendencia a la baja y aplanar la curva de violencia en el estado de Michoacán. Las cifras de incidencia delictiva registran un continuo avance en al menos 4 regiones. Puntos como el oriente michoacano, los límites con Jalisco, en específico el Jiquilpan y Sahuayo así como la colindancia con Guanajuato han reportado complicaciones.

Se localizaron narcofosas de Zitácuaro, en los últimos días del 2022 se registraron enfrentamientos e incluso, un intento del granadazo a las oficinas de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas.

En Oaxaca, todo parece indicar que Salomón Jara se apegará al libreto que, desde Palacio Nacional, se ha dictado a los gobernadores morenistas: la seguridad se deja en manos de militares. Así lo sugiere el nombramiento de Iván García Álvarez, capitán de Fragata como secretario de Seguridad del estado (con este nombramiento, ya suman 13 estados, todos de la coalición del Presidente, con un titular de seguridad de origen militar).

El gobierno de Salomón Jara tendrá que enfrentar dos problemáticas que podrían ser sus verdaderos dolores de cabeza conforme avance el sexenio: la ingobernabilidad de siempre y el surgimiento de mafias criminales en la costa oaxaqueña, en pleno boom turístico.

El más aguerrido de todos es la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que, con sus 70 mil agremiados, se ha mantenido en relativa calma durante todo el gobierno de AMLO.

Sin embargo, tras la toma de protesta de Jara, la tregua muy probablemente llegue a su fin. El flamante gobernador no era el gallo del llamado magisterio disidente, que era más cercano a las aspiraciones de Susana Harp. Lejos de buscar congraciarse, como candidato, Salomón Jara lanzó duras críticas contra la CNTE. El día de la toma de protesta, miles de maestros de la Coordinadora salieron a las calles, nada más para mostrarle músculo.

Del árbol del silencio pende el fruto de la seguridad, diría la abuela.