Caminos del sur/Manuel Nava

Relaciones viciadas

México es un país lastrado por la violencia y el crimen organizado, con altos niveles de corrupción y con tasas de desempleo que van en aumento, igual que las desigualdades sociales, que en lugar de reducirse se van haciendo cada vez mayores. Son tiene “asignaturas pendientes” que no ha resuelto nunca y que parece incapaz de resolver. No sólo es el tema de la violencia, sino que a éste se acompaña otro, como mínimo igual de importante, que es el de la impunidad de los crímenes que se cometen. Y a ello se añade el hecho de que la seguridad jurídica no es algo que caracterice al sistema judicial mexicano. La violencia y la impunidad son dos de los grandes problemas a los que se enfrenta el estado azteca, pero que hay que tener en cuenta que están relacionado con otros, como la corrupción.

El tema de la corrupción es endémico en México y afecta, sin distinción, a todas las capas sociales y está inserto en todos los aspectos. No son sólo las autoridades que colaboran de una u otra manera con el narcotráfico, sino que va mucho más allá y está incrustado en lo que podría denominarse “la cultura de hacer las cosas fáciles”.

En teoría los gobiernos municipales deberían disponer de la mejor información sobre cómo abordar los problemas de seguridad, la realidad es que son el eslabón más débil en las iniciativas para frenar la violencia.

En la actualidad, los grupos ilegales concentraran su potencial de violencia en los niveles más vulnerables del Estado.

Las alcaldías y las comisarías municipales a menudo han sido incapaces de resistir. Los grupos criminales han asesinado a cientos de alcaldes, concejales y candidatos locales. Proliferan las denuncias de complicidad entre funcionarios, fuerzas de seguridad y grupos criminales.

A lo largo del territorio de la Región Pacífico Sur, el fenómeno de autoridades de gobierno vinculadas al crimen organizado se repite y la prospección arroja una marcada tendencia a la erección de autoridades vinculadas a los grupos o súper bandas que operan en las respectivas localidades.

Las imágenes de Norma Otilia Hernández, alcaldesa morenista de Chilpancingo, con el presunto líder del grupo criminal “Los Ardillos”, revivió lo que en México se ha convertido en un caso recurrente: dirigentes locales ligados al crimen organizado.  Desde hace años, la relación entre alcaldes y  narcotraficantes se ha expuesto una y otra vez.

A finales de junio de este año, circuló por redes sociales una fotografía en la cual apareció  María Escandón, hija de Rutilio Cruz Escandón, gobernador chipaneco por Morena, acompañada de la hija y pareja sentimental de Juan Valdovinos Mendoza, mejor conocido como “El Señor de los Caballos” o “El Fraile”.

El dato es que Valdovinos Mendoza ha destacado como el de uno de los principales líderes de la organización criminal que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en Chiapas.  ADEMÁS informes del Ejército Mexicano también revelaron su posible vinculación con el grupo criminal de Los Zetas.

En el caso de Guerrero la posible vinculación entre alcaldes y grupos de la delincuencia organizada ha circulado como rumor y a veces con indicios pero el resultado es la impunidad.

Cuando los archivos de la Sedena fueron hackeados por el grupo Guacamaya, se difundió que en 2014, el Ejército reportó que el 25 por ciento de los municipios de dicha entidad se encontraban bajo el mando de funcionarios que de igual forma fueron acusados de llevar a cabo campañas políticas cuyo financiamiento fue patrocinado por operadores del narcotráfico.

En 2019 la Sedena elaboró otro informe mediante el cual, con todo y mapas, señalaron que Guerrero contaba con la presencia de grupos del crimen organizado, así como la complicidad con autoridades locales.

También en esos documentos filtrados se difundió que varios alcaldes de Michoacán tendrían presuntos vínculos con el crimen organizado.

El 13 de septiembre del 2021, un informe del Centro Nacional de Inteligencia indicó que por lo menos 18 servidores públicos cuentan con señalamientos con miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y pertenecen a diferentes partidos políticos y coaliciones

Entre ellos se precisaron los nombres de Ana Lilia Manzo, alcaldesa de Cojumatlán, por parte de la alianza Morena-PT; a Manuel Gálvez, alcalde de Sahuayo por parte del PAN, también de dicho partido Jorge Luis Anguiano, alcalde de Marcos Castellanos; José Elías Barajas, alcalde de Jiquilpan, del partido Movimiento Ciudadano; Isidro Mosqueda, alcalde de Jacona por parte de Morena.

También de la coalición Morena-PT se identificó José Dolores Martínez, alcalde de Vista Hermosa; Francisca Licea, alcaldesa de Tanhuato, del PAN María, del mismo partido a Jesús Infante, Hermes Arnulfo Pacheco del partido Fuerza x México.

Cinco individuos de la coalición Morena- PT identificados con supuestas relaciones con el narco fueron Rosa Elia Milán, Alejandro Correa Gómez, José Luis Téllez, Artemio Moriya y Vicente Gómez, alcaldes de Cuitzeo, Zinapécuaro, Hidalgo, Tacámbaro y Turicato, respectivamente.

Hasta hace poco todavía se presumía que en Oaxaca existen caiques y alcaldes corruptos pero no vinculados al narcotráfico, las autoridades de seguridad tienen documentada la existencia del cartel del Istmo,  cuyos líderes son Pedro Díaz Parada “El Capo del Istmo”; Domingo Aniceto Díaz Parada alias “Don Cheto”; Eugenio Jesús Díaz Parada “Don Chuy” los cuales controlan alcaldías.

Dios los hace, el diablo los junta diría la abuela.