Caminos del sur/Manuel Nava

CAMINOS DEL SUR0910

La violencia también va a las urnas

En México, los procesos electorales son particularmente violentos. En cada ciclo electoral se registran incidentes.

De 2018 a lo que va de 2023 se han registrado en México1372 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos.

El proceso electoral 2024 dio inicio legalmente el 7 de septiembre.  Lo que está en juego no solo es el destino de una economía de  1.66 billones de dólares—la segunda más grande de América Latina y el mayor socio comercial de Estados Unidos—, sino también el legado político de López Obrador, que en sus cinco años en el poder ha intentado remodelar la vida pública de México en torno a su visión nacionalista y estatista.

Las elecciones generales del 2 de junio de 2024 serán, por tanto, una elección entre la continuidad de las políticas de AMLO—incluidos programas sociales de corte universal, un sector energético dominado por empresas estatales y austeridad gubernamental—y una oposición que intentará aprovechar parte del descontento de la población ante las deficiencias de la Administración, los altos niveles de inseguridad y los deficientes servicios públicos.

Se renovará la Presidencia de la República, así como el Congreso de la Unión: 128 senadores y 500 diputados. Además se elegirá a 9 gobernadores. En los 32 estados de la república se renovarán legislaturas locales y ayuntamientos, entre otros cargos.

En los últimos años, las agresiones, atentados, amenazas y asesinatos en contra de personas del ámbito político, gubernamental, funcionarios públicos y militantes de partidos se intensificaron.

La violencia electoral se ha convertido en una herramienta del crimen organizado para influenciar la vida pública de estados y municipios y, en los últimos años se han registros los indicadores más altos al respecto.

En el periodo de 2018 a 2022 se han registrado un total de 1026 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas asociadas con el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos.

La Región Pacífico Sur el fenómeno se registra con una particular intensidad dado que el territorio regional tiene una importancia estratégica en el cultivo y trasiego de enervantes además de que definen rutas de tráfico de enervantes y localidades en donde el consumo de drogas va al alza. En el proceso electoral del 2021 Guerrero punteó la estadística con 14 asesinatos, seguido de Michoacán, Oaxaca y Chiapas.

Hasta el 2021 en Chiapas se habrían registrado 9 agresiones o delitos globales y con un saldo de 12 víctimas mortales a aspirantes y candidatos, durante el proceso electoral 2020-2021. Era considerada a segunda entidad con mayores incidentes de violencia política.

En Guerrero han sido asesinados más de 25 figuras políticas que incluye desde aspirantes a una candidatura hasta alcaldes. La entidad es estratégica para la delincuencia: es el principal productor de goma de opio en México, que es a su vez el tercer productor del mundo, después de Afganistán y Myanmar.

En Michoacán el proceso electoral 2021 tuvo un contexto electoral conflictivo y violento, donde las alianzas partidarias, la nueva correlación de fuerzas que generan las elecciones podrían explicar el fenómeno.

Debe resaltarse que  el contexto de violencia regional puso en riesgo el proceso electoral, debido a que los actores ilegales se han convertido en un factor influyente que obstaculiza la consolidación democrática.

Durante el primer trimestre del 2023, en el caso de Oaxaca, cuatro de las siete personas asesinadas ocupaban cargos en regidurías, sindicaturas o el municipio; mientras que dos más eran parte de una corporación de seguridad, a las que suma una persona excandidata a un cargo de elección popular.

Dentro del juego político, un incidente de violencia no sólo es un número, sino que se traduce en una proporción, una tendencia, una trayectoria, un mensaje, una relación que puede cambiar en el tiempo.

En todas sus modalidades, la violencia política durante los procesos atenta contra el libre ejercicio y disfrute de los derechos políticos y humanos, tanto de personas políticas como de la ciudadanía, y tuvo como finalidad el influir en los resultados constituyéndose una modalidad de fraude previa a las votaciones en las urnas

La violencia electoral se ha convertido en una herramienta del crimen organizado para influenciar la vida pública de estados y municipios.

El abuso de la fuerza siempre es la expresión de las personas de baja moralidad, diría la abuela.