Teléfono rojo
Niños policías comunitarios
La crisis de seguridad que enfrenta México ha puesto en evidencia no solo un repunte estadístico de ciertas actividades ilícitas, sino su evolución cualitativa. La ausencia de gobierno propicia el ejercicio de otras formas de mando que convierten a los menores de edad en una tropa para hacer frente a la violencia y a la inseguridad.
Pero también la parte delincuenciales han encontrado formas de reclutar e involucrar a niñas, niños y adolescentes en actividades delictivas. Sin embargo, ese involucramiento también forma parte de las fallas del Estado que actúan favorablemente a los intereses de los grupos delictivos.
La infancia en México enfrenta todo tipo de problemas desde la migración en solitario hasta el maltrato o incluso la desnutrición o la obesidad a ello se suma inseguridad que enfrenta, la cual se ha deteriorado por la corrupción, la impunidad y la falta de presupuesto para proteger a la niñez.
Dentro de esta última, ocupan un lugar primordial los cambios tanto operativos como estratégicos de los grupos detrás de la comisión de diversos delitos y del ejercicio de distintas formas de violencia en el país. Uno de ellos versa especialmente en torno a la participación de niñas, niños y adolescentes en este tipo de actividades como resultado de su reclutamiento y utilización.
Durante la semana recién concluida La Policía Comunitaria de Ayahualtempa en el municipio de José Joaquín de Herrera, en Guerrero, cumplió el amago de presentar a una columna de 20 niños armados, vestidos con playeras verde olivo y cubiertos del rostro, los que aseguran, están capacitados para defender a su pueblo del constante acecho del crimen organizado.
En ese pequeño grupo, destacó la presencia de cinco niñas, que aseguran, tomaron la decisión de entrenarse en el uso de armas de fuego, ante el temor generado por los asesinatos y desapariciones generados en los últimos años.
Dentro de la Región Pacífico Sur el reclutamiento de niñas y niñas en cuerpos de policías comunitarias de Guerrero es una constante desde hace cinco años y se argumenta que la incapacidad del gobierno para ofrecer seguridad púbica en las áreas rurales es el origen del fenómeno.
En mayo de 2019, cinco niños y tres niñas, de entre siete y nueve años, marcharon como militares y uno de ellos leyó un comunicado: “Los niños y niñas que hoy somos sobrevivientes de los ataques sanguinarios seguimos en la lucha, porque sabemos que van a regresar y van a atacar a nuestra policía.”
El hecho reveló que Desde 2006, los niños y las mujeres cobran un papel activo en la defensa de su pueblo, enclavado en Chilapa, uno de los municipios con más muertos y desaparecidos después de Chilpancingo y Acapulco.
En 2020, en regiones de Guerrero, comunitarios del municipio de Chilapa armaron también a niños y adolescentes, luego del asesinato de diez músicos indígenas en un ataque armado.
Sin embargo, pese a que se tiene conocimiento de estos casos, hasta el momento se carece de un diagnóstico sobre esta problemática que permita no solo la caracterización del fenómeno sino de la respuesta institucional del Estado mexicano partiendo de lo contemplado en los instrumentos normativos.
En Chiapas el 19 de julio del 2021 cientos de personas indígenas tzotziles y tzeltales de Pantelhó, Chiapas, se congregaron este domingo para mostrar su apoyo al nuevo grupo de civiles armados que se denominan “El Machete”, quienes se describen como autodefensas, para combatir a presuntos grupos criminales.
En el discurso que decidieron armarse ante “la injusticia, para defender su vida y contra los sicarios del narco” y acusó a las autoridades locales de estar coludidas con criminales.
Hasta agosto del 2023, El 20 por ciento de los integrantes de las rondas o policías comunitarias vigentes en 200 pueblos originarios del estado son mujeres y en al menos tres comunidades purépechas el mando recae en una de ellas.
Al menos 13 municipios michoacanos no cuentan con un solo policía. Pero en materia indígena cuenta ya con 27 rondas comunitarias o cuerpos de seguridad comunal.
El 24 de febrero de 2014, 13 comunidades mixes y mixtecas de la zona norte del Istmo de Tehuantepec conformaron policías comunitarias y puestos de revisión para combatir la inseguridad en la región del Bajo Mixe ya que en los meses anteriores ocurrieron más de 15 secuestros y múltiples actos de extorsión, asaltos y robo de ganado.
Se desconoce cómo y en qué medida se ha derivado de la evolución de la violencia juvenil a raíz del reclutamiento y/o utilización de los menores de 18 años por parte de los grupos armados en el país.
Toda guerra es una matanza de criaturas diría la abuela.