Caminos del sur/Manuel Nava

Entre pensiones y necesidades

La reforma de pensiones que presentó el presidente López Obrador este 5 de febrero puede ser un factor importante para impulsar el crecimiento económico del país, a pesar de lo controversial de la iniciativa de ley.

La jubilación es un tema que aqueja a los mexicanos en la actualidad, ya que si bien hay métodos para lograr una pensión una vez que decidas terminar tu vida laboral, no es algo que te garantice un apoyo suficiente para vivir durante la vejez.

Independientemente de los aspectos electorales que se cruzan para analizar esta iniciativa, es un hecho que la dinámica del crecimiento económico está condicionada por el poder adquisitivo salarial el cual impide un incremento adecuado de la demanda de bienes y servicios.

Durante la época de la política de concertación (Pactos de Solidaridad Económica) la inflación fue controlada mediante la represión de la demanda y los raquíticos incrementos salariales lo cual explica parte del crecimiento exponencial de la pobreza en el país.

La crítica a la iniciativa residencial de reformar las pensiones tiene muy pocos argumentos de razón uno de ellos es la promesa de jubilar con el 100 por ciento de su último sueldo a todos los trabajador.

Atendiendo al texto de la iniciativa de ley, el beneficio no será para todos. Esta reforma busca que los trabajadores que cotizan en el IMSS y el ISSSTE accedan como mínimo a una pensión de 16,777.68 pesos al mes, que equivale al salario mensual promedio del 2023.

La medida busca también mejorar las condiciones de los que se pensionan bajo la ley 97 debido a que la tasa de reemplazo es más baja. La tasa de reemplazo es la división entre el salario y la pensión mensuales. De enero de 2021 a septiembre de 2023 se pensionaron 68 mil 930 personas bajo la Ley 97 con una tasa de reemplazo del 72 por ciento.

El otro argumento es el costo financiero de la reforma y algunas voces se apresuraron a señalar que gravitará sobre el presupuesto federal de cada año. Se tiene previsto que los recursos para esta reforma provengan del Fondo de Pensiones del Bienestar.

Este fondo empezará con 64 mil 619 millones de pesos y provienen de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo que se liquidó el año pasado, de enajenaciones de parte del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado así como algunos adeudos de empresas al SAT.

También se espera que un 25 por ciento de ese fondo se pague con recursos de la Sedena y la Marina así como las aportaciones de personas físicas o morales.

La iniciativa no plantea la desaparición de las Afores, al menos no por el momento. Estas se mantienen en operación. México tiene 10 administradoras o Afores que administran los recursos de los trabajadores.

Hasta enero pasado, las Afores administraban 74.2 millones de cuentas con más de 5.9 billones de pesos en total.

Los planes privados de pensión tienen registrados a 1 millón 800 mil 016 personas. Un 63.1 por ciento, 1.13 millones son hombres, y 36.9, 663 mil988, son mujeres. En el detalle se observa que un millón 686,078 (94 por ciento) son afiliados activos, esto significó un aumento anual de 2.7 por ciento.

Un 46.4 por ciento de los trabajadores activos presenta una edad menor a 36 años, mientras que la edad promedio se ubicó en 37.6 años. Sólo el 1.2 son jóvenes menores de 20 años y el 0.2 es mayor a 65 años.

En México, las personas nacidas de 1980 en adelante no tienen una pensión garantizada que les permita obtener un ingreso similar al que ganaron durante sus últimos cinco años de carrera, como sí ocurre con quienes nacieron antes.

Esto se debe a principalmente a que las personas nacidas en 1980 no alcanzaron la mayoría de edad, y por consiguiente no alcanzaron a cotizar ante el IMSS en 1997, año en el que hubo una reforma con la que se eliminó la pensión garantizada para la mayoría de trabajadores formales y se añadieron métodos para el retiro en los que influye el ahorro a lo largo de la vida laboral.

Para las entidades que conforman la Región Pacífico Sur la reforma a la ley de pensiones despierta muchas expectativas aunque su incidencia, no se traduce en implicaciones de consideración. Hablamos de entidades en donde la informalidad es muy alta, supera a la formalidad laboral y se carece de prestaciones sociales entre ellas la de pensión o jubilación.

Por ejemplo el gran rezago económico impera en muchas de las poblaciones más pequeñas de Chiapas  (tiene 118 municipios). Desde hace varios años es el estado con el índice de desarrollo humano más bajo de México (2016 y por lo menos 5 años previos). También hay que señalar que es uno de los estados con más bajo desempleo (quinta posición al año 2017) al ser este solo del 3.4 por ciento aproximadamente, pero cuyos salarios y PIB per cápita nominal son más bajos del país.

Una situación similar se vive en Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Ciertamente hay incremento en el empleo de la población económicamente activa pero la informalidad supera a las plazas formales y la temporalidad del empleo es otro factor. También lo es el nivel salarial que promedia en la región 1.5 salarios mínimos.

Cuando el estómago pide comida las ilusiones no llenan, diría la abuela.