Caminos del sur/Manuel Nava

Violencia y elecciones

La violencia político-electoral es un capítulo coyuntural de la profunda crisis de seguridad en México. En el proceso electoral en curso se realizan en un ambiente de impunidad nacional pues del 98.2 por ciento sólo el 1.2 de los 26.8 millones de delitos cometidos tuvieron una condena en el 2022, y la cifra negra, es decir delitos no denunciados o no investigados, fue del 92.4 por ciento (INEGI 2023).

Otro aspecto adherido a  la impunidad, lo constituye participación activa de múltiples actores criminales que tienen significativa presencia o dominio a nivel local de varios mercados ilegales y han desarrollado diversas formas de intervención político-electoral como financiamiento de campañas, imposición de candidaturas, movilización o inhibición del voto, alteración o robo de las casillas y, por supuesto, el ejercicio directo de la violencia a través de agresiones, amenazas y asesinatos de funcionarios públicos y aspirantes.

Está documentada la participación de la delincuencia organizada como un factor en la tendencia creciente de la violencia político-electoral.

Durante el proceso electoral 2020-2021 se registraron un total de mil 066 delitos globales (agresiones) en contra de las personas políticas, de las cuales 102 fueron víctimas de homicidio doloso una parte de éstos se dieron por cuestiones criminales, pero otro tanto fueron por motivos políticos (disputas entre grupos políticos locales) y otras por razones personales, apuntando que son “manifestaciones de la normalización de la violencia extrema en el país (…) un país en guerra” (Colmex 2022).

En la región Pacifico Sur el fenómeno se extiende cada vez más.

En Chiapas, luego de cuatro alternancias en los últimos 24 años, que iniciaron en el año 2000, cuando todos los partidos políticos opositores en ese momento (PAN-PRD-PT-PVEM-Convergencia-PSN-PCD y PAS) conformaron un gran bloque para terminar con 70 años de gobiernos del PRI, y postular a Pablo Salazar Mendiguchía, al expriista, el próximo 2 de junio se definirá si continúa esa tendencia de cambio o si se mantiene Morena, que llegó al poder en la elección de 2018 con el hoy gobernador Rutilio Escandón Cárdenas.

El proceso electoral transcurre en medio de una aguda crisis de violencia por la disputa territorial de los dos grupos criminales más poderosos del país.

La entidad más peligrosa para los políticos y colaboradores de partido es Guerrero, donde hasta el momento se ha registrado el asesinato de al menos ocho políticos. Durante el actual proceso electoral se tiene registro de cinco aspirantes a cargos públicos asesinados en Guerrero: cuatro pretendían competir por una presidencia municipal y una más por una diputación federal.

El 12 de marzo, Tomás Morales Patrón, quien buscaba ser alcalde de Chilapa por Morena, fue asesinado por la noche cuando llegaba a su casa.

El 5 de abril, Crispín Agustín Mendoza, candidato a la alcaldía de Alcozauca por el Partido del Bienestar Guerrero, denunció la presencia de narcomantas colocadas a la entrada principal de la demarcación con un mensaje donde lo amenazan de muerte.

Las campañas ni siquiera habían empezado cuando el narco dio muestra de lo que era capaz en Michoacán.  Miguel Ángel Zavala Reyes, morenista y Armando Pérez Luna, panista fueron asesinados a tiros el pasado 26 de febrero. Ambos eran aspirantes a la presidencia municipal de Maravatío y murieron con menos de 12 horas de diferencia.

Dos días después de los atentados, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunciaron que tres políticos perredistas y cuatro priistas se habían bajado de la contienda por la crisis de violencia que azota al Estado. Ya son al menos 34 personas que han optado por abandonar sus aspiraciones ante el clima de inseguridad que prima en la entidad, de acuerdo con los propios partidos políticos e información difundida por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM). El fenómeno ha alcanzado a siete de los 11 partidos con registro estatal, así como a candidaturas independientes.

Jesús Romero López, Secretario de Gobierno, reconoció que en Oaxaca —para la elección de presidente de la República, senadores, diputados federales y locales, así como presidentes municipales— hay 35 focos rojos de riesgo.

El funcionario estatal, dijo, que para atender cada uno de los casos se ha instalado una mesa de atención interinstitucional en la que se busca garantizar que el día de la jornada electoral se puedan instalar sin problemas las 5 mil 923 casillas previstas por el Instituto Nacional Electoral (INE) que tendrá que diseminarse en junio próximo en los 570 municipios del estado.

La violencia estructural ya es parte de nuestra cotidianidad que crece y carcome el raído tejido social y las instituciones políticas a nivel local. La restauración del tejido social implicará un duro proceso de reconstrucción institucional y amplio acuerdo que se ve muy lejos de lograr, gane quien gane en la próxima contienda electoral. Sin embargo, hay que hacer el intento.

Cuando la violencia es mucho más sutil, resulta mucho más profunda, diría la abuela.

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INEGI. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2023

Colegio de México Urnas y tumbas