Disyuntiva creciente

Los grupos de civiles armados denominados autodefensas, son la puerta de entrada para el surgimiento de paraestados o estado paralelos, zonas donde se desconocen y usurpan las facultades que corresponden al gobierno.

El surgimiento y la expansión de los cuerpos de policías comunitarias y de las autodefensas, se debe a que 1) las instituciones no tienen la capacidad de garantizar la seguridad pública y 2). El Estado, las instituciones, no deben ser los únicos garantes de la seguridad y la impartición de justicia.

En términos de ley no está en las facultades de estos grupos, la garantía de la seguridad, pero en los hechos las instituciones están rebasadas y ante el avance territorial que están teniendo, la autoridad se observa desconcertada.

Hasta ahora, el gobierno estatal ha permitido la creación de policías comunitarias en zonas indígenas a través de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, pero donde operan la a Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG)  y Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG) no se consideran municipios indígenas, aunque las organizaciones defienden su derecho a formar autodefensas con el argumento de que son “pueblos originarios” y que la inseguridad no es un tema exclusivo de comunidades indígenas.

Todas las organizaciones argumentan que nacieron por la necesidad de brindarse protección ante el crimen organizado y la ausencia de autoridades, pero hasta ahora han terminado lanzando acusaciones mutuas de haberse convertido en expresiones armadas del crimen organizado.

En lo que va de este año se han registrado nuevas confrontaciones entre cuerpos de policías comunitarias y no son de carácter ideológico sino de control territorial. Tampoco se percibe que sean garantes de la seguridad pública pues han incurrido en abusos de poder y existen indicios que les vinculan como actores de una disputa entre grupos delincuenciales.   

El gran perdedor está siendo el gobierno del Estado. Las reacciones gubernamentales se limitan al despliegue de efectivos policiales pero no a la persecución del delito.

Esta semana tuvo lugar una asamblea para conformar un cuerpo de policías comunitarios adherido a UPOEG, en La Sabana que es parte de la zona conurbada de Acapulco.

Como en otros casos el vacío de la autoridad es palpable. La Comisaria Municipal está cerrada y en la Ejidal, se omite el tema. Lo que trascendió es que la organización del nuevo cuerpo de policía comunitaria está a cargo de Ernesto Gallardo (UPOEG)  quien también actuó en Xaltianguis, donde hasta el momento, fue desplazado por otra fuerza comunitaria.

En la medida que el Estado incumpla con su función de garantizar seguridad a las personas a través de, entre otros mecanismos, la profesionalización de las distintas corporaciones de policía en todos los órdenes de gobierno estando debidamente actualizadas, capacitadas, equipadas y que cubran todo el territorio nacional se incrementará en gran medida el surgimiento de policías comunitarias, guardias blancas, protección privada, portación de armas para defensa personal, entre otros supuestos.

El avance en la formación de este tipo de grupos agrava la situación de inseguridad pero también socava a las instituciones. En cualquier definición de Estados, los componentes son pueblo, gobierno y territorio. Si el gobierno pierde territorio, el Estado resulta muy frágil.

Nunca hay que esperar a que comience a arder el hacha, diría la abuela.