Caminos del sur/Manuel Nava

Las otras caras de la violencia

La violencia a principios de este nuevo siglo cuenta con nuevas y distintas características: es impredecible, cambia con el tiempo y entre regiones y sus actores son diversos y están impulsados por una amplia gama de motivos.

La violencia en México se ha vuelto participativa y multipolar. La heterogeneidad de la violencia en México cuenta con actores, motivos y características particulares que varían entre épocas y regiones.

Su difusión espacial, aunque generalizada, es también heterogénea—es decir, los conflictos en cada región parecen haber subsistido independientemente el uno del otro, e incluso de acciones estatales.

No es fácil comprender la complejidad de este fenómeno. La violencia no necesariamente sigue un patrón claro.

La violencia que ha escalado a niveles intolerables en todas regiones del país tiene fuentes que la nutren y es preciso revertir.

Primero, el cobijo político que reciben los criminales por parte de organizaciones no gubernamentales y de comunicadores que ponen sus simpatías del lado de expresiones supuestamente contestatarias, antigubernamentales que buscan dañar a las instituciones.

Son esquemas antisistémicos, sin una ideología definida y que terminan por constituir alianzas o impunidades hacia que no van más allá de formas delincuenciales.

Segundo hay actores políticos azuzan el uso de la violencia vestida como rebelión, o reclamo popular y que termina por ser una re expresión de la ley del más fuerte. Que la población haga justicia por su propia mano. Pero alimenta falsos liderazgos, intereses mezquinos.

Si los regímenes anteriores convirtieron la política social en un mecanismo corporativo, de clientelismo político, el régimen autoritario, en aras de eliminar la corrupción termina por sacrificar a quienes deben ser los auténticos beneficiarios de los programas sociales.

En lugar de hacerlas eficaces y transparentes, las está anulando al hacerlas depender de un poder unpersonal.

No hay Estado ahí donde precisamente debe sentirse, y mucho: garantizar la vida y el patrimonio de los ciudadanos, y articular una política social que vincule a las comunidades en torno a tareas y valores más constructivos.

Entonces se genera un caldo propicio para la expresión de una violencia colectiva que ni hace justicia ni corresponde a justa demanda social.

Se agrede y se priva de la libertad a funcionarios de gobierno en forma indistinta, se disfraza de asamblea popular algo que es un juicio sumamente parcial fundamentado en la ira. Se arrebata o se pretende arrebatar el control de un recurso que debería ser de beneficio colectivo e incluso se imponen formas de distribución que no garantizan equidad ni justicia.

El Estado pierde su característica de ser garante de la ley y administrador de la fuerza. Argumentando políticas de dialogo, sucumben ante las presiones. Aceptan las condiciones que ponen los grupos iracundos y renuncian a la persecución del delito.

Si el gobierno quiere proteger la vida de los ciudadanos, como es el reclamo, la situación exige aplicar mano firme. El Estado debe tener el monopolio del uso de la fuerza, o no sirve. Contra los grupos criminales tiene que aplicarse toda la fuerza dentro de la ley, o perdemos el país. Gobierne quien gobierne.

Es verdad que una autoridad omisa, negligente o que renuncia a sus facultades genera encono social, pero cuando los estallidos sociales como los linchamientos, los secuestros de autoridades esconden intereses de acumulación de poder, no se hace justicia sino que se perpetuán y se profundizan inequidades.

Lo que hemos vivido con los fertilizantes y lo ocurrido en pueblo Hidalgo, son solo una expresiones de algo que se está generalizando en Guerrero y que nos pude conducir a escenarios de inestabilidad.

Los pecadores ganan más cuan hay un río revuelto, diría la abuela.