Caminos del sur/ Manuel Nava

Otra vez Ayotzinapa

El caso Iguala fue de los puntos más fuertes de inflexión del gobierno de Enrique Peña Nieto. El conflicto se politizó rápidamente a partir de las omisiones en que incurrió el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero  y la por la corto visión del equipo asesor de Peña Nieto que partió de dos supuestos: es un problema local y se olvidará raídamente.

Tardaron mucho tiempo en reconocer que el conflicto había escalado y que se fijó la idea de que la responsabilidad era del gobierno federal e incluso se posicionó la tesis de que fue un rimen de Estado.

El caso Iguala puso a prueba la voluntad y capacidad de las autoridades mexicanas para abordar las violaciones graves de derechos humanos. Las familias de las víctimas han luchado por su derecho a conocer qué les ocurrió a sus seres queridos. Instó a las autoridades mexicanas a garantizar la búsqueda de la verdad y a llevar ante los tribunales a los responsables de las torturas y otras violaciones de derechos humanos perpetradas durante la investigación.

A la par con la versión de la llamada “verdad histórica” surgieron  sólidos motivos para creer que a una parte de las personas arrestadas en México en la etapa inicial de la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, se le habría detenido arbitrariamente y torturado y que estas graves violaciones fueron objeto de investigaciones inadecuadas e incluso de encubrimiento.

En el documento, titulado “Doble injusticia – Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”,  publicado en 2018 se analiza información sobre 63 personas de un total de 129 imputadas en relación con la desaparición de los estudiantes. Tras el examen de los expedientes judiciales, las fichas médicas que revelan numerosas lesiones y las entrevistas con autoridades, detenidos y testigos, la Oficina cuenta con fuertes elementos de convicción para concluir que al menos 34 de esas personas habrían sufrido torturas.

En el informe se señala que hubo “un modus operandi prácticamente uniforme” en la manera en que las personas habrían sido detenidas arbitrariamente y torturadas para extraerles información o confesiones, y en las demoras significativas en su presentación formal ante el Ministerio Público, lo que a menudo las dejó fuera de la protección de la ley.

El informe señala que los casos documentados de violaciones de derechos humanos ocurrieron a partir del 5 de octubre de 2014, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) se hizo cargo de la investigación, que hasta entonces había llevado la Fiscalía del Estado de Guerrero, donde los estudiantes desaparecieron. Todos los arrestos fueron realizados por personal de la PGR, la Policía Federal y la Secretaría de Marina (Semar).

Las conclusiones del informe apuntan a un patrón de comisión, tolerancia y encubrimiento de actos de tortura en la investigación del caso de Ayotzinapa. Esta pauta no sólo constituye una violación de los derechos de las personas detenidas, sino también del derecho a la justicia y la verdad de las víctimas de los hechos de septiembre de 2014, sus familiares y la sociedad en su conjunto.

En los próximos días la atención volverá al caso Iguala debido al video que comenzó a circular como evidencia de que las declaraciones fueron producto de la tortura.

El hecho ocurre en un contexto donde hay una fuerte lucha entre la clase política que fue desplazada en las pasadas elecciones del 2018 y la llamada cuarta transformación.

Si todo se reduce a vendettas políticas no habrá aplicación justicia ni esclarecimiento de la verdad y eso no garantiza cabios sino la perpetuación de los vicios.

La obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo, diría la abuela.