Caminos del sur/Manuel Nava

El sinuoso camino de la claridad

La liberación de Gildardo López Astudillo, conocido como el Gil y de otros implicados que posiblemente también la obtengan,  evidencian que las autoridades deben rectificar una actuación que se observa errática, irresponsable e incluso cruel que ha magnificado el repudio social y el descrédito institucional.

Para cerrar la herida y devolver una credibilidad mínima a las instancias de procuración de justicia y al conjunto de las dependencias gubernamentales es necesario que se ofrezca una explicación autocrítica de semejante incapacidad y falta de voluntad y, desde luego, la localización de los desaparecidos y el esclarecimiento pleno de las circunstancias de su desaparición.

Se trata de una situación institucional y no debe limitarse a responsabilizar por ello al pasado. Las autoridades actuales autoridades pueden y deben tomar las decisiones que conciernen.

En realidad, Gildardo López Astudillo, la estructura del grupo delictivo Guerreros Unidos, era un mando de bajo perfil un “lugarteniente”, como se dice en el argot. Antes del caso Iguala, su nombre no figuraba en los objetivos prioritarios del gobierno federal.

López Astudillo –de 36 años–, era prácticamente un desconocido en la escena pública. De hecho, su nombre nunca había aparecido en alguno nota de prensa o en algún comunicado por parte de alguna autoridad federal o estatal.

Incluso, cuando los primeros detenidos hacían referencia a que un sujeto conocido como el Gil o el Cabo Gil habían ordenado desaparecer a los normalistas, las autoridades no sabían a quien se refería pues no estaba identificado como un líder criminal de relevancia en la región.

Pero después de su detención la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) le colocó como responsable de haber señalado que los normalistas eran del grupo antagónico de Los Rojos, y de haber ordenado que todos fueran “desaparecidos”.

“Nunca los van a encontrar, los hicimos polvo y los tiramos al agua”, habría sido el mensaje de texto que mandó por teléfono a su jefe Sidronio Casarrubias Salgado, líder regional de Guerreros Unidos. Fue la madrugada del 27 de septiembre, horas después de que –según la investigación de la PGR– fueron incinerados los normalistas en Cocula.

A partir de esos datos se consideró que el rol que jugó en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fue determinante, de hecho fue considerado por las autoridades como la pieza que faltaba para completar la participación de Guerreros Unidos en el caso.

Es el eslabón entre los Casarrubias, quienes le dieron luz verde para consumar el presunto homicidio, y Fernando Rodríguez el Cepillo, quien siguió sus instrucciones en el terreno; es además  el propietario de la casa ubicada en la localidad de Loma del Coyote, donde presuntamente fueron llevados un grupo de los estudiantes tras ser entregados por la policía municipal de Cocula, y de una de las camionetas que se utilizaron para transportarlos.

De acuerdo con las autoridades, siempre se mantuvo escondido en la zona. Renato Sales, entonces  comisionado nacional de seguridad, dijo que intentó ocultarse en tres domicilios distintos.

López Astudillo fue detenido el 16 de septiembre de 2015 en Taxco, Guerrero, a menos de 55 kilómetros de Cocula, donde desaparecieron los normalistas.

Los datos recabados por la División de Inteligencia de la Policía Federal apuntan a que López Astudillo era desde 2011 un lugarteniente de medio nivel en la zona norte de Gurrero, concretamente en el polígono de Iguala hacia Morelos, y con base operativa en Taxco.

Astudillo controlaba una célula de sicarios cuya responsabilidad era resguardar las operaciones del grupo delictivo en la zona; por ejemplo, las plazas de cobro para extorsiones o los laboratorios clandestinos para fabricación de drogas.

Aunque se le atribuyen posibles hechos de violencia, como emboscadas a policías municipales en Taxco (en 2011 y 2012), la forma de operar de López Astudillo era más bien discreta, girando instrucciones pero buscando no involucrarse en el lugar de los hechos.

La PGR por su parte, le atribuye además a López Astudillo la función de fungir como enlace entre el grupo criminal y las corporaciones de seguridad de la zona. Se sospecha del pago de sobornos por lo menos a las corporaciones municipales de Cocula, Iguala, Teloloapan, Taxco, Huitzuco y Apaxtla por lo menos.

la sentencia absolutoria y posterior liberación de quien fuera señalado como autor intelectual de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Gilberto López Astudillo, alias “El Gil”, sienta un grave precedente que va a afectar todo el expediente relacionado con la investigación pues se argumenta que la declaración fue obtenida mediante tortura además de la existencia de otras fallas en el debido proceso

Después de la primera mentira, todas las verdades se vuelven dudas, diría la abuela.