La pugna que viene

En tanto las tareas de indagación y sanción del Caso Iguala no superen la politización del hecho, será difícil que se ejerza la justicia. Su  reapertura prolonga la vigencia como una causa política y anticipa una serie de reformas al sistema judicial nacional y estas dos líneas pueden sofocar la más importante: hacer justicia, dar con los autores físicos y materiales del hecho cuya consecuencia se resume en seis muertos, varios heridos, la desaparición de 43 estudiantes y la imagen particularmente brutal del rostro desollado de Julio César Mondragón.

A lo largo de esa negra noche los normalistas estuvieron comunicándose con sus compañeros de Ayotzinapa (quienes al enterarse de las agresiones salieron de inmediato hacia Iguala “con la intención de ayudarlos y calmar el conflicto”), sus familiares, algunos maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y periodistas de los medios locales. Además, reportaron lo sucedido a los números de emergencia y pidieron auxilio para sus compañeros heridos. A pesar de los repetidos llamados de los estudiantes, ninguna autoridad llegó para protegerlos ni auxiliarlos, por lo que varias personas y organizaciones de derechos humanos han dado en decir que se trata de “una desaparición en tiempo real”.

Aun cuando los hechos violentos fueron inmediatamente denunciados, ninguna autoridad intervino para parar la violencia, detener a los presuntos culpables y abrir in situ una investigación judicial. Esto facilitó que fuera politizado de inmediato y que la consigna máxima en las movilizaciones se sintetizara en fue el Estado y la principal demanda fuera la dimisión de algunas autoridades.

El proceso judicial se inició a partir de las primeras denuncias y actas levantadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE), después es atraído por la Procuraduría General de la República (PGR). Con mucha dilación el gobierno federal reconoció las dimensiones del crimen cometido en Ayotzinapa y asumió que no fue una confrontación más entre los normalistas y las autoridades locales, sino que se trata de una grave violación de los derechos humanos fundamentales.

En ambos casos se pasa por alto un elemento importante y es que la noche de Iguala ocurrió en el contexto de una confrontación entre carteles del narcotráfico y las vinculaciones entre estos integrantes y cuerpos de seguridad y autoridades de diferente nivel permitieron el abuso de poder garantizando hasta el momento, la impunidad.

El gobierno federal anunció que reabrirá el caso y la referencia que se toma en cuenta es la que construyó el equipo defensor de los estudiantes normalistas.

El Caso Iguala es un asunto de una desaparición forzada. L Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006, cuyo artículo segundo se establece que:

Se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

Es decir, la desaparición de los 43 estudiantes es un caso de “desaparición forzada”, en la medida en que fueron agentes del Estado —la policía municipal de Iguala— quienes los privaron de su libertad “sustrayéndolos a la protección de la ley”. Sobre las acciones posteriores a la detención de los estudiantes se ignora aun lo que pasó. Las declaraciones de las personas detenidas apuntan en cierta dirección, pero hoy se concluyó que la obtención de dichas declaraciones no respeto el debido proceso.

Hasta el momento, las diferentes instancias involucradas en el caso enfatizan el estado podrido del aparato de procuración de justicia, dejan entrever la necesidad de una reforma profunda pero la acción criminal fue pensada y ejecutada por grupos del crimen organizado en colusión con niveles de gobierno.

El hecho jurídico —relativo a la investigación de los hechos violentos en Iguala— queda estrechamente asociado al hecho político: condenas al régimen anterior, sanción a los funcionarios de la administración de Peña Nieto y rentabilidad político electoral para la nueva fuerza gobernante.

Pero desentrañar esta maraña de confluencia de intereses y terminar con el estado contrahecho para edificar el estado de derecho, requiere de acciones más profundas.

A veces, el reclamo de una comida digna, la quieren calmar con una torta de frijoles, diría la abuela.