Caminos del sur/Manuel Nava

Nos faltan 43 y muchísimos más

Sin ánimo de restar importancia al Caso Iguala, en México no sólo nos faltan 43, son muchísimos más los casos de ausencias dolorosas en el país y en otros tantos, existe otra situación no menos dolorosa que la de los cadáveres sin identificar, encontrados en fosas clandestinas.

El Caso Iguala ocurrió en el contexto de la violencia, impunidad, corrupción, y la inseguridad que se vive en varias regiones del país. Son factores que sin duda alguna han propiciado e incidido en este fenómeno. Convertido en únicamente en causa política, la desaparición de los 43 normalistas será objeto de un manoseo que volverá cada vez más difusa la línea para esclarecerlo.

El punto de partida es que el Estado mexicano, independientemente de quién se ubique en la Presidencia de la República, no ha sabido implementar todas las acciones necesarias, no solamente para la atención integral de este flagelo, sino para erradicarlo y en reiteradas ocasiones he señalado que este es un problema complejo, difícil e indignante.

La detonación de la violencia en el país, se suele ubicar en el periodo de gobierno de Felipe Calderón, los homicidios, la desaparición forzada de personas, los cadáveres depositados en fosas clandestinas son expresiones de esa violencia.

La desaparición de personas en México no se ha detenido y por el contrario, sigue en aumento en todo el país, con cerca de 30 mil personas desaparecidas, mil 306 fosas clandestinas halladas y  3 mil 760 cuerpos o restos encontrados a la fecha. En otro momento una autoridad de la Comisión Nacional de Búsqueda, señaló 40 mil 180 personas desaparecidas

Esto considerando solo el periodo comprendido del 1 de enero de 2007 a septiembre de 2016. De de abril de 2017 a la fecha que se dieron a conocer estos datos, se incrementó en más de 3,000 personas el reporte de desapariciones.

La desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, es correlativo al de las fosas clandestinas, en donde se han hallado restos óseos o cadáveres; por lo que se tiene que hablar de la necesidad de una política pública integral, que investigue y sancione a los responsables de las inhumaciones clandestinas.

El punto de intersección entre el Caso Iguala y la situación descrita es que a pesar de que hoy en día subsisten investigaciones ministeriales, éstas no son homogéneas.

Tienen deficiencias desde dilación, falta de información a los familiares, revictimización a muchas de ellas, así como varias irregularidades en su integración, lo que se traduce en un problema estructural en materia de procuración de justicia y particularmente a nivel de las entidades federativas.

Para dimensionar la situación en que se encuentra el país, a más de un año que se emitió la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, muchos de sus ordenamientos no se han llevado a la práctica, es decir, que no se ha materializado su contenido propiamente.

Luego entonces no existen las condiciones para dimensionar adecuadamente esta problemática, pero sobre todo, atenderle de manera integral

Mientras la voluntad política  no se vea reflejada en la  canalización de recursos necesarios para la búsqueda, localización, investigación y sanción de los responsables por parte  de las autoridades federales, pero particularmente de las entidades donde se concentra el mayor número desaparecidos, seguiremos quedándonos en la impotencia de rumiar fue el Estado y en las movilizaciones como forma de catarsis, pero no alcanzaremos el ejercicio de la justicia para acabar con la impunidad.

La justicia simulada es injusticia, diría la abuela.