Los políticos y el dinero

Escribo esto sin saber la decisión que tomará el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sobre la candidatura de Félix Salgado para Gobernador por Morena. Aunque unos aseguran que favorecerá al Toro, y otros todo lo contrario, signo fatídico de estos tiempos polarizados, el punto de este Canal Privado no es apostar ni predecir, sino lamentar el círculo vicioso del sistema mexicano: la relación de los políticos con el dinero.

La percepción pública sobre este asunto es ambigua, y a menudo ingenua y contraproducente. Porque el verdadero problema no es esta relación sino su lado oscuro: los recursos obtenidos de manera ilegal a través de múltiples vías.

En este sentido, vale la pena revisar posturas ajenas a la polarización mexicana, para alejar un poco nuestra percepción, como la del analista español Francisco Nieto Guerrero, publicada en febrero de 2010 en Nueva Sociedad, una revista latinoamericana de ciencias sociales que aboga por el desarrollo de la democracia política, económica y social de la región, con sede en Buenos Aires (Argentina).

Para no aburrirlos, comparto sólo algunos párrafos de su análisis: “A pesar del aparente desapego de los políticos por el dinero, en la vida real no se puede hacer política sin dinero… ajeno. En efecto, sin recursos financieros no existirían los partidos o las agrupaciones políticas y los políticos no tendrían posibilidades de convertirse en opciones de poder a través de las vías electorales. Para atender estas necesidades económicas, la democracia ha venido afinando en las últimas décadas una serie de mecanismos legales de captación, utilización de recursos y rendición de cuentas.

“Pero ¿qué es lo que está en el fondo de todo esto? El eterno problema de cómo controlar al poder, que con frecuencia considera que la misión superior de gobernar, la pervivencia de la democracia y la llamada ‘razón de Estado’ están por encima de todo, incluso de la moral y de los controles.

“Como si esto fuera poco, una característica particular de América Latina hace aún más confusa la relación entre los políticos y el dinero: se trata de la marcada tendencia de algunos líderes a apropiarse del poder político, deformación que les hace creer y actuar como propietarios del Estado y de sus bienes, en lugar de conducirse como delegatarios enmarcados en la temporalidad del poder, que los obliga a cumplir con un mandato específico.

Es allí donde nacen esas ‘indelicadezas financieras’ que hacen que el relacionamiento entre los políticos y el dinero genere discordia popular, alimentando de razones la desafección ciudadana por la democracia y sus operadores.

“Sin embargo, en América Latina el grueso de los recursos que se destinan a la intermediación política se canaliza a través de un sinnúmero de instituciones informales que se utilizan con frecuencia para violar la legalidad.

Esto genera efectos devastadores para la democracia, al vaciar de sentido dos de sus principios fundamentales: el de la igualdad de oportunidades para todos los candidatos y el de la pluralidad de ideas y alternativas para los electores.

El efecto sobre los políticos también es grave cuando estos traicionan la confianza de sus votantes, convirtiéndose en ‘vividores de la política’, como paradójicamente los calificó José María Aznar”, el exmandatario español.

Más adelante, Nieto Guerrero precisa que “El punto de encuentro entre los políticos y el dinero no es ilegal per se. Hay numerosos casos de políticos intachables e incluso hay algunos que se autofinancian. Sin embargo, son demasiados los escándalos originados en esta relación, escándalos incentivados por una serie de facilidades (en su sentido más amplio) que, mal interpretadas y peor aplicadas, los llevan a transgredir la línea de la legalidad normativa ─que no la ética─, la mayoría de las veces sin remordimientos ni sanciones reales que los disuadan. Pero, reconociendo lo nefasto de esas irregularidades, sería un error, con negativas consecuencias para la democracia, criminalizar ab initio las relaciones entre los políticos y el dinero. Hacerlo implica arrastrarlas a la ilegalidad, estigmatizarlas y prohibirlas, condicionándolas y pervirtiéndolas sin remedio”.

Advierte que los impactos sobre la democracia de la relación de los políticos con el dinero son claros. “El problema de fondo consiste en controlar el poder para evitar que sus operadores abusen obteniendo beneficios indebidos, teniendo en cuenta que persiste una enraizada tendencia a apropiarse del poder y compartir la idea de que la política y la democracia están por encima de cualquier otra consideración, inclusive de orden ético y legal. Asimismo, muchas veces los políticos consideran personales las donaciones y, por lo tanto, disponen de ellas como mejor les parece, creyéndose en capacidad de retribuirlas con bienes públicos.

“Es necesario impulsar la transparencia, la rendición de cuentas, la publicación de la declaración jurada de bienes, el acceso a la información, el control fiscal, la eliminación de partidas secretas de los gobiernos, el control de los gastos políticos, la creación de organismos ad hoc y el reforzamiento de los ministerios públicos. Todas estas acciones han producido avances ciertos e innegables. Pero, como en el caso anterior, demoran mucho tiempo y deben ser impulsadas por una voluntad política no siempre evidente”.

Digamos que la ambigua relación entre los políticos y el dinero es la misma de los políticos con el poder, de los ciudadanos con la democracia, de los ciudadanos con los políticos y del poder con el control. Una relación necesaria pero incómoda, plagada de abusos, satisfacciones y enormes decepciones, pero indispensable. Enfrentar esta ilegalidad es una lucha que, como la construcción de la democracia, debe ser encarada todos los días.

Héctor Aguilar Camín sostiene que en México es imposible ganar una elección presidencial sin violar la ley. Me temo que tampoco la de gobernador.

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