Teléfono rojo
De voluntades y disposiciones
Antes de cumplir seis meses en el cargo, el gobernador Héctor Astudillo propuso legalizar el cultivo de amapola con fines médicos. “Frente a un problema tan grave, se tienen que plantear cosas extraordinarias”, argumentó ante reporteros el 16 de marzo de 2016; reconoció que aún no tenía un plan estructurado, pero se dijo convencido de la necesidad de “buscar alternativas que paren a la violencia”.
Con su inesperada declaración, el gobernador rompió la inercia del debate sobre el tema, y demostró voluntad y decisión para comenzar a construir el orden y la paz que prometió en campaña. Aunque la idea fue bien recibida por la opinión pública, los diputados prefirieron hacer mutis, y esperar en silencio alguna línea de los jerarcas partidistas.
El gobernador sabía que la ruta sería complicada, casi un volado, consciente de la obsesión del gobierno en la guerra contra los cárteles del narcotráfico, por eso aclaró que eran “opiniones personales”, que para tener éxito debían ser avaladas por otras instancias, pero insistió en que “puede ser un mecanismo positivo”, para que “en lugar de que haya una disputa entre los grupos criminales, se canalice para uso médico”.
Dos meses más tarde, en mayo de ese año, el secretario de Salud, José Narro Robles, justificó la tibieza del Gobierno Federal al respecto, al declarar que “antes de pensar en legalizar el cultivo de amapola con fines medicinales, es importante resolver primero el debate de la despenalización de la mariguana”.
Sin embargo, días después, un diputado despertó por fin el letargo del Congreso local. Pero no fue ninguno del PRI, sino el coordinador de la fracción del partido Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja, quien convocó a sus compañeros de la 61 legislatura a realizar un período extraordinario de sesiones, para dictaminar la iniciativa de legalización del cultivo de amapola en Guerrero y remitirla al Congreso federal antes del 13 de junio, cuando se discutiría una nueva política sobre el uso de la mariguana.
Sobre la declaración del secretario de Salud, Mejía Berdeja recordó que “en el gobierno federal existe apertura para revisar la política de drogas”, pero la postura de Narro Robles “es retrograda, porque parecería que encubre una táctica dilatoria, diciendo que primero se revise la mariguana y luego la amapola. Pareciera que no hay interés a una responsabilidad, porque en el nuevo marco regulatorio que se propone, la Secretaria de Salud tendría una atribución de autorización para cultivar con fines medicinales, entonces le están escurriendo al bulto.
“Este es tema que planteó el gobernador, y la propuesta la hizo con responsabilidad con conocimiento y nosotros le dimos la formalidad. Propusimos una ley, queremos pasar de la declaración a la actuación, lo que queremos es pasar del dicho al hecho”, subrayó el legislador de MC.
Héctor Astudillo encontró un aliado de su propuesta, y a pesar de la resistencia del Gobierno Federal, la mantuvo en su agenda durante todo el año, reiterándola en varias ocasiones.
En junio, luego de que el Congreso aprobó el uso medicinal de la mariguana, sugirió que “el siguiente paso debe ser, más temprano que tarde, el tema de la amapola que seguramente ayudará a disminuir la violencia”.
El 15 julio, en entrevista con Carlos Loret de Mola, insistió en que “tenemos que buscar otros caminos que permitan menos tensión, menos conflictos y menos violencia”. El día siguiente, a pregunta expresa sobre la propuesta, el representante de la ONU para las drogas en México, Antonnio Mazzitelli, coincidió con el gobernador: “Hay que buscar soluciones estructurales en Guerrero para salir del circulo vicioso de la violencia”.
Aunque el balón estuvo en la cancha de los diputados locales desde mayo, nada pasó hasta el 24 de noviembre. Siendo franco, no pasó mucho. Ese día, las comisiones de Salud y Justicia rechazaron la iniciativa para la legalización del cultivo y uso de la amapola con fines medicinales, en su lugar, aprobaron por mayoría enviar un exhorto a la Cámara de Diputados a debatir y legislar sobre el cultivo de amapola con fines médicos.
Pero hasta eso generó un debate prolongado, ya que diputados de MC exigieron que se presentara un dictamen de la propuesta, y no un punto de acuerdo. En su intervención, Mejía Berdeja reprochó al Congreso por “no ejercer las facultades y lógica de federalismo legislativo. ¿Por qué esperar a que el centro nos resuelva los problemas cuando ellos tienen otras prioridades?”.
Por su parte, el priísta Héctor Vicario Castrejón, presidente de la Comisión de Justicia, explicó que la iniciativa del Ejecutivo tenía “carencias en sus fundamentos sustanciales que no se anexaron, como estudios técnicos, médicos, sociológicos, impactos de seguridad y presupuestales”.
Sin embargo, para muchos periodistas de la fuente, el verdadero motivo de la discordia fue la sospecha de que la legalización de la amapola sólo beneficiaría “a quienes se queden con patentes de los llamados usos medicinales”, como dijo la representante de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez.
Al final, por decisión de la mayoría priísta, sólo fue aprobado el exhorto, y con el apoyo del PRD no fue emitido ningún dictamen como marcaba el proceso legislativo. En palabras llanas, no pudieron (o no quisieron) pasar de las palabras a los hechos.
Lamentable desenlace. Aunque la iniciativa de la amapola no resolvía por sí sola el problema de la violencia, su aprobación habría mostrado al menos voluntad y disposición de los políticos y sus partidos, como dijo el gobernador, “de plantear cosas extraordinarias”.