ACAPULCO, Gro., 14 de agosto de 2016.- El coordinador de la fracción parlamentaria del partido Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Ricardo Mejía Berdeja declaró que el caso de Mártir de Cuilapan (Apango) es un acto de extorsión y violencia política de género.

De acuerdo con un boletín, Mejía Berdeja apuntó que las protestas en contra de la alcaldesa Felícitas Muñiz Gómez, que encabeza el ex presidente municipal priísta, Crisóforo Nava Barrios y el síndico Benito Sánchez Ayala, no es un movimiento social ni de reivindicación de derechos humanos.

Reiteró que este grupo está acostumbrado a extorsionar, sobornar, humillar, hostigar y cobrar  derecho de piso a los ediles para que les entreguen dinero y beneficios indebidos, tal y como había denunciado la propia Muñiz Gómez, al acusar que el ahora detenido, Nava Barrios le pidió 10 millones de pesos para dejarla trabajar.

El legislador calificó este acto “es una especie de un golpe de estado con el cual este grupo violento está tratando de someter a las instituciones y esto no se puede permitir”.

Reafirmó que “es el modus operandi” con el que éste grupo, encabezado por el ex alcalde y el síndico Municipal pretenden acceder a la presidencia, creyendo que al destituir a la alcaldesa en automático asumiría el cargo el síndico. “Hay un claro desprecio hacia las instituciones por parte de este grupo”, criticó.

El diputado dijo que “ni el Congreso ni el gobierno del estado pueden marchar al ritmo de este grupo violento y criminal”, ya que se tienen que escuchar ambas partes, pues afirmó que “no puede ser el dicho de una persona o personas acostumbradas a mentir y a agredir lo que sustente una acusación y mucho menos una resolución”.

Recordó que desde antes de que la actual administración municipal asumiera el cargo, éste grupo, públicamente anunció que impediría a Felícitas Muñiz ocupar el cargo, “desde entonces se vislumbraba la actitud violenta y golpista de este grupo que pretendía impedir que la autoridad electa democráticamente ocupara la presidencia y casualmente a los pocos días ya hablaban de supuestos desvíos de recursos y después, por otro lado exigían a la Alcaldesa 10 millones de pesos para dejarla de hostigar y agredir”.

“Elevamos la voz y consideramos que las agresiones  y hechos criminales que han sufrido Felícitas Muñiz y sus familiares por parte de este grupo de violentos deben ser castigados, de conformidad con las denuncias penales que se han presentado, tanto en el fuero común, como en el fuero federal”, subrayó Mejía Berdeja.

El legislador recalcó que sería muy grave que a la violencia feminicida que vive Guerrero se le sumara la violencia política de género que se padece en Apango “no solamente respaldamos a esta administración porque sea Movimiento Ciudadano, respaldamos más que nada que  cualquier autoridad electa no puede ser destituida por la vía violenta, no se le puede extorsionar, no se puede cobrar derecho de piso como este grupo lo pretende hacer con una autoridad municipal”.

Agregó: “Ya son bastantes los problemas que tiene el Estado como para sumarle que un grupo de gavilleros se dedique a sembrar violencia y exigimos que la autoridad tome cartas en el asunto, que se constituyan los procesos penales correspondientes y se le brinde garantías en su integridad física a la alcaldesa Felícitas Muñiz para poder cumplir la función para la que los habitantes de Mártir de Cuilapan la eligieron en el pasado proceso electoral”.

Asimismo expresó que “se advierte que con este tema se pretende desviar la agenda de reivindicaciones sociales en materia de derechos humanos y de seguridad pública que Movimiento Ciudadano ha venido enarbolando, pero no vamos a ceder, tenemos la conciencia tranquila  y claros  los objetivos, vamos a seguir actuando para beneficio de los guerrerenses”, finalizó Ricardo Mejía.