Caso Emilio García Cárdenas, la impunidad rampante

Igor Pettit*

Luego de que hace unos días denunciaran en mi programa de radio que David Alejandro “N” golpeó salvaje e impunemente a un adulto mayor en Acapulco, me comuniqué de inmediato con mi amigo periodista Emilio García Cárdenas para preguntarle sobre el proceso judicial en que él es víctima del delito de lesiones por parte de la misma persona, informándome de algo preocupante: el individuo sigue libre.

Me precisó Emilio que el plazo de investigación concedido por una jueza al Ministerio Público para aportar pruebas que determinen la responsabilidad de David Alejandro en el delito de tentativa de homicidio vence en las primeras semanas de julio; sin embargo, hay fundado temor de que se sustraiga de la acción de la justicia, por su recurrente negativa a cumplir con los llamados de la autoridad ministerial para la realización de distintas diligencias, e incluso osó no presentarse en una audiencia judicial, sin que por ello, y como debiera ser, se le atraiga con la fuerza pública.

En palabras llanas, vemos aquí una clara actitud de menosprecio a los procesos del sistema judicial. Un sujeto que con una gran carga de responsabilidad penal se da el lujo de desdeñar y afrentar las leyes, con la inconcebible complacencia de las autoridades.

De suyo, lo acontecido a Emilio es desgarrador. Verlo lastimosamente caminar y moverse con dificultad a causa de sus costillas rotas, un pie fracturado y la pérdida de un ojo, es doloroso también para quienes lo estimamos.

Emilio es fuerte y superará esta crisis; sin embargo, preocupa que a casi cinco meses del violento episodio, aún no se hace justicia, y lo que es peor, no cuenta con medidas de protección que impidan al violento sujeto acercársele a él y su familia.

Pensar que las instancias responsables de brindar atención y proteger a las víctimas ayudan en realidad a los victimarios, es espantoso, aterrador, nada propio de la actualidad, con tantos presuntos avances en materia legal y de derechos humanos.

Los indicios de la dilación y obstrucción de la ley en un caso tan claro de lesiones agravadas con tentativa de homicidio inician con la extraña negativa del Ministerio Público del Fuero Común para tomar la declaración de la víctima en las primeras horas posteriores a los hechos, mientras era atendido en el Hospital del ISSSTE de Chilpancingo. Tuvo Emilio que ir por su propio pie a dar su versión de los hechos ante la representación social, ¡40 días después!

Este clave procedimiento de la autoridad ministerial, sumado a los testimonios de testigos -la madrastra de Emilio y dos policías estatales que intervinieron antes de que lo rematara-, más el dictamen médico-legista, debieron ser elementos suficientes para que el juez no sólo vinculara a proceso al imputado, sino dictara la correspondiente prisión, llámese oficiosa o justificada.

Todo indica que nunca hubo intención de hacer justicia en favor de la víctima, sino ayudar al delincuente, pues resulta que mientras Emilio luchaba por su vida en el hospital, los abogados del imputado, en evidente complicidad con el Ministerio Público de Delitos Sexuales y Violencia Familiar, le endilgaron una perversa acusación de violación, nada más y nada menos que en agravio de la novia del agresor. Con esta maquinación perversa, en un santiamén lograron que Emilio pasara de víctima a victimario, iniciando su nuevo calvario.

Lamento no haber estado presente por problemas de salud de mi señora madre, pero lo que vieron y me contaron mis compañeros periodistas de Chilpancingo, es que en las audiencias iniciales de imputación de cargos y alegatos hubo clara condescendencia y protección en favor del imputado, quien con la miserable cantidad de 10 mil pesos logró su libertad bajo fianza.

De manera extraña también se deslindó de su obligación un abogado recomendado desde el Congreso, dejando a la jueza sin mayores elementos de prueba para dictar una sentencia ejemplar.

Emilio, en contrapartida, con la pesada cruz que significó haber sido acusado del delito de violación, fue extraído del ISSSTE de Cuernavaca el 31 de enero por policías ministeriales, cuando no habían pasado ni 24 horas de su última intervención quirúrgica.

Así, en vulnerable condición, con un ojo tuerto sangrante, rengo del pie derecho y un pulmón apenas recuperándose de las perforaciones hechas por costillas rotas, ¡y sin el abogado prometido!, Emilio fue encarcelado primero en los separos del MP de Delitos Sexuales, y posteriormente recluido en el CERESO de Chilpancingo durante tres días, hasta que el 3 de febrero obtuvo la absolución de un juez que no encontró la más mínima prueba del delito de violación.

Retomando la denuncia que una persona realizó vía telefónica durante mi programa de radio, sobre que David Alejandro tiene un historial de agresiones tanto en Acapulco como en Tlapa, vale la pena preguntar a la Fiscalía General del Estado y al mismo Tribunal: ¿qué tiene que hacer este individuo para ser sometido como marca la ley? ¿Matar? Bueno, todo indica que así lo intentó con Emilio, y si continúa sin castigo, podría lograrlo, con él o alguien más. Sepan que igual quebró el brazo a un joven periodista y agredió a un par de policías, ambos hechos en Tlapa, y cometió violencia familiar en contra de la madre de su hijo.

El Caso Emilio refleja impunidad en toda la extensión de la palabra. Y hay mucho más que contar, pero será en próxima entrega.

*Periodista y activista LGBTQ+