Capturan a cocodrilo que paseaba en zona Diamante de Acapulco
ACAPULCO, Gro., 10 de febrero de 2026.- Integrantes del Consejo Asesor del Parque Estatal Bicentenario en este puerto exigieron frenar la entrega de este espacio natural al Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco (Fidaca) y solicitaron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda un blindaje legal definitivo que garantice su conservación.
Como parte de esta exigencia, el Consejo Asesor comenzó este martes una colecta de firmas que serán entregadas al gobierno estatal, para solicitar un acuerdo de asignación de destino que mantenga a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Guerrero (Semaren) como administradora general y custodio de la conservación y biodiversidad del parque.
Afuera del Club de Golf en este puerto, la asesora del Consejo, Vivian Heredia Hernández señaló que el traspaso del parque por parte de la dependencia estatal el próximo 12 de febrero, sería un acto ilegal y un abandono de la función pública, al tratarse de un área natural protegida que no puede quedar bajo la administración de un fideicomiso con fines de desarrollo económico e inmobiliario.
Indicó que si bien la Semaren ha manifestado públicamente su disposición para conservar el parque, no existe un documento legal que respalde dicha postura, por lo que el Consejo exigió acciones concretas y no solo declaraciones.
Asimismo el vocal titular del Consejo Asesor, Miguel Ángel Zapata advirtió que las 30.4 hectáreas del Parque Estatal Bicentenario podrían quedar sujetas a desarrollos inmobiliarios, a pesar de que por decreto deben mantenerse de manera permanente como área natural protegida.
Añadió que el fideicomiso carece de capacidad técnica y atribuciones legales para administrar este tipo de espacios y que su ausencia en las reuniones del Consejo incrementa la preocupación por un posible cambio de uso de suelo.
Señaló que si bien es necesaria la actualización del plan de manejo tras los daños ocasionados por el impacto del huracán Otis, el tema central es impedir la transferencia del parque a un ente ajeno a la conservación ambiental.