ACAPULCO, Gro., a 25 de noviembre del 2020.-Este miércoles en el Congreso del Estado dio inicio las comparecencias de los secretarios de Despacho con motivo de la Glosa del Quinto Informe del gobernador Héctor Astudillo Flores, con la participación del secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame.

De acuerdo con un boletín, durante esta comparecencia ante el Pleno, los diputados Aristóteles Tito Arroyo (Morena), Guadalupe González Suástegui (PAN), Leticia Mosso Hernández (PT), Samantha Arroyo Salgado, Manuel Quiñónez Cortés (PVEM), Luis Enrique Ríos Saucedo (Morena), Celestino Cesáreo Guzmán (PRD), Alicia Elizabeth Zamora Villalva (PRI), Carlos Cruz López (Morena), Jorge Salgado Parra (PRI) y Adalid Pérez Galeana (Morena) realizaron cuestionamientos y fijaron postura a nombre de sus respectivas fracciones y grupos parlamentarios.

Inicialmente, el diputado Tito Arroyo cuestionó al compareciente por la negativa del gobierno estatal a reconocer el mandato de la Suprema Corte relativo a la justicia indígena y la autodeterminación de los pueblos, y el por qué no se hizo un apartado específico sobre los pueblos originarios indígenas y afromexicanos en la memoria del Quinto Informe.

Reprochó que se ha vuelto una constante violación de los derechos humanos de los pueblos originarios, al plantear iniciativas sin previa consulta, como en el caso de las reformas a la Ley 701. Además, cuestionó la falta de solución de los conflictos agrarios, particularmente en el municipio de Malinaltepec.

Por su parte, la diputada González Suástegui preguntó de qué forma garantizará el Gobierno que el proceso electoral se desarrolle en un ámbito de libertad, equidad y seguridad; qué política pública de atención se aplica en lugares con marcados índices de inseguridad y control de grupos armados, y los criterios adoptados ante la desaparición de la Procuraduría de Defensa de los Campesinos.

Asimismo, si se ha garantizado el acceso a la educación y salud a niñas, niños y adolescentes de familias desplazadas y el número de éstas, y qué avances tecnológicos hay sobre el Archivo General de Notarías para brindar certeza y seguridad jurídica a actos y patrimonio de las familias.

La diputada Mosso Hernández solicitó conocer el número de casos de matrimonio infantil durante los últimos tres años y si existen políticas públicas para la atención de esta problemática.

También preguntó el estatus de las recomendaciones emitidas a dependencias por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; cuántas personas se encuentran en calidad de desaparecidas, y el avance en los trabajos para que Guerrero cuente con un Centro de Identificación Humana y de Diagnóstico de Personas Desaparecidas.

La diputada Samantha Arroyo Salgado pidió conocer las estrategias para restablecer los servicios en áreas como el Registro Civil, Registro Público de la Propiedad y la Dirección General de Asuntos Jurídicos, por la importancia que revisten para la sociedad, y respecto a las mujeres en situación de violencia, solicitó conocer las acciones de esta secretaría en esta etapa de confinamiento por la contingencia.

En su oportunidad, el diputado Quiñónez Cortés preguntó sobre las medidas y políticas implementadas para la prestación de trámites y servicios en línea; y en materia de transparencia y combate a la corrupción, si existen procedimientos o denuncias contra servidores públicos en la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

Luego, el diputado Ríos Saucedo pidió conocer, conforme a los datos vertidos en el Informe, el número detallado de desplazados por comunidades, municipios y región, y mecanismos para su atención.

De manera específica, solicitó ampliar información de los desplazados de Apaxtla y de la comunidad “La Libertad”, en Ayutla, ya que -dijo- los habitantes de este lugar se sienten indefensos porque se les quitó la seguridad policiaca.

Asimismo, pidió saber qué estrategias se están desarrollando para garantizar protección a estas familias ante posibles ataques armados, y para garantizar a los estudiantes su educación.

En su turno, el diputado Cesáreo Guzmán refirió que el estado está marcado por desigualdades sociales y económicas desde su creación, hace 171 años, y reconoció que conducir la política interna y entablar vínculos políticos y sociales con los diversos actores no es fácil, sobre todo ante una sociedad que se moviliza por diferentes factores.

En ese sentido, cuestionó que no se atienda de manera integral la problemática entre la cabecera de Malinaltepec y la comunidad de Alacatlatzala, en la Montaña de Guerrero, así como las agresiones a personas defensoras y periodistas, y lamentó por último que no se resuelva la mayoría de homicidios dolosos y feminicidios, entre otros problemas sociales que colocan a Guerrero en un estado de impunidad.

La diputada Zamora Villalva refirió por su parte que a causa del confinamiento se incrementaron los casos de violencia contra mujeres y niñas, por lo cual preguntó acerca de las acciones emprendidas para atender estos casos, y sobre los mecanismos para cumplir con las medidas derivadas de la segunda Alerta de Violencia de Género.

En relación con las amenazas que sufren los periodistas y defensores de derechos humanos, cuestionó qué va a pasar con los casos que se atendían a través del Fideicomiso de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, tras su desaparición.

El diputado Cruz López solicitó que el funcionario abundara en los criterios por los que se avaló la apertura de bares, albercas y cines en tiempos de pandemia, si no son considerados actividades esenciales, mientras que, por otro lado, no se reactivan las actividades de los tribunales jurisdiccionales, siendo que, con motivo de la pandemia, hay muchos despidos injustificados. Situación similar ocurre con la de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, indicó.

También pidió conocer las razones por las que se decidió donar patrimonio del estado en beneficio de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, y por qué se ha omitido solicitar a los notarios la expedición de sus tabuladores de precios.

El diputado Salgado Parra mencionó que México vive cambios a raíz de la pandemia, pero que esta situación complicada la está enfrentando el estado de manera coordinada con la Federación, lo que pone de manifiesto el buen funcionamiento de la política interna para reducir impactos negativos en los rubros de salud, económico, social, educativo, laboral y turístico, logrando la estabilidad política, la paz social y la gobernabilidad.

Reconoció al secretario su capacidad para procesar los conflictos sociales, pero también lo conminó a reforzar la ruta de atención a los feminicidios, así como a seguir implementando acciones de transparencia, porque hay acciones de gobierno que deben ser sometidas al escrutinio público, con el objeto de erradicar la corrupción, el nepotismo y el tráfico de influencias.

Finalmente, el diputado Pérez Galeana pidió conocer la participación, apoyo, políticas y acciones que ha instrumentado esta dependencia ante la crisis sanitaria; los planes de trabajo sobre el proceso de sucesión ante la próxima transición del Gobierno del Estado, y por qué no se ha abierto el albergue de niñas y niños del municipio de Ayutla de los Libres, luego de que lleva siete años construido.

En su intervención, el secretario hizo mención de que las medidas tomadas para contener el Covid-19 fueron en coordinación con los otros órdenes de gobierno, formando un frente común para atender la salud y utilizando todos los recursos disponibles para priorizar la vida de los guerrerenses.

Destacó que el gobierno estatal ha impulsado la gobernabilidad en cinco ejes, basados en el fortalecimiento del Estado de Derecho, en un marco de respeto y protección de los derechos humanos, y la eficaz coordinación con los otros órdenes de gobierno en materia de seguridad y el fortalecimiento de los cuerpos policiales.

Además, se ha fomentado la actividad turística y otras ramas económicas, que efectivamente se vieron disminuidas por el Covid-19; y destacó la constante movilidad del Ejecutivo estatal para acudir al lugar donde se presentan los problemas, escuchar las demandas y atender con soluciones y diálogo a las diferentes fuerzas políticas, sociales y económicas, para establecer acuerdos y propiciar la necesaria concordia, por el bien de todos los guerrerenses.