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ACAPULCO, Gro., 23 de agosto de 2018.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Fundación para la Paz en Guerrero presentaron un estudio sobre pobreza y Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) en cuatro municipios de la región Costa Grande del estado: Coyuca de Benítez, Tecpan, Atoyac y San Jerónimo.
En el informe, se indicó que el 39 por ciento de la población general no tiene la seguridad de sus alimentos, el 72 por ciento de adultos tiene obesidad y sobrepeso, el 94 por ciento de niños y adolescentes tiene un bajo logro académico.
En trabajo el 76 por ciento de jóvenes y adultos no tiene prestaciones, mientras que las mujeres padecen una brecha en tasa de participación laboral del 70 por ciento y en lo que corresponde al bienestar económico, el 62 por ciento de la población tiene un ingreso inferior al salario mínimo.
Otro de los indicadores preocupantes que dieron a conocer a través de este estudio es en el sector salud, donde el 62 por ciento de los adultos con diabetes no recibe apoyo, el 58.7 por ciento de las mujeres tiene una tasa superior de mortalidad materna. Además, en educación el 59 por ciento de los jóvenes no cuentan con la secundaria terminada y el 48 por ciento de los adultos son analfabetas.
En el derecho del trabajo, el 62 por ciento de los jóvenes y adultos están ocupados con grave remuneración insuficiente y las mujeres el 70 por ciento tiene brecha en tasa de participación ciudadana.
El asesor de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza Rogelio Gómez Hermosillo dijo que a nivel nacional no hay registros actualizados en programas contra la pobreza, ya que el último que se tiene es de 2015, donde se contabilizaron dos mil 528 programas sociales a cargo de los gobiernos estatales, y del total, sólo 128 cumplen con criterios de institucionalidad básica, es decir el 95 por ciento no cumple con los criterios mínimos. “No hay condiciones para establecer enfoque de derechos en esta dispersión de programas”, expresó.
“No hay medición posible del pleno cumplimiento del DESCA, pero sí se pueden medir de incumplimientos, es decir todo lo contrario, ya que los indicadores usados en la medición de la pobreza no son suficientes y se pueden prestar a simulación, es por eso que la plena efectividad de los DESCA es una aspiración”, agregó.
Dijo que por esa situación, ya se tienen dos programas o cambios de detonadores, los cuales todavía no están establecidos, pero en las próximas semanas entrarán en vigor, como lo son la Agencia Intermunicipal de Desarrollo en Costa Grande, que requiere de un acuerdo de las nuevas autoridades en los municipios, así como un proyecto de mejora de servicios de salud.
En tanto, el ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez dijo que el llamado de la CNDH era para los tres niveles de gobierno, al indicar, que no se pueden esperar a que asuma el próximo gobierno y por lo tanto, deben cumplir hasta el último día de su gobierno con sus responsabilidades, “por eso hoy las autoridades vigentes tienen responsabilidades que no cesan y las nuevas tendrán que generar las hojas de rutas para cumplir con estas obligaciones”.
Remarcó que se tienen que aplicar políticas integrales para combatir los tres binomios: pobreza y desigualdad; violencia y seguridad; y corrupción e impunidad, “esta propuesta que se está planteando debe de ser estudiada con seriedad, es decir, no se deben de negar a cualquier posibilidad que puedan coincidir”, puntualizó.
Del desplazamiento de las familias, González Pérez reiteró que ya se entregó un informe y que en próximos meses presentarán un anteproyecto de iniciativa a la nueva Legislatura, “es para atender a las personas en contexto de desplazamiento, porque es un tema que nos preocupa y nos ocupa”.
Mientras que el secretario de Gobierno de Guerrero, Florencio Salazar Adame dijo esperar que dicho informe sea una poderosa llamada de atención a tres años del gobierno, ya que se cuenta con índices muy precisos y variados, donde, reconoció, los números no son muy alentadores.
Reconoció que los derechos humanos están ausentes en algunas de las políticas públicas, en especial en aquellas dirigidas en brindar atención a los más necesitados. Además dijo que hace falta una política fiscal que haga posible la designación de mayores recursos para cumplir con los derechos más elementales como lo son: la alimentación, salud o tener una vivienda digna.
Expuso que Guerrero es el tercer estado más pobre del país, el segundo en pobreza alimentaria, el tercero en desnutrición infantil, el cuarto en deserción en primaria y el primero en embarazos a temprana edad. Entre otros datos, también explicó que el estado ocupa el primer lugar en producción de amapola y segundo en marihuana, tercer lugar en violencia y quinto en feminicidios.
“Ésta es nuestra realidad, violencia y pobreza histórica, instituciones débiles con episodios de ingobernabilidad”, admitió y señaló que es indispensable que el sur del país, sea objeto de políticas de Estado.
“Este estudio sobre derechos humanos y pobreza, seguramente es y será una poderosa llamada de atención”, concluyó.