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ACAPULCO, Gro., 9 de marzo de 2017.- El Congreso de Guerrero fue ejemplo de malas prácticas por su alta opacidad en el Informe Legislativo 2016 del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y en el primer trimestre de 2017 sigue igual.
Una revisión a su página de Internet evidencia que cumple con apenas 11 de las 63 obligaciones de información actualizada y a disposición del público que establece la Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.
“No es suficiente con hacer leyes y que se aprueben, debemos asumirlas para lograr y defender nuestros derechos”, dijo la presidenta del Congreso, Flor Añorve Ocampo, durante un mensaje que dirigió a las colaboradoras del Poder Legislativo, con motivo de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Una de estas leyes es precisamente la de Transparencia, la que a 10 meses de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, el 6 de mayo de 2016, el Congreso no ha podido asumir, ya que en su portal sólo está disponible el 17.4 por ciento de la información que está obligado a hacer pública.
Lucen la leyenda “en construcción”, 42 de los 48 documentos que exige el artículo 81, y 10 de los 15 que establece el artículo 83.
Esto aun cuando se trata de temas como las facultades de cada área y las metas y objetivos de sus programas operativos que a más de un año de que tomó posesión la actual legislatura -que dura tres años- deberían estar disponibles.
Tampoco están a disposición del público el número de plazas de base y personal de confianza; las contrataciones por honorarios; ni las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos; la información financiera, ni el gasto en Comunicación Social.
En su Informe Legislativo del año pasado, el Imco señaló precisamente que el Congreso de Guerrero no publica su información financiera contable, ni administrativa, ni presupuestaria, y si lo hace pone cifras generales, sin ninguna especificación, como es el caso de los gastos en subsidios y subvenciones, por los cuales lo ubicó como ejemplo nacional en malas prácticas.