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CIUDAD DE MÉXICO, 25 de junio de 2021.- El próximo 1 de agosto se llevará a cabo la Consulta Popular propuesta por el Ejecutivo federal y que busca preguntar a la ciudadanía si quiere que se lleve a juicio a cualquier actor político que haya cometido algún ilícito en el pasado, la cual tendrá un costo para la ciudadanía de 500 millones de pesos.
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, adelantó que el organismo tendrá que cancelar diversos proyectos para poder financiar este ejercicio ciudadano.
Recordó que en el Presupuesto de Egresos de este 2021, el INE no recibió recursos específicos para este proyecto, y contrario a ello hubo un recorte de este ente electoral, aun cuando fue año de elecciones.
Córdova Vianello explicó que el Instituto busca, a través de licitaciones, obtener los mejores costos para los servicios y productos necesarios para realizarla Consulta.
Sin embargo, aclaró que no se podrán instalar más de 57 mil mesas receptoras, es decir, la tercera parte de las casillas que se utilizaron en la pasada jornada electoral el 6 de junio.
Recordó que para que los resultados de la Consulta Popular sean vinculantes, es decir, que tengan una validez legal y puedan ejecutarse, se requiere la participación de más del 40 por ciento de la Lista Nominal, lo que significa que deberán de participar más de 37 millones de personas.
Es importante señalar que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha referido que el INE cuenta con el presupuesto suficiente, argumentando que los consejeros ganan más que él y gozan de una serie de costosos privilegios.
Sin embargo, vale la pena explicar que todos los recursos que se distribuyen en la Federación y órganos autónomos, son obtenidos de las contribuciones de la población, por lo que al final el costo de esta consulta no es pagado directamente de los bolsillos de los consejeros del INE, ni del Ejecutivo federal, sino por la propia ciudadanía. Con información de Quadratín México