Corte atrae caso de periodista condenado a pagar 10 millones a Moreira

ACAPULCO, Gro., 29 de enero de 2020.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó este miércoles que atraerá el amparo promovido por el periodista y académico, Sergio Aguayo Quezada, condenado a pagar 10 millones de pesos por daño moral a Humberto Moreira Valdés, debido a una columna donde denunció la corrupción del ex gobernador de Coahuila y ex presidente nacional del PRI tras ser detenido en España en 2016.

“La Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, asumió la atracción del amparo directo 906/2019, promovido por Sergio Aguayo, contra la sentencia de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, al considerar que la sentencia que lo condena a la reparación de daño moral al exgobernador Humberto Moreira es violatorio de la libertad de expresión”, expresó la Corte a través de Twitter.

El periodista también informó sobre la decisión de la Corte y se dijo “feliz” porque lo “salvaría del Poder Judicial de Ciudad de México, que tanto lo ha perseguido. A su vez, el comunicador ha sido respaldado por numerosos organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que ven infundada la demanda.

Una nota publicada por el diario español El País titulada “Una sentencia contra un periodista y académico golpea la libertad de expresión en México”, da cuenta de manera detallada del caso que inició el 20 de enero de 2016, cuando el periódico mexicano Reforma publicó el texto en el que Aguayo denunciaba la corrupción en el caso de Moreira, quien había sido detenido cinco días antes en Madrid por los delitos de blanqueo y malversación, cometidos durante su etapa como gobernador, además de cohecho y organización criminal.

En su columna, el periodista escribió “”Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”. Dicho texto fue utilizado por la defensa de Moreira para argumentar daño moral.

Por su parte, la defensa del académico con 49 años de experiencia, que ya ha depositado 450 mil pesos como garantía para evitar el embargo de su patrimonio, consideró que la columna está cubierta por la legislación actual mexicana, debido a que acababa de dictarse el auto judicial que imputaba al ex gobernador los delitos de corrupción.

Además, sostiene que el magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Ciudad de México, Francisco José Huber Olea Contró, está fundando su sentencia en una legislación derogada y apunta a conflictos de interés. “No tiene ni pies ni cabeza, esto sólo se explica porque hay jueces y magistrados dispuestos a apoyar a Moreira en sus exigencias. Desde el momento que aceptaron una demanda en la cual el afectado fijaba el monto de la indemnización —los 10 millones de pesos que hoy se le reclaman— ya era un mal augurio”, argumentó Aguayo.

Entre 2005 y 2011, la administración que encabezaba Humberto Moreira, estuvo plagiada de sospechas de corrupción. La deuda pública se disparó hasta 33 mil millones de pesos. Además, incrementó la violencia criminal y se convirtió en un feudo de Los Zetas, un cartel formado por ex militares de élite. Debido a las polémicas, renunció en 2012 a la presidencia del PRI, nueve meses después de asumir el cargo.

También la violencia le pegó a Moreira. En 2012 su hijo José Eduardo de 26 años fue asesinado a balazos en un ataque de Los Zetas en venganza por la muerte en un dispositivo policiaco de un sobrino de uno de los líderes. Días después, fue acribillado en un enfrentamiento con la Marina, el líder de ese cartel, Heriberto Lazcano, desertor del Ejército.

Desde 2016, Aguayo lidera un trabajo en su faceta de investigador académico, con la ayuda de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, que documenta que en marzo de 2011, en la época de mayor actividad de Los Zetas, un comando sitió el pueblo fronterizo de Allende, donde saquearon, demolieron casas, secuestraron, torturaron, mataron y quemaron los cuerpos.  

El pretexto era castigar con el asesinato de familiares, amigos y colaboradores a tres zetas que supuestamente los habían robado y traicionado delatándolos a la DEA. No hay consenso sobre cuánto duró el desquiciado ataque ni sobre el número de muertes. Grupos civiles dicen que pudieron ser hasta 300, el Colmex que 42 y la Fiscalía de Coahuila ha dicho que 28.

Aguayo conecta su investigación con la ofensiva judicial iniciada por Humberto Moreira. “Mi hipótesis es que Moreira me demanda cuando se entera que voy a investigar el caso de Coahuila. Hemos logrado avances notables y podemos asegurar que Los Zetas implantaron su presencia en el territorio en los años en que era gobernador. No tenemos la evidencia del papel jugado por Moreira, pero creo que esta investigación está detrás de esta operación judicial”.

La detención en Madrid en 2016, a petición de un tribunal de Estados Unidos que investiga la red de blanqueo de Coahuila, región fronteriza con Texas, fue un punto de inflexión en el esclarecimiento de las prácticas mafiosas para financiar campañas políticas. Luego de su detención por un año, fue liberado por falta de pruebas y Moreira volvió a México, donde defiende su inocencia.