CRAC-PC-PF pide salida del Ejército y que gobierno respete su vigilancia

CHILPANCINGO, Gro., 12 de noviembre de 2026.- Autoridades y consejeros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF), de Chilapa y José Joaquín de Herrera exigieron la salida del Ejército y la Guardia Nacional ante la falta de garantía de seguridad.

También pidieron a los tres órdenes de gobierno que respe las acciones de seguridad que emprenderá la CRAC-PC-PF, como recorridos y vigilancia en la zona para salvaguardar la vida de los habitantes indígenas.

Este jueves, se reunieron en la comunidad de Buenavista, municipio de Chilapa, para dar a conocer los acuerdos que se tomaron en distintas asambleas que hicieron los 12 pueblos del territorio comunitario.

En la reunión transmitida en la cuenta de Facebook del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, se dio lectura a los acuerdos, entre ellos la salida del Ejército y la Guardia Nacional, ya que no garantizan seguridad y no actúan contra el grupo criminal Los Ardillos, que asecha a las comunidades desde 2015.

Uno de los oradores recordó el crimen de un vecino de la comunidad de Xicotlán, y su cuerpo fue localizado en a orilla de la carretera Xicotlán-Alcozacán.

Dijo que los pueblos indígenas no desean estar atados a la seguridad del Estado, ya que al gobierno federal se le pidió seguridad para coordinación, pero no para sometimiento, porque “nosotros también tenemos nuestro sistema de justicia y seguridad”.

Añadió que la presencia del Ejército y la Guardia Nacional no son suficientes para frenar la violencia y “se pide a las autoridades respeto a los policías comunitarios que plenamente serán identificados con credenciales que les otorgará la asamblea y portarán armas de bajo calibre como rifles 22, escopeta de calibre 20, pistola 22, 32 y 32 super”.

Otro de los acuerdos fue exigir la liberación de los líderes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo y Sixto Mendoza Limpia, quienes permanecen presos por delitos fabricados por la Fiscalía General del Estado (FGE).

También pidieron la cancelación de más 70 órdenes de aprehensión que la FGE ha fabricado contra líderes sociales y comunitarios de la CRAC-PC-PF y el Cipog-EZ.

Reclamaron que la última acción del Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía en territorio comunitario, fue la del 28 de septiembre cuando detuvieron a Sixto Mendoza.

Denunciaron que hasta la fecha no existe investigación contra los delincuentes que atacaron a las comunidades de Chilapa durante los días 7 al 9 de mayo, que provocó el desplazamiento de más de 800 familias indígenas de las comunidades de Tula, Xicotlán y Alcozacán.

También exigieron a los gobiernos federal y estatal, el cumplimiento de obras prometidas desde hace años a pueblos de Chilapa y José Joaquín de Herrera, como un mercado regional, un banco del Bienestar, una escuela de telebachillerato y pavimentación de carreteras.

La reunión fue encabezada por los coordinadores Benjamín Sánchez Hernández, Felipa Marcelo de la Cruz, Francisco Cuapango Tepatitlán, Santiago Pablo Salazar, Salvador Ahuejote Pasado.

Asistieron unos 400 habitantes de Alcozacán, Buenavista, Acahuehuetlan, Tula, Nuevo Amanecer, Xochitempa, Los Pinos, Rincón de Chautla, Zacapexco, Ayahualtempa y Amatitlán.