Cuando ni la pandemia detiene a las activistas de Chihuahua

ACAPULCO, Gro., 23 de septiembre de 2021.- En abril, a casi dos meses de la detección del primer caso de COVID-19 en México, se invitaba a través de Facebook a un evento conmemorativo. Una cruz negra con fondo rosa y la fotografía de una joven acompañaban la palabra «justicia». 

Se trataba de una pinta virtual de cruces por María Sagrario González Flores, desaparecida y asesinada a los 17 años.  Ese 16 de abril se cumplían 22 años de impunidad. 

«Paula Flores, madre de Sagrario, y Cedimac, organización que le brinda acompañamiento, tenían planeado realizar una pinta de cruces en conmemoración de esta fecha pero debido a la contingencia sanitaria no podremos realizar la actividad», publicó el Centro Para el Desarrollo Integral de la Mujer A. C. (Cedimac). Así empezaron las transformaciones del activismo contra los feminicidios. Ahora las actividades serían desde casa.

Ivonne Mendoza, coordinadora general de Cedimac, cuenta en entrevista que los casos que acompañaban se vieron muy afectados. «Nosotras trabajamos de manera directa con las mujeres, con visitas personales y damos seguimiento a las investigaciones de los casos en la Fiscalía de Género de manera presencial. Toda esta dinámica se trastocó, la relación se trasladó a modo telefónico con ellas, y con respecto al seguimiento de los casos, pues en la Fiscalía había restricciones para entrar. Tratamos algunas veces de que nos dieran los informes por escrito, otras veces por reuniones a través de internet. Pero […] los Ministerios Públicos encargados de las investigaciones no estaban disponibles para brindar información porque se encontraban en cuarentena», expresa.

A pesar de la contingencia, las mujeres continuaron en pie de lucha en acciones donde no faltaban los cubrebocas, las caretas y el gel antibacterial. Algunas se atrevieron a salir, como es el caso de Sirena, el apodo con el que se identifica una activista desde hace nueve años. Es integrante de Hijas de su Maquilera Madre y cuenta que en la colectiva juarenese dejaron de manifestarse pero, al final, impulsadas por fechas significativas, volvieron a hacer suyas las calles. 

«El año pasado, salimos el 8 de marzo; también por el aniversario del asesinato de Marisela Escobedo, en diciembre, estuvimos afuera de la Fiscalía. Volvimos a salir este año por el aniversario del feminicidio de Isabel Cabanillas (integrante de la colectiva); luego hicimos una pinta de cruces. Entonces esas cosas (los riesgos) quedaron en segundo plano», cuenta la defensora en entrevista.

Para Sirena el contexto de violencia de género es una de las razones para seguir saliendo a las calles, en memoria de las que ya no están y por la seguridad de las mujeres de Chihuahua. «Pienso que eso hace movilizarte, salir. La gente no tiene nada que perder porque mañana puedes amanecer asesinada. […] Estuvimos saliendo porque son demandas muy importantes que hay que visibilizar», asegura. 

Imelda Marrufo, coordinadora de la Red Mesa de Mujeres A. C., explica que algunas organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, como Casa Amiga A. C., Sin Violencia A. C.  y Programa Compañeros A. C., se reunieron para ver cuáles serían sus acciones en el contexto de la pandemia. «En nuestro caso es un tema de riesgo porque hacemos acompañamiento psicosocial y en el caso de la Red Mesa, es a familiares de desaparecidas y de feminicidio», expresa en entrevista. 

Marrufo, quien tiene dos décadas como activista, dicen que implementaron «hacer llamadas telefónicas diarias. También reuniones más privadas una vez al mes, para no llamar mucho la atención y más o menos como de diez personas para no exponerlas». Añade que iniciaron la campaña Por ti, por mí libres de violencia en Riberas del Bravo, zona ubicada en una de las periferias de Ciudad Juárez,  al aire libre a través de unas bocinas que les permitían llamar la atención pero guardar la sana distancia.

Pero tampoco niega que el trabajo colectivo se vio afectado para quienes tenían mayores condiciones físicas que las ponían en riesgo como la edad o enfermedades crónicas. Igualmente, el aislamiento también tuvo impacto en la salud mental. Cecilia Espinosa, co-directora ejecutiva de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos (RNDDH), menciona en entrevista que la suspensión de movilizaciones sociales «implicó desgaste, el incremento de niveles de ansiedad y estrés». 

Aprueban alerta en plena pandemia 

En agosto de este año se aprobó la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en cinco municipios de la entidad: Chihuahua, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Guadalupe y Calvo e Hidalgo del Parral.

“Chihuahua es un caso paradigmático que hay que identificar como tal, el Estado mexicano tiene una deuda con las mujeres, desde el 93 que sucedió una muerte violenta  y que se tradujo en la demanda del campo algodonero contra México, que nos permitió posteriormente tipificar el delito de feminicidio”, expresa en entrevista Fabiola Alanís, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim). 

 De acuerdo con Fabiola Alanís, la declaratoria es el resultado de dos años de trabajo con más de 70 reuniones. Sin embargo, fue una deuda por décadas ya que «Chihuahua debió haber sido la primera entidad en decretar la Alerta de Violencia de Género, y apenas lo logramos a partir de un esfuerzo importante de académicas nacionales y estatales de Conavim, Inmujeres y la Comisión Nacional de Derechos Humanos».

La comisionada cuenta que además de los impulsos institucionales, la AVGM es un logro de las activistas y una forma de garantizar su labor. «Vimos que era importante la actividad que realizan. Hemos avalado la participación de diferentes colectivas más del ámbito de la academia, en materia de investigación, además hemos avalado una serie de proyectos también encaminados a diagnosticar, a georeferenciar, a acompañar a las víctimas», menciona Alanís sobre las colaboraciones que tienen la intención de garantizar la defensoría de los derechos de las mujeres activistas.

Pero no sólo se trata de reconocer la labor de las defensoras de derechos de las mujeres, también de escucharles para que continúen haciéndola. Por ello, Fabiola Alanís, dice que desde la Conavim la política ha sido de «mucho diálogo, de mucha conversación con las activistas, con las mujeres que acompañan a víctimas, con las que son víctimas directas o indirectas». 

La pandemia no es el único riesgo para las defensoras de derechos

Era septiembre de 2020, y corrían los primeros meses de la pandemia en México. La colectiva Hijas de su Maquilera Madre había convocado a una protesta en contra del abuso policiaco y agresiones sexuales de agentes ministeriales. El objetivo de la marcha era manifestar apoyo a grupos feministas que habían sido reprimidos el 22 de agosto en Guanajuato, donde las movilizaciones empezaron luego de que una mujer revelara en redes digitales que había sido agredida sexualmente por policías de una caseta en la Plaza Expiatorio. 

Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública de León, fueron detenidas 22 personas en esa movilización. Mientras que después, en Ciudad Juárez, la Policía Municipal detuvo a más de 20 mujeres, entre ellas menores de 18 años de edad. 

«Ha habido represión policíaca en la manifestación llevada en estos momentos en la zona centro de Ciudad Juárez, tomaron los celulares y cortaron la transmisiones en vivo que algunas compañeras estaban realizando», publicó la colectiva de Chihuahua en su cuenta de Facebook. 

«Aquí en Ciudad Juárez, nos pareció fatal que una Policía Municipal que presume haber recibido no sé cuántos cursos o capacitación en género, reprima y golpee a jóvenes porque están haciendo uso de un derecho», señala Ivonne Mendoza de Cedimac.

De acuerdo con un conteo de actos públicos convocados por colectivas feministas y organizaciones de la sociedad civil de Ciudad Juárez en Facebook, se registran más de una  decena en medio de la pandemia. La colectiva Hijas de su Maquilera Madre, Mujeres en Rebelión y Maternaje Feminista realizaron siete manifestaciones entre 2020 y lo que va de 2021, dos fueron eventos digitales; Red Mesa de Mujeres hizo alrededor de cuatro movilizaciones presenciales y una en línea; y Mujeres que Luchan JRZ concretó cinco eventos presenciales y uno digital. 

«Realmente estuvimos activas, el movimiento feminista no murió en pandemia, la pandemia fortaleció las redes», explica Sirena. Pero también en la defensa de causas sociales hay brechas de género y las mujeres enfrentan mayores riesgos. 

«A partir de implementar medidas preventivas de contagio por COVID-19, se generaron otras formas de agresiones a la ciudadanía. […]  Incluso con actos de criminalización donde algunas defensoras de derechos humanos están siguiendo procesos judiciales. A esto se suman los actos de represión que se han dado en contra de la movilización y la protesta feminista, específicamente en contra de mujeres jóvenes integrantes de colectivas», comenta Cecilia Espinosa de la RNDDH.  

En el Informe Situación de la Defensa de Derechos Humanos y la Libre Expresión en México a partir de la pandemia por COVID-19, actualizado a octubre de 2020, Chihuahua ocupa el octavo lugar entre los estados con mayor índice de violencia hacia activistas y periodistas. «En mi labor de defensora en Ciudad Juárez y en el acompañamiento de familias de mujeres víctimas de desaparición y de feminicidio, hubo algunos actos de amenaza, hostigamiento y amedrentamiento. […] a partir de ahí fui generando medidas de seguridad y protección», narra Cecilia Espinosa. 

No obstante, ella no forma parte del Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. La evaluación de riesgo no la hizo beneficiaria, por ello lo califica como un proceso burocrático que limita el acceso a la protección de manera rápida para sobrevivir a los riesgos de la labor.

«Sigue estando endeble en algunos aspectos, como es: el que tenga una perspectiva de género, un enfoque interseccional e intercultural. […]  Carece del diseño de estrategias más amplias que permitan y que garanticen acciones favorables para disminuir los riesgos. También una de las cuestiones es cómo se insta a las autoridades a no cometer agresiones», detalla sobre las necesidades en el Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Para Cecilia Espinosa y la RNDDH, el contexto que viven las mujeres activistas muestra que hay «una tendencia a dar la vida por otros y por otras, porque así lo hemos aprendido […] Sin embargo, desaprender esto y vernos como sujetas de derecho es el reto».