Abren convocatoria del programa Movilidad Estudiantil 2024 en Guerrero
ACAPULCO, Gro., 28 de agosto de 2024.- El sacerdote fundador de la pastoral social, Jesús Mendoza Zaragoza propuso que ante el imparable problema de desaparición forzada de personas, el gobierno federal cree una secretaría que responda a los derechos de las víctimas directas e indirectas.
Señaló que el Estado está discapacitado para responder a los derechos de las víctimas de desaparición forzada y carece de coordinación institucional de aquellas relacionadas con la protección de sus derechos.
“El monto del desastre social que tenemos en torno a las víctimas de la violencia es tan grande que tendría que haber una Secretaría de Estado para atender esa herida social, que tengan personal capacitado, el presupuesto que se necesita, eso no lo tienen porque no hay una voluntad política de echar adelante y acoger estas necesidades que tienen miles de familias en nuestro país”, declaró.
Durante su participación en el conversatorio Violación de derechos humanos en víctimas directas e indirectas de desaparición de personas que convocó la organización Familias de Acapulco en busca de sus desaparecidos, subrayó que las víctimas deben ser el centro de todas las políticas públicas, enfocar sus esfuerzos en resolver el problema de salud que representa la desaparición y atenderlo como un problema policiaco.
Mendoza Zaragoza advirtió que sin atención a las víctimas y en la vida social del país, el futuro será complicado porque las víctimas pueden ser victimarias y las violencias crecerán de diferentes maneras.
En contraste, indicó que los colectivos de búsqueda de personas representan la esperanza en la reconstrucción de una sociedad dolida que además lleva secuelas de la negligencia institucional, por lo que advirtió que las consecuencias, si no hay justicia y reparación del daño, serán atroces.
“Veo con esperanza que los colectivos nos están enseñando a soñar. Aspiramos a tener la paz en los contextos, veo que surgen colectivos en este tema de la desaparición y creo que nos están enseñando a soñar. En ellos se desarrolla una solidaridad interna, pero también hacia afuera. Los colectivos están denunciando la indiferencia social, por eso son un signo significativo que debemos mirar y reconocerlos, por la tarea que realizan”, expuso.
En el conversatorio participaron el comisionado de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Carlos de la Torre, quien reconoció el esfuerzo de las familias buscadoras y en especial de las mujeres que han llevado una doble carga por ser ellas quienes encabezan las movilizaciones y las búsquedas.
Afirmó que en la experiencia de Colombia hay desafíos para integrar una política pública de búsqueda que atienda de manera integral a las personas víctimas.
Así también la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán lamentó la falta de una ley que proteja los derechos de las víctimas de desaparición forzada y de sus familias, pues esta legislatura local no la aprobó.
Dijo que para garantizar los derechos de las víctimas se debe contar con un presupuesto, articular y atender a las víctimas directas e indirectas y reparar el daño a sus familias.
Añadió que además de que falta una ley armonizada en materia de desaparición de personas en Guerrero, también es necesario establecer un centro de identificación humana.
Otro participante fue el director de Corporación comunitaria reencuentro de Bogotá, Colombia, John León, quien habló de la experiencia histórica de los colectivos de búsqueda de personas en Colombia después del periodo de guerrilla.