CHILPACINGO, Gro., 9 de agosto de 2019.- El alcalde de Iguala, Antonio Jaimes Herrera informó que prepara los procesos de demanda contra el gobierno federal para que se haga responsable de los problemas que enfrenta ese municipio luego del caso Ayotzinapa en 2014, y reprochó la falta de coordinación que existe con la federación en cuanto a la seguridad.

“Pido también que el Congreso sea garante de un Ayuntamiento que, en primera no tiene por qué pagar esta situación que hoy nos está demandando y, vamos a hacer los procesos para demandar al gobierno federal para que alguien se haga responsable, para que el Ayuntamiento tenga la eficiencia que debe de tener”, expresó.

En su comparecencia ante las comisiones unidas de Justicia, Seguridad Pública y Asuntos Indígenas y Afromexicanos, e integrantes de la de la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva, en seguimiento a la recomendación de la CNDH por el caso Ayotzinapa, el presidente emanado de Morena dijo que tiene doble compromiso por ser el municipio en donde comenzó el problema.

Con Jaimes Herrera, acudieron el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, Vicente Salgado Bustamante, y el síndico Frumencio Ramírez Cardona.

El alcalde consideró que Iguala y sus pobladores están estigmatizados tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, lo que ha generado problemas en el desarrollo social y en lo económico, por lo cual, dijo, acudía también en defensa de los igualtecos.

Detalló que de los 50 policías que fueron detenidos por el caso Ayotzinapa, 13 ya fueron liberados y han llegado a demandar salarios caídos y prestaciones por lo cual ya arman un paquete jurídico para demostrar que el Ayuntamiento no los despidió, sino que fueron detenidos por la entonces Procuraduría General de la República y será con esa corporación con la que tengan que arreglarlo.

Indicó que tampoco pueden operar en el Ayuntamiento por los destrozos que sufrió durante las protestas de normalistas, a pesar de estar resguardado por la federación por lo que, consideró, hay responsabilidad federal que quieren hacer valer con el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues de otra manera no pueden operar.

Dijo que a su llegada al Ayuntamiento recibió 64 policías municipales desarmados y sin vehículos; indicó que a la fecha han recibido 47 armas largas que estaban bajo el resguardo del gobierno estatal.

Informó que están pendientes de entregarles 187 armas cortas y dos largas, además de 19 vehículos que están bajo resguardo de la Fiscalía General de la República, al igual que las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública.

Jaimes Herrera aseguró que no hay personas en Iguala que quieran ser policías; dijo que en los últimos meses 20 personas han acudido a hacer exámenes para poder ser agentes y reprobaron 18 con lo que, dijo, a ese ritmo Iguala tendría policías en unos 20 o 30 años, pues mínimo se requieren 400 efectivos.

El presidente dijo que está contento con lo que se ha logrado en cuanto a los delitos, pues no existen secuestros y extorsiones, aunque admitió que sí hay asaltos a mano armada y robo de vehículos. No obstante, responsabilizó a personas de la sierra o del estado de Morelos, por lo que se requieren filtros en los cuatro accesos a ese municipio.

Falta de coordinación

Antonio Jaimes Herrera fue insistente en la falta de coordinación que existe con el gobierno estatal y el federal en seguridad, lo cual calificó como el problema real de Iguala, aunque destacó que si no fuera por la Policía Estatal, el municipio no tendría policías.

Acusó que el municipio no tiene acceso al C-4, además de que es inoperante pues sólo retarda el servicio de emergencia, y dijo que la Policía Municipal no cuenta ni con radiofrecuencias para trabajar.

El alcalde acusó que los efectivos de los agentes de la Policía Federal destacamentados en ese municipio no les ayudan, pues están más comprometidos en la búsqueda de desaparecidos que en proteger a la ciudadanía.

Agregó que en cuanto a los 120 integrantes de la Guardia Nacional, saben que están ahí, pero que sólo ocupan Iguala como base, pues no tienen una operación directa ahí.

El presidente de la Comisión de Justicia, Omar Jalil Flores Majul, precisó que a pesar de su participación no respondió las preguntas básicas para tener un diagnóstico básico para la atención de la recomendación de la CNDH, y que tampoco informó si el responsable de seguridad está certificado o no.