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CIUDAD DE MÉXICO, 1 de septiembre de 2016.- La publicación del libro La Sosa Nostra en 2004, sobre la polémica trayectoria de Gerardo Sosa, quien se convirtió en rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), causó que el autor Alfredo Rivera fuera demandado por el funcionario universitario. Se trata de un juicio que lleva 12 años y en el que la editorial y hasta el fotógrafo que colaboró fueron demandados.
La duración de un juicio por cuestiones de presunto daño moral se han convertido en una forma de obstaculizar la labor periodística, además, de que quitan tiempo y recursos a los periodistas, concluyeron expertos que participaron en el foro Demandas contra periodistas: el uso de leyes contra la libertad de prensa, organizado por El Colegio de México.
Quien explicó el caso de La Sosa Nostra fue la presidenta comisionada de los Derechos Humanos en el Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, quien recordó que por ejemplo la reportera Ana Lilia Pérez, autora del libro Camisas azules, manos negras, enfrentó siete demandas, las cuales pudo encarar gracias a que por la ley de transparencia obtuvo copias certificadas de los contratos firmados entre empresas de Juan Camilo Mouriño, en aquellos días secretario particular del entonces presidente, Felipe Calderón, y Pemex.
“Mouriño no pudo hacer nada”, recordó la Ombudsperson. Gómez Gallardo también criticó que se pueda demandar por difamación de honor y como compensación se pidan millonarias cifras de dinero.
“El honor no tiene cuantificación, es una medida de inhibición”, esclareció.
En el foro también participó Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, quien dijo que algunas leyes vulneran la libertad de expresión en México y criticó que las de carácter civil den entrada a toda clase de demandas, aunque carezcan de sustento.
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