Democracia para conjurar la desconfianza

El acuerdo entre las dirigencias del PRI y PAN para resolver la alianza en Coahuila y Estado de México han abierto un diferendo que, de no atenderse abriría la puerta a una ruptura en el bloque opositor para la elección de 2024. Se refiere no sólo a la exclusión del PRD, sino a la percepción, al parecer infundada y propalada por el mismo presidente López Obrador, de que el PAN definirá entre los suyos al candidato(a) a la presidencia de la República y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

Las aclaraciones van y vienen. El acuerdo de que el procedimiento estatuario del PAN determinaría al candidato, no excluye a una propuesta más razonable y eficaz: la elección primaria a manera de definir candidato (a) y construir candidatura. A la dirigencia del PAN le ha faltado precisión, quizás porque la modalidad para seleccionar candidatos deberá ser aprobada por Consejo Nacional. Sin embargo, sí puede definir postura y señalar que en forma alguna el procedimiento significará exclusión de ciudadanos o de aspirantes de partidos aliados.

 Seleccionar candidatos y particularmente el presidencial en la actual circunstancia es la decisión fundamental de la oposición en varios sentidos relevantes: primero, desde ahora se advierte que en 2024 la elección se centrará más en candidatos que en partidos, situación que favorece a la oposición a pesar de las campañas anticipadas del oficialismo. Segundo, es la oportunidad de la oposición para diferenciarse virtuosamente de su competidor, mediante un procedimiento genuinamente democrático, y no por el que todos advierten como la inducción presidencial a favor de Claudia Sheinbaum. Tercero, los partidos opositores acusan un pesado desprestigio, la mejor manera de conjurarlo es trasladando a la sociedad la decisión más relevante, que es la designación de candidato (a) presidencial.

En todos los ámbitos crece la convicción sobre la conveniencia de una elección primaria. No será sencillo. Se requieren reglas claras y funcionales al propósito, un árbitro o autoridad confiable y con capacidad para dirigir el proceso y, además, recursos materiales y económicos suficientes para la organizar las elecciones regionales.

Los tiempos legales no permiten la realización de una primaria en forma. Los tiempos no dan. La ley determina que las precampañas deberán iniciar en la tercera semana de diciembre -periodo navideño- y tendrán una duración de 60 días. Una posibilidad es efectuar una consulta para la selección de tres aspirantes mediante elecciones regionales durante octubre, noviembre y la primera semana de diciembre, donde se elegirían delegados para la convención previa al ungimiento de candidato. En enero tendrían lugar las elecciones finales en los territorios pendientes de elección regional; recomendable que sean en las zonas metropolitanas del país.

El peso de la tradición autoritaria no es menor. Es evidente que en las dirigencias partidarias persiste la tentación de que el acuerdo cupular determine la candidatura; sin duda, más fuerte en el PRI que en el PAN, PRD o en los grupos no partidistas que promueven la creación de una alianza opositora. El problema es que una modalidad así no asegura la unidad, mucho menos la legitimidad y la exposición pública que requerirá el o la candidata presidencial.

Democratizar la selección de candidatos abre la puerta a un territorio inédito que, bien conducido, significa el principio de la transformación del sistema de partidos. Tiene efectos negativos, uno de ellos es volver a los partidos en maquinarias electorales, caso del sistema norteamericano. Sin embargo, no debe soslayarse uno de sus efectos potenciales: remitir la transformación política del país a los ciudadanos y no a los partidos, déficit mayor del cambio político de las últimas décadas y del sistema electoral mexicano. Hacia allí deberá apuntar la reforma política del futuro.