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ACAPULCO, Gro., 24 de julio de 2019.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó seis denuncias penales contra 235 servidores públicos que cometieron diversas irregularidades en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En un comunicado, el organismo informó que las denuncias fueron interpuestas el pasado 22 de junio ante la Fiscalía General de la República, y presentó como medio de prueba su recomendación 15VG/2018, con la cual ya había alertado sobre omisiones en el caso Iguala.
También se emitieron denuncias administrativas por el incumplimiento de obligaciones de servidores públicos, de las cuales fueron presentadas siete ante la Secretaría de la Función Pública, y una ante cada una de las siguientes instancias: Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal; órgano Interno de control en la Secretaría de Seguridad del Estado de México; Contraloría Interna en la Fiscalía General del Estado de Guerrero; Contraloría Interna de la Secretaría de Salud y Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero; Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.
De las 235 personas denunciadas, 116 son servidores públicos, 82 de orden federal y 34 del estatal que participaron en la investigación ministerial, realizaron actos u omisiones durante la investigación, posiblemente constitutivos de delito que corresponderá determinar a la Representación del Interés Social de la Federación.
“Destaca la denuncia penal ante la FGR por acciones u omisiones posiblemente constitutivas de delito identificadas por la CNDH en la incursión de personal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), con el detenido Agustín García Reyes alias El Chereje, en las inmediaciones del río San Juan de Cocula, Guerrero, el 28 de octubre de 2014”, dijo la CNDH.
Asimismo, las dos denuncias penales contra personal de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero y de la entonces PGR, por no realizar oportunamente diligencia alguna de investigación relacionada con los autobuses Costa Line 2513 y Estrella Roja 3278, utilizados por los normalistas.
Un total de 119 servidores públicos –114 del orden federal y cinco del estatal— fueron denunciados por participar en actos de tortura, trato cruel, inhumano y/o degradante, detención arbitraria y otras violaciones en los 65 casos en que este organismo acreditó violaciones a derechos humanos a los inculpados en este caso.
Respecto al caso de Carlos Canto Salgado, la CNDH también interpuso una denuncia penal por su caso al señalar que elementos de la Policía Ministerial de la PGR y la Secretaría de Marina lo detuvieron arbitrariamente, se dilataron en presentarlo ante el Ministerio Público, además de que cometieron actos crueles, inhumanos y degradantes contra el detenido.
Además de las seis denuncias penales, la CNDH interpuso otras 12 administrativas contra 140 servidores públicos —131 del orden federal y 9 del estatal.
“Entre las denuncias aludidas, está la presentada contra el personal policial a cargo de la estación Iguala de la Policía Federal y de 2 agentes de dicha corporación, por participar en la desaparición de un grupo de normalistas en el ‘Puente del Chipote’ y por incumplir su obligación de prestar auxilio a las víctimas y no preservar el lugar y los indicios, huellas o vestigios de los hechos delictuosos”, detalló.