Denuncia CRAC criminalización de un juez por ordenar liberar a detenido

CHILPANCINGO, Gro., 11 de octubre de 2019.- Representantes de cinco casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), denunciaron que el Poder Judicial criminaliza los sistemas normativos de los pueblos indígenas.

En conferencia de prensa en Chilpancingo, los representantes de las Casas de Justicia de San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec, Caxitepec y Paraíso, en compañía del abogado, Vidulfo Rosales Sierra, denunciaron que el 8 de octubre se recibió una notificación del abogado José Artemio Navarrete Sánchez, Juez Segundo de Distrito de Guerrero.

En dicho documento, dijeron, se establece una multa de más de 190 mil pesos a los coordinadores de la CRAC de la casa de justicia de El Paraíso por mantener en reeducación a Teodoro Crisóforo desde en mayo de este año, por el delito de homicidio calificado.

En la conferencia, mostraron documentos en los cuales se indican que se resolvió el incidente de suspensión 762/2019, que se tramitó dentro del amparo número 762/2019, promovido por Teodoro Crisóforo Jiménez, vecino de Coyul, municipio de Ayutla, quien está en proceso de reeducación en la Casa de Justicia de El Paraíso.

Además, el Ministerio Público Federal ordenó “iniciar carpetas de investigación por el delito de desacato y privación de la libertad personal de Teodoro Crisóforo, por lo que el Ministerio Público del Fuero Común en Ayutla, y el Federal en Acapulco, también iniciará carpetas por los delitos de privación de la libertad y desacato a una orden judicial”.

Rosales Sierra consideró que el juez Navarrete Sánchez “hace una interpretación restrictiva de la Constitución, sin acudir al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y la declaración de la ONU sobre los pueblos indígenas”, pues indicó que Crisóforo Jiménez asesinó el pasado 17 de mayo a su hermano e hirió también a una mujer, por lo cual fue sometido a un proceso de justicia interna de comunidades indígenas y no en el sistema de justicia ordinario.