ACAPULCO, Gro., 14 de marzo de 2019.- El director del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Marcos Bucio Mújica, dijo que los programas de asistencia social no están vinculados al sector educativo y pidió que los recursos otorgados a adultos mayores en alfabetización, se condicionen a la presentación de los certificados una vez que concluyan con sus estudios.

En declaraciones a reporteros afirmó, sin especificar, que en Guerrero hay “una región” donde se venden los certificados, por lo que propuso la imposición de castigos “hasta penales” a quienes incurran en esas prácticas. Mencionó también, sin dar detalles, que se denunció un hecho de corrupción durante las mesas celebradas en la reunión que involucró delegaciones de Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Puebla y Guerrero.

Añadió que el combate a la corrupción, el fortalecimiento de convenios de colaboración con empresarios y la adopción de nuevas tecnologías, serán parte crucial para disminuir el rezago educativo y el analfabetismo.

En otro tema, el funcionario federal reconoció que el recorte presupuestal obligó al instituto a buscar mecanismos de financiamiento para continuar con los programas de alfabetización, pero descartó que el contexto de inseguridad y violencia que impera en Guerrero sea un obstáculo para continuar con ellos.

“Vamos a trabajar con las organizaciones civiles para complementar la falta de presupuesto y eso implica un trabajo a través de fundación Telmex, fundación Fortaleciendo y Creciendo, fundación Únete, para poder lograr donaciones”, explicó.

Durante su discurso de clausura en la reunión de Coordinación Operativa Región Sur-Sureste del INEA, Bucio Mújica indicó que de 59 convenios firmados durante la administración federal pasada, 21 no servían, de ahí que haya un enfoque para que una decena más realmente funcionen y, que exista responsabilidad compartida para reducir el rezago educativo.

Rechazó que la presencia de grupos del crimen organizado detenga la promoción de los programas de alfabetización, sin importar que éstos se apliquen en regiones de siembra de enervantes y trasiego de drogas.

“No creo que ya nadie, independientemente de la actividad a la que se dedique, evite que la población tenga educación primaria y secundaria, porque el problema en México es que tenemos a nivel nacional ocho años en promedio de educación, cuando en muchos países tienen 13 años en promedio”, sostuvo.