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ACAPULCO, Gro., 13 de octubre de 2017.- El representante legal de la Unión Mercantil de Productores de Coco del estado de Guerrero José Luis Salas Pérez informó que personal del Ministerio Público del sector Mozimba se negó a levantar denuncia por irrupción.
Lo anterior, luego de que este jueves, cerca de 60 militares, un grupo de choque de jóvenes y el presunto propietario del edificio de La Coprera irrumpieron en las instalaciones por unas horas, despojaron al vigilante de las llaves de las oficinas donde sesiona el Frente Progresista Guerrerense, colocaron candados propios, e hicieron lo mismo en una bodega.
Para Salas Pérez, el motivo para que personal del Ministerio Público no hizo la denuncia correspondiente fue que “él que llego con los militares traía un acta”, además en ese momento no había ningún policía ministerial.
El comisionado de Gestión Social José Jaime Requena afirmó que desde que se creó el Frente Progresista Guerrerense (FPG), que aglutina a 106 organizaciones sociales que respaldan la candidatura a la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, han surgido una serie de agresiones de diversos tipos por los diferentes gobiernos contra sus militantes, aunque subrayó que todos los casos serán denunciados y defendidos por la organización.
En conferencia de prensa en el edificio de La Coprera ubicado entre la calle 6 y avenida Ejido donde desde hace varios meses sesiona el Frente Progresista, Jaime Requena señaló que la persona que dijo ser el propietario del edificio se negó a dar su nombre y sólo dijo ser hijo de Encarnación Ursúa, fundador de la Unión Mercantil.
“Ninguna autoridad civil acompañaba a esta persona, sólo los militares, entre ellos uno de alto rango, así como un grupo de choque compuesto por jóvenes, yo encaré a los militares sobre sus hechos, quienes sólo respondieron que nada más venían acompañando a la persona que decía tener una escritura de la propiedad”, recordó.
Aseveró que las escrituras que fueron presentadas eran de la notaria Bella Huri Hernández Felizardo, quien ya falleció, además de que no traían ninguna orden de algún juez para ingresar al edificio, así como tampoco ninguna sentencia.
“No hay ningún juicio por la propiedad del inmueble que pudiera dar origen a una acción judicial, el que hubo ya tiene una sentencia en favor de la organización y está legalmente finiquitado ese caso”.
Los dirigentes afirmaron que el próximo lunes presentarán una denuncia ante el Ministerio Público de la Federación para que los soldados expliquen por qué ingresaron al inmueble, además de que ya presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ya que tampoco en la delegación estatal quisieron atenderlos.
En la conferencia de prensa estuvo presente el representante legal de la Unión Mercantil de Productores de Coco del estado de Guerrero José Luis Salas Pérez; el comisionado de Gestión Social del Frente Progresista Guerrerense, José Jaimes Requena; así como el integrante del Frente Progresista Guerrerense y militante de Morena Isaías Arellano Maldonado.