Derecho de réplica debe velar por seguridad jurídica de ciudadanos: PRI

ACAPULCO, Gro., 5 de abril de 2018.- El senador Esteban Albarrán Mendoza puso a consideración del pleno del Senado de la República, la postura de la Fracción Parlamentaria del PRI, para votar a favor de la Ley Reglamentaria en materia de Derecho de Replica, que pide extender de cinco a quince días, el tiempo para preparar la solicitud de réplica, lo que además, dijo, vela por otorgarles seguridad jurídica a los ciudadanos.

De acuerdo con un boletín, el legislador recordó que a partir del uno de febrero del presente año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la inconstitucionalidad del plazo de cinco días y en una discusión en el pleno, los ministros determinaron que “es libertad del Legislador Federal determinar el plazo que consideren más adecuado para presentar la solicitud de réplica ante los sujetos obligados”.

“Se debe considerar la oportunidad real de los afectados para ejercer el derecho de réplica en plazos realistas y proporcionales. Incluso, la Suprema Corte de la Nación consideró, en función del tiempo, que era inconstitucional el plazo de cinco días que se otorga al agraviado para conocer de una noticia falsa e inexacta que le perjudica”, argumentó el senador.

La misma Corte reconoce que en el derecho de réplica existe un desbalance, ya que sólo se toma en cuenta a las personas que se mantienen atentas a la información transmitida a traves de medios de comunicación masiva, pero ignora a las personas que no están atentas a todas las publicaciones y a los medios, que por su naturaleza o periodicidad, no son de consulta diaria.

“Cierto, que como advierte el Alto Tribunal, el derecho de réplica es una imposición para los medios de comunicación, pero se debe velar por otorgarles a los ciudadanos seguridad jurídica”, recalcó Albarrán Mendoza.

Coincidentemente, subrayó el senador Albarrán Mendoza, el plazo que se propone de extender a quince días el derecho de réplica, también lo prevé la Ley de Amparo, a efecto de que los gobernados ejerciten ese medio de acción constitucional ante las posibles violaciones a derechos humanos que estimen han cometido autoridades del Estado Mexicano.