CHILAPA, Gro., 19 de mayo de 2015.- La irrupción de civiles armados a la cabecera municipal de Chilapa dejó un saldo de entre 12 y 30 personas desaparecidas.

La tarde del sábado 9 de mayo, unos 300 hombres de 15 comunidades rurales de Chilapa ingresaron armados y encapuchados a la cabecera municipal.

El grupo armado se identificó como policía comunitaria y advirtió que su consigna principal era detener a Zenén Nava Sánchez, alias El Chaparro, jefe del grupo delictivo Los Rojos.

Bajo este argumento detuvieron a decenas de pobladores, hasta su salida de la ciudad, el 14 de mayo.

La mayoría de los detenidos fueron golpeados, interrogados y posteriormente liberados; de otros más aún se desconoce su paradero.

La mañana de ayer, decenas de personas se reunieron en la plaza central de Chilapa, frente a la catedral, para exigir la presentación con vida de sus familiares.

“Del 9 al 14 de mayo los supuestos comunitarios levantaron a un aproximado de 30 personas. Tenemos plenamente identificados y documentados 16 casos, los demás no quieren denunciar por miedo”, detalló el empresario José Díaz Navarro, quien encabezó la demanda.

“En Chilapa aún hay temor”, reconoció en entrevista, “los hombres armados van a regresar en cualquier momento”, advirtió.

La cabecera municipal, que días atrás lució vacía, retomó su actividad comercial. Sin embargo, de acuerdo a Díaz Navarro, la vida de la población no volvió a la normalidad. “Todos andan con temor, con precaución, con miedo”, sostuvo.

Para la señora Rosa Cuevas la vida no es igual: sus tres hijos desaparecieron y ahora tiene que peregrinar por las calles de Chilapa y por las oficinas de gobierno para exigir que se los regresen.

“Yo tenía a mis tres hijos”, comienza su relato mientras rompe en llanto. “Ellos venían a vender unos becerros, pero los comunitarios los detuvieron y ya no sabemos nada de ellos, ya tiene ocho días que no aparecen”. Se lleva las manos a la cara y las frota insistentemente contra sus ojos.

“No sabemos nada de ellos”, continúa su relato, “la única razón que nos dan es que los detuvieron, pero quiero que me devuelvan a mis hijos porque son inocentes”, insiste.

Sus hijos Juan, Miguel y Víctor Carreto Cuevas viajaban en una camioneta de redilas la última vez que se les vio. Se dirigían a la cabecera municipal para vender unos becerros.

Otro caso es el de Matilde Abarca Pascasio, madre de Sergio de Ramona Abarca, un comerciante que el miércoles 13 de mayo fue detenido por los comunitarios y del que aún se desconoce su paradero.

“A mi hijo lo fueron a traer a su negocio los hombres que se decían comunitarios. Mi hijo es comerciante, ellos entraron a su negocio diciendo que mi hijo cobraba cuotas, pero eso no es verdad, mi hijo es comerciante. Quiero que me lo devuelvan porque es una persona muy trabajadora que se dedica al comercio igual que yo”, exigió la mujer.

El empresario José Díaz Navarro detalló que los desaparecidos tienen algo en común: son hombres jóvenes, de entre 14 y 25 años.

Los nombres de algunos desaparecidos, cuyas familias se atrevieron a denunciar a pesar del miedo, son los siguientes: Alexander Nava Reyes, Arturo Gutiérrez Jaimes, Carlos Manuel Mena Nava, Jaime Eduardo Villanueva, Sergio Mancilla, Daniel Velázquez Romero y los hermanos Jaime y Héctor Abarca.

La detención de las 30 personas que actualmente están desaparecidas ocurrió en momentos diferentes, pero siempre frente a los elementos del Ejército, la Gendarmería y las policías Federal y Estatal.

“La Gendarmería y el Ejército no sirven de nada, lo único que hicieron fue observar cómo los hombres armados nos atropellaban, nos golpeaban, cómo levantaban a nuestros familiares”, recriminó el empresario Díaz Navarro.

La excusa de los cuerpos policiacos y militares fue que no podían actuar porque nadie les dio la orden de intervenir.

“Ahí fuimos jaloneados, empujados, amenazados con armas y los policías y el Ejército a un lado de nosotros, viendo solamente. Nos dijeron que sólo podían actuar en flagrancia, yo les pregunté si no era flagrancia que hubiera en la calle gente con cuernos de chivo, con rifles AR15”, recordó el empresario, cuyos reclamos no fueron atendidos ese día por los cuerpos de seguridad.

 

Alcalde confirma desaparición masiva

El alcalde de Chilapa de Álvarez, Francisco Javier García González, confirmó la desaparición masiva de personas por parte del grupo armado que se autodenominó policía comunitaria.

“Tenemos la versión de 16 personas desaparecidas, otras personas hablan de 12, sin embargo ante el Ministerio Público solamente hay denuncia de tres”, detalló en entrevista.

Indicó que la mayoría de los desaparecidos son hombres jóvenes, menores de 25 años, que transitaban en motonetas o que fueron “levantados” en sus centros de trabajo. Algunos se dedicaban a la albañilería, al comercio o al transporte público.

Ayer, el alcalde se reunió con los familiares de los desaparecidos durante poco más de una hora, para escuchar su exigencia de justicia y buscar canales de comunicación entre ellos y los gobiernos estatal y federal.

“Los familiares están consternados, desesperados, con el dolor latente. Me pidieron el apoyo de los gobiernos para que encontremos a sus familiares. Es un caso que verdaderamente nos preocupa, nos lacera”, expresó García González, quien pidió el apoyo del gobernador Rogelio Ortega Martínez y del presidente de la república, Enrique Peña Nieto.

El alcalde reconoció que en Chilapa hay presencia de la Gendarmería, del Ejército y de las policías Federal y Estatal, pero advirtió que no es suficiente para brindarle seguridad al municipio.

Incluso criticó que el regreso a clases en las escuelas del municipio haya sido sin resguardo de los cuerpos de seguridad, a pesar de que el presidente del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, anunció que esto se realizaría con la vigilancia permanente del Ejército.

 

Lucha entre cárteles

Para el alcalde Francisco Javier García González, la irrupción del grupo armado a la cabecera municipal se trató de “el choque entre dos grupos armados que quieren ganarse la plaza”.

Explicó que Chilapa es la puerta a la Montaña, región en la que se siembra marihuana y amapola. “Ese es el motivo principal de este enfrentamiento de grupos”, sostuvo.

Además, el municipio es paso obligado para el traslado de dichos enervantes a otras regiones del estado.

“Ellos llegaron aquí a Chilapa autodenominándose comunitarios. A mucha gente de la que llegó a la cabecera municipal se le conoce, son gente campesina, comisarios, comisariados, pero lo que nos preocupa es que también vimos gente cubriéndose la cara, con armas de alto poder, con uniformes tácticos. Se dice que ellos son los que estuvieron levantando gente”, recordó el alcalde.

 

Ortega, ni sus luces

El empresario José Díaz Navarro, quien encabeza a los familiares desaparecidos, recriminó la falta de apoyo e interés del gobierno estatal.

Relató que de primer momento buscaron una reunión con el secretario general de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, pero la respuesta fue negativa.

“Nos dijeron que su agenda estaba muy apretada, que tenía muchos compromisos”, recriminó Díaz Navarro.

De acuerdo al empresario, para el gobernador Rogelio Ortega Martínez no es importante la desaparición de 16 personas en un municipio mayoritariamente indígena.

En cambio, criticó que el mandatario realice declaraciones ante los medios de comunicación en las que minimiza el problema y asegura que ya está resuelto.

“El gobernador no está apegado a la realidad, no sabemos si habla de otro Chilapa, porque aquí siguen los problemas, sigue la amenaza del grupo armado, advirtieron que van a regresar con más fuerza si los cuerpos de seguridad no detienen al líder de Los Rojos. El gobernador lo único que hace es decir comentarios fuera de la realidad que vive Chilapa, pero aquí el tema aún es delicado, con una amenaza latente y un ultimátum”, insistió el empresario.

El alcalde de Chilapa, Francisco Javier García González, también recriminó la falta de interés del gobernador Rogelio Ortega Martínez y del gobierno federal.

Reprochó que, a pesar de la gravedad del problema, aún no haya logrado comunicación directa con Ortega Martínez.

Incluso comentó que ya tuvo diferencias y roces con el gobernador, porque le ha explicado “con sinceridad” la magnitud de la crisis que enfrenta Chilapa y porque le ha exigido que no minimice el problema, que podría extenderse a otros municipios.

“A mí me parece increíble que Rogelio Ortega diga que el problema ya lo solucionó, que no tome conciencia de que hay gente desaparecida, que no tome conciencia de que hay un ultimatum de un grupo armado que amenazó con regresar en siete días a partir de su salida y que la fecha se cumple el jueves”, recriminó el munícipe.

Advirtió que “la ciudad no está blindada”, ya que actualmente únicamente cuenta con 100 policías estatales para resguardar 80 colonias y 147 comunidades, que ni siquiera han instalado los filtros de seguridad que él solicitó en las cuatro entradas y salidas del municipio.

 

Regreso a clases, sin seguridad

De acuerdo al alcalde, en Chilapa hay un aproximado de 600 escuelas, que han suspendido clases constantemente a causa de la inseguridad, la violencia y la irrupción del grupo armado.

Ayer, la mayoría de las escuelas retomaron sus actividades de manera normal, sin resguardo policiaco ni militar, a pesar de que este fue anunciado por el gobierno del estado.

En la cabecera municipal regresaron a clases el 80 por ciento de los centros educativos; en las comunidades no hubo regreso a clases por la inseguridad.