Desaparición de Fondo Minero viola derechos de comunidades: Clúster

ACAPULCO, Gro., 25 de octubre de 2019.- El presidente del Clúster Minero del estado, Alfredo Phillips Greene dijo que la aprobación en el Senado de redistribuir los recursos del Fondo Minero a la Secretaría de Educación Pública (SEP), rompe el espíritu para el cual fue creado en 2014 y que benefició directamente a las comunidades de donde se extrajeron los minerales.

En declaraciones telefónicas para Quadratín, el también representante en México del corporativo canadiense Torex Gold, consideró que la medida del Senado viola los derechos de las comunidades y, su aplicación sería poco transparente pues no están definidos los criterios para ello.

Pidió que la federación reconsidere la metodología de redistribución y aclare las reglas del Fondo para que se aclare el destino del dinero.

Del panorama adverso que se espera y la presión social que las comunidades ejercerán ante la falta de los recursos, Phillips Greene comentó que buscarán opciones conjuntas y alternas de financiamiento para aminorar el impacto negativo de la decisión.

De la inversión efectuada con recursos del Fondo Minero durante cinco años, aseguró que se ha realizado con transparencia y priorizando las necesidades de las comunidades donde se hicieron.

“Es un programa que ha sido benéficamente importante para las comunidades que habitualmente están alejadas de las zonas urbanas”, declaró a Quadratín.

Recordó lo dicho por el presidente municipal de Cocula, Carlos Alberto Duarte Bahena, quien advirtió que la falta de tales recursos impedirá el fortalecimiento de proyectos económicos alternos en pequeños municipios.

Morena en el Senado confirmó la desaparición del Fondo Minero estimado el año pasado en cuatro mil 500 millones de pesos, los cuales serán destinados a la Secretaría de Educación Pública para la reconstrucción de escuelas, lo que provocó una intensa discusión entre los grupos parlamentarios.

Este fondo se encontraba previsto en el artículo 275 de la ley para canalizar los impuestos de las mineras a los gobiernos municipales donde operan y que los usen en mejorar o reparar la infraestructura afectada por esta actividad.