Desaparición forzada de Rosendo Radilla vuelve por tercera vez a la Corte

ACAPULCO, Gro., 26 de noviembre de 2025.- Integrantes de organizaciones de derechos humanos y familiares de personas desaparecidas advirtieron que persiste un pacto de gobernabilidad entre la administración federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y las fuerzas armadas que impide cumplir con las obligaciones internacionales de verdad, justicia y reparación por los crímenes cometidos durante la llamada Guerra Sucia y que hoy ese periodo conocido como terrorismo de Estado.

La hija de Rosendo Radilla, desaparecido por militares, Tita Radilla Martínez indicó que el caso de su padre, vuelve por tercera vez a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en un contexto en el que, afirmó, es necesario que la llamada Corte del Pueblo y a la Fiscalía General de la República (FGR), asuman su responsabilidad histórica y confirmen la sentencia que ordena verdad, justicia y memoria para las víctimas del terrorismo de Estado.

Señaló que cada día sin una resolución de fondo prolonga la impunidad y reiteró que el máximo tribunal debe actuar lo más pronto posible para garantizar un acceso a la justicia en un plazo razonable y terminar con medio siglo de dilaciones institucionales.

El encuentro fue convocado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación; la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem); la Asociación de Familiares Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Fademo) y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.

Durante el foro A 16 años de la sentencia de la Corte Interamericana del caso Rosendo Radilla Pacheco, este miércoles transmitido en redes sociales, los participantes coincidieron en que el Estado mexicano ha aceptado recomendaciones nacionales e internacionales, pero no las ha aplicado.

Señalaron que a cinco décadas de los hechos, no hay justicia y persiste la opacidad en la investigación de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos ocurridos en Guerrero y otras entidades.

El sacerdote jesuita y exdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), David Fernández Dávalos afirmó que las instituciones aún se resisten, no cooperan, ni el Poder Judicial, ni los militares, ni los organismos de seguridad, ni las fiscalías y nadie quiere que se averigüe la verdad, por lo que la impunidad acumulada en ese periodo habilita la violencia del presente.

Agregó que los crímenes se hicieron “con la garantía de la impunidad a largo plazo en un sistema hecho para eso”.

El sacerdote señaló que el gobierno federal mantiene acuerdos con las fuerzas armadas que frenan cualquier intento de justicia.

“No soy optimista respecto del actual sexenio. Hay un pacto con los militares para lograr gobernabilidad en el país”, dijo.

La historiadora y buscadora Alicia de los Ríos Merino, hija de la militante desaparecida Alicia de los Ríos, afirmó que el Estado continúa litigando contra las víctimas.

“No hay una justicia transicional en México. A eventos extraordinarios como la contrainsurgencia se sigue respondiendo con mecanismos ordinarios que no corresponden a la magnitud de las violencias graves”, señaló.

Enseguida, la integrante de Fundar, Natalia Pérez Cordero advirtió que el homenaje reciente al exgobernador Rubén Figueroa Figueroa contradice las medidas de no repetición aceptadas por el Estado mexicano.

Advirtió que no puede haber memoria sin justicia y cuestionó que se impulsen actos oficiales mientras no se abren archivos militares ni se investiga a mandos de la época.

Recordó que la sentencia de la Corte Interamericana por el caso Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido por militares en Atoyac en 1974, sigue siendo un referente para la investigación de patrones y estructuras de violencia.

Sin embargo, los integrantes de las organizaciones reunidas, coincidieron en que la FGR no ha construido una teoría de caso que permita la judicialización por crímenes de lesa humanidad.

La también dirigente de la Afadem, Tita Radilla Martínez recordó que después de 51 años no hay una sola persona sancionada por la detención y desaparición de su padre, y reiteró que las familias mantienen la búsqueda sin apoyo institucional.

Añadió que “la lucha es por los desaparecidos de ayer, de hoy y, desafortunadamente, los de mañana porque esto no se ha detenido”.

A 51 años de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, Tita Radilla reprochó que no exista una sola persona sancionada por el caso y que la FGR mantiene abiertas investigaciones sin una teoría de caso que considere los patrones sistemáticos de la represión en Guerrero en la década de 1970.

Recordó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó que de las 532 quejas recibidas por desaparición forzada en ese periodo, 332 corresponden a Guerrero, lo que evidencia la dimensión del terrorismo de Estado en esta entidad.

Señaló que la Sedena sigue negando el acceso a archivos clave para esclarecer los crímenes cometidos en la región y que las omisiones de las autoridades han prolongado la impunidad y la tortura para miles de familias.

Destacó que, pese a la falta de resultados oficiales, los colectivos han logrado identificar restos de víctimas en exhumaciones recientes, incluido el hallazgo de Roberto Reyes Piedra y Rubén Izazaga Piedra, lo que demuestra que han sido las familias quienes sostienen la búsqueda ante la falta de cumplimiento del Estado mexicano a las recomendaciones nacionales e internacionales.

Se informó que en Guerrero, el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico documentó por lo menos ocho mil seiscientas víctimas de violaciones graves entre 1965 y 1990, además de sesenta masacres y miles de desplazamientos atribuidos a operaciones militares.

El informe concluye que los hechos cumplen con los elementos de delitos de lesa humanidad.

Antes, el representante de la Asociación de Familiares Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Fademo), Paulo Estrada, señaló que la experiencia de su país demuestra que los procesos solo avanzan cuando las familias se organizan para romper pactos de silencio.

“La memoria y la verdad dependen de las víctimas. Ellos quisieron ocultarlo todo”, dijo.

De los Ríos Merino insistió que el cumplimiento integral de la sentencia Radilla debe ser el punto de partida para desmantelar la impunidad histórica y garantizar que hechos similares no se repitan en Guerrero ni en el resto del país como en Chihuahua, donde su madre, Alicia de los Ríos, integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre fue detenida el cinco de enero de 1978.