IGUALA, Gro., 10 de noviembre de 2014.- Vecinos de Iguala aglutinados al Consejo Ciudadano por la Justicia y la Paz (CCJP) desconocieron al cabildo municipal al considerar que tanto regidores como síndicos que permanecen en el cargo, fueron cómplices y omisos con las acciones fuera del marco de la Ley del exalcalde José Luis Abarca Velázquez.

Pasado el mediodía, un grupo de aproximadamente 30 personas se concentraron en el Monumento a la Bandera en el zócalo de la ciudad. Ahí, representantes de clubes de servicio, asociaciones civiles, colegios de profesionistas, cámaras de comercio y ciudadanía en general, ofrecieron una conferencia de prensa.

Dijeron tener la intensión de promover e instituir un Concejo Municipal que entre en funciones de manera inmediata para gobernar Iguala en lo que resta de la administración 2012-2015.

La arquitecta Raquel Flores, coordinadora del Movimiento Iguala por la Paz exigió la presencia en Iguala del presidente de la República Enrique Peña Nieto, del Gobernador Interino Rogelio Ortega Martínez y de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado, con el fin de discutir el tema y llevar a cabo lo antes posible la instalación del Consejo Municipal.

Expuso que la postura del Consejo es la exigencia del cumplimiento del pliego petitorio: La instalación del Consejo Municipal, reactivación económica y la reconstrucción del palacio Municipal, nombramiento de Iguala de la Independencia como patrimonio Nacional.

Entre otras cosas, exigen la revisión de los trabajos de la gendarmería y la Policía Federal, la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre y, que el Consejo Nacional de Seguridad sesione en esta ciudad para que informe en torno a los avances de las investigaciones.

Entre otras cosas pidieron a los manifestantes expresarse de manera pacífica en la ciudad “sin transgredir derechos de terceros”, y dijeron que como igualtecos se han sumado a la lucha por la Justicia.

Roberto Castillejo Bahena, miembro del Consejo Ciudadano por la Justicia y la Paz expuso el marco legal.

“El aspecto relativo a la declaratoria de desaparición del Ayuntamiento se encuentra expresamente regulado en el artículo 115 constitucional en México”, aclaró.

Destacó que la carta magna indica que los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

“Fracción 1 párrafo último: En caso de declararse desaparecido de un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la Ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los estados designarán de entre los vecinos a los Concejos Municipales que concluirán los periodos respectivos; estos concejos estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores”.

Roberto Castillejo también aclaró que la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero dispone en su artículo quinto, establece que los municipios que integran el Estado de Guerrero se administrarán por Ayuntamientos de elección popular directa o por excepción, por Concejos Municipales, cuando así lo prevenga la presente Ley y, no habrá ninguna autoridad intermedia entre ellos y los poderes del Estado.

Explicó que en Iguala existe una ingobernabilidad y por tal razón, es necesaria la declaratoria de la desaparición del Ayuntamiento y en consecuencia que el Congreso local designe un Concejo Municipal conformado por ciudadanos igualtecos que deberán concluir el periodo 2012-2015.

Aseguró que el único fin es buscar el restablecimiento de la paz y negó que haya cuestiones políticas detrás de este movimiento. Afirmó que este hecho tiene su origen en la omisión que síndicos y regidores que se mantienen en el cargo, tuvieron al no aceptar junto al ex alcalde José Luis Abarca, la puesta en marcha del Mando Único Policial.

Calificó al actual cabildo como “omiso y cómplice intencional” de Abarca Velázquez, al permitirle tener el control total de la policía municipal y, por ende de la seguridad pública del municipio. Todo esto detonó en los hechos del 26 de septiembre del año en curso.

Sergio Guadarrama, otro de los líderes afirmó que se pretende que el nombramiento del Concejo Municipal salga de una consulta ciudadana a fin de que no haya inconformidades y se impulsen a ciudadanos “de bien” y reconocidos por la sociedad.

Explicó que entre las propuestas que ellos como organización civil harían, estarían los ciudadanos Florencio Benítez, Salvador Román Román y Arturo Ferrer quienes afirman, son “altamente reconocidos”.

Durante la conferencia, diversos ciudadanos expresaron su sentir aclarando que algunos recibieron amenazas de muerte por denunciar corrupción y actos fuera de la Ley durante el gobierno de José Luis Abarca; otros instaron a la ciudadanía a “despertar” y sumarse a la exigencia de Justicia por el caso Ayotzinapa y la búsqueda de la Paz en Iguala.

Unos más aclararon que nunca se atrevieron a alzar la voz durante el gobierno que encabezó José Luis Abarca, porque “a quien decía algo lo mataban, y primero pensábamos en nuestra vida”. Este sería el motivo por el que hasta ahora se han atrevido a alzar la voz.

Cabe destacar que la propuesta de desaparición del Ayuntamiento y conformación de un Concejo Municipal ya se planteó formalmente ante el Congreso del Estado, el Ejecutivo Estatal y el Cabildo Municipal, sin embargo no ha habido respuesta.