AYUTLA, Gro., 21 de febrero de 2016.- Las familias que en 2012 huyeron de La Laguna y Puerto Las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán, hoy en la región Costa Chica se las arreglan para llevar una vida casi normal.
Las viviendas que les otorgó el gobierno estatal en la comunidad de La Unión, municipio de Ayutla de los Libres, no cuentan con el servicio de agua, los ciudadanos carecen de empleo y en consecuencia la comida es escasa.
En un predio situado entre las montañas de Ayutla y bajo un sol calcinante que caracteriza a la Costa Chica, se asentaron a 10 familias de La Laguna en marzo de 2013, desde esa fecha; se encuentran 40 niños y bebés, cerca de 20 mujeres y 15 hombres, quienes huyeron de la sierra de Guerrero luego de que el 28 de noviembre de 2012, fuera asesinada su dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) Juventina Villa Mojica junto a su hijo Rey Santana Villa.
En este nuevo sitio contrario a su lugar de origen, la principal carencia que tienen hombres y mujeres, desde niños, jóvenes, es el agua. Y al no tenerla, se limitan en realizar lo más apremiante, como la elaboración de alimentos y necesidades fisiológicas.
 
El conflicto
 
De acuerdo con publicaciones de la prensa, en 2005 un grupo de personas solicitó al extinto líder de la OCESPCC Rubén Santa Ana Alonso, permiso para explotar el ejido de La Laguna para talar árboles y extraer madera. Los integrantes de este ejido, se negaron a la propuesta y de ello, vino la violencia y persecución.
Rubén Santa Ana y demás integrantes de la OCESPCC denunciaron que se trataba de delincuentes solapados por autoridades locales de Coyuca de Catalán, quienes querían tener el control territorial de la sierra para realizar el trasiego de drogas y tener acceso a los recursos naturales de la zona: agua, madera y minas.
De 2005 en adelante, se registró la muerte de más de 30 personas de La Laguna. El 15 de febrero de 2011, Rubén Santa Ana Alonso fue asesinado.
Al asesinato de Rubén Santa Ana le siguió la de su hijo Sergio Santana Villa, el 17 de abril en compañía de dos amigos. Igualmente, el 5 de mayo fue asesinado Jorge Delgado Salgado, yerno de Rubén Santana y Juventina Villa.
En abril de ese año, se da el primer éxodo de ciudadanos principalmente de mujeres y niños, quienes salieron de La Laguna hacia el sitio conocido como Puerto Las Ollas.
Las familias pudieron regresar a La Laguna, pero en noviembre de 2012, nuevamente fueron desplazados tras el asesinato de  Juventina Villa Mojica, quien era esposa de Rubén Santana Alonso. 
En diciembre de 2012, con Ángel Aguirre Rivero en el gobierno del estado, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgro) exigió la reubicación de las familias de la Laguna y la investigación de los asesinatos, que de acuerdo con los habitantes, fueron cometidos por  talamontes y presuntos paramilitares.
Entre marzo y abril de 2013, 16 de las 45 familias desplazadas del poblado de La Laguna al Puerto Las Ollas fueron reubicadas en el municipio de Ayutla. Sin embargo, a casi tres años de su reubicación, a las familias que huyeron de la violencia aún no les llega la ayuda que les prometió el gobierno.
 
Las condiciones
 
Catalina Pérez, una de las señoras desplazados de la Laguna, urgió la libertad de uno de sus hijos presos, acusado de secuestro calificado en 2010. Demandó también al gobierno de Héctor Astudillo Flores atender el servicio de agua, porque carecen para beber y cocinar.
Para el abastecimiento de agua, las familias todos los días acuden a un río que sólo fluye en temporada de lluvias, pero hoy deben de rascar bajo la tierra hasta encontrar agua.
Catalina Peréz denunció que desde hace seis meses el gobierno estatal dejó de enviarles despensas como les había prometido la administración de Ángel Aguirre.
En este predio de aproximadamente 10 hectáreas, el gobierno del estado ha construido nueve casas, de ellas por lo menos siete presentan cuarteaduras.
En este sitio, 40 niños caminan a diario dos kilómetros entre monte y carretera federal, para acudir a la escuela primaria Francisco I. Madero y a la telesecundaria Lázaro Cárdenas del Rio, ubicados en el pueblo de La Unión.
Tanto hombres y mujeres, solicitan trabajo. Afirman que en la cabecera municipal de Ayutla es difícil encontrar empleo, y si logran encontrarlo les pagan 120 pesos el día, pero 50 pesos los ocupan para el pasaje.
Damián Díaz Pérez, habitante desplazado, indicó que él junto con otros vecinos ha realizado un diagnóstico técnico con asesoría de un ingeniero para la implementación de un sistema de riego, el cual podría tener un costo de un millón 100 mil pesos y resolvería la escasez de agua.
Sostuvo que por las condiciones climáticas y los recursos, es viable un proyecto de fabricación de block, por lo que pidió al gobierno del estado su intervención.
“Nosotros no queremos ser mantenidos todo el tiempo, podemos y queremos trabajar, pedimos una ayuda nomás”, expresó Díaz Pérez.
Las familias desplazadas demandan justicia por los asesinados y piden que el gobierno del estado cumpla con los acuerdos pactados, entre los que destacan la entrega de tierras de cultivo, otorgamiento de granos básicos para la alimentación, becas para los niños y agua.