ACAPULCO, Gro., 24 de agosto de 2019.- El secretario de Gobierno del estado, Florencio Salazar Adame sostuvo que la pacificación de los grupos delincuenciales por la vía del diálogo es inviable, en referencia a la propuesta del gobierno federal de reunirse con los grupos de autodefensas del país para lograr la pacificación.

Salazar Adame dijo que la sugerencia de diálogo debe abordarse con “busturí” y “mucha delicadeza”, pero que “si se diera el caso”, requerirá la participación de los tres órdenes de gobierno.

El funcionario estatal se reunió con los integrantes del Foro Guerrerense de Abogados que se desarrolló esta mañana en el salón Montecarlo de Centro de Congresos Copacabana.

Ahí sostuvo que el Estado, no es incapaz de brindar seguridad, pero afirmó que sus recursos son insuficientes para brindarla.

“El Estado no es incapaz, es insuficiente”, dijo.

Al concluir la disertación Leyes para la justicia comunitaria, expuso que la presencia de la Guardia Nacional en Guerrero ayudará en las capacidades de los gobiernos estatal y municipales, para brindar mejor seguridad, pero advirtió que no habrá resultados en el corto plazo, pues no se ha logrado la certificación de todas las policías municipales, requisito “fundamental” en ellas.

Durante la disertación a la cual acudieron unos 50 abogados de esa organización que cumplió un año, según se informó, el funcionario estatal explicó que las reformas de la ley ofrecen un marco jurídico que fortalece la autonomía y actuación a las policías comunitarias.

Hizo referencia a las reformas aprobadas en Guerrero y que el gobierno estatal promovió pues dijo, permiten ordenar a las policías comunitarias, la justicia por usos y costumbres, pero sobre todo “una serie de derechos progresivos para ampliarlos en beneficio de los pueblos indígenas de nuestro estado”.

Mencionó que las reformas obedecen a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que promovió la realización de foros, reuniones, grupos, comunidades e interesados en el tema.

Argumentó que hay grupos armados que se dicen policías comunitarias, pero son brazos armados del crimen organizado, pues no son organizaciones elegidas por la comunidad y carecen de su respaldo.

“Ha habido una discusión, en mi opinión, equivocada, pues algunos organismos de pueblos indígenas y no gubernamentales dicen que esta ley viola sus derechos; organizan foros, nos han acusado incluso de que nosotros, o yo personalmente secretario de gobierno, entorpezco su labor. Eso es falso”, argumentó.

Parece, continuó, que dar a conocer el contenido de la ley los incómoda y muchas de las organizaciones que critican, aseguró Salazar Adame, fueron invitadas a los foros y no acudieron.

Más tarde precisó qué diputados de Morena, la organización defensora de derechos humanos Tlachinollan y el Ayuntamiento de Olinalá, que presentó una controversia constitucional contra esta ley, se han opuesto a su aplicación

Aseguró que el gobierno estatal está abierto al diálogo para tener puntos de encuentro y de ser necesario mejorar la ley entre todos.

En su exposición advirtió qué los líderes deben distanciarse discusiones estériles para detener la violencia.

Citó lo dicho por Jesús Reyes Heroles quien sostuvo que “no desatemos fuerzas que no podamos controlar” y, advirtió que con multiplicar grupos armados al margen de la ley, las fuerzas no podrán ser controladas.

Enfatizó que los cuestionamientos a las reformas de las leyes indígenas son políticos y no jurídicos, pues existe un comportamiento irregular en cuanto a la aplicación de la ley.

Advirtió que si la controversia constitucional promovida por el ayuntamiento de Olinalá prospera, cualquier grupo armado podrá decir que está protegido por la Constitución y habrá fuerzas incontrolables al margen de la ley.