Diputados de Guerrero podrán faltar a gusto

CHILPANCINGO, Gro., 13 de julio de 2016.- La nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Guerrero no prevé cambios en la transparencia parlamentaria ni sanciones para diputados faltistas, es decir, los legisladores locales podrán faltar las veces que quieran  y no serán sancionados.

Durante la sesión de ayer martes, se aprobó el dictamen de la Ley orgánica que transforma la Comisión de Gobierno, integrada por diputados coordinadores de distintas fracciones parlamentarias, en la nueva Junta de Coordinación Política.

Además, las presidencias y secretarías de las comisiones y comités no podrán ser asignadas  a diputadas o diputados de la misma fracción partidista. También se propuso la creación de nuevas unidades administrativas.

La nueva ley no prevé sanciones para los diputados que falten a las sesiones del Congreso sin previo aviso, punto para el cual el PRD había propuesto que los legisladores fueran “suspendidos de sus cargos por acumulación de faltas”.

Así también, con la aprobación de esta norma, los diputados locales son considerados inviolables y no pueden ser perseguidos ni reconvenidos por sus opiniones ni el sentido de sus votos.

En cambio, se dejaron fuera puntos de transparencia como que el presupuesto de egresos del Estado sea  votado por la mayoría absoluta de los diputados, y tampoco se tomó en cuenta el punto en que se obligaba a los diputados a publicar su declaración fiscal, patrimonial y de intereses, incluidos en la iniciativa conocida como Ley 3 de 3.

Tampoco fue incluida la propuesta da dar facultades a las comisiones para citar a comparecer a funcionarios estatales o municipales.

Con el cambio de la Comisión de Gobierno a Junta de Coordinación Política,  a la mesa directiva se le otorgan facultades para acudir a las reuniones de la Junta de Coordinación, cuya confirmación se llamará Conferencia, y podrá tener voz pero no voto.

El pleno de los diputados rechazó cambios para la transparencia, el fortalecimiento interno y equilibrio de poderes.

La nueva ley orgánica del poder legislativo considera la iniciativa popular, para que los ciudadanos puedan iniciar leyes o decretos con el requisito de que la propuesta debe ser avalada por el 0.2 por ciento de la lista nominal de electores, cuyas identidades deberán ser verificadas por el Congreso a través del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC); y en caso de cumplir con el proceso y requisito, los dictámenes o iniciativas ciudadanas deberán ser aprobadas en un plazo no mayor a 30 días hábiles.