CIUDAD DE MÉXICO, 12 de junio de 2020.- La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados logró el consenso para que, en cuanto reinicien las actividades presenciales, aprueben un proyecto de dictamen que busca castigar hasta con 10 años de prisión, así como otras sanciones, a quienes agredan a personal de salud, cuerpos que presten servicios en emergencias o integrantes de las Fuerzas Armadas en funciones de auxilio durante contingencias sanitarias, emergencias o desastres naturales.

En reunión virtual, los legisladores detallaron que el proyecto de dictamen contiene iniciativas que buscan hacer diversas reformas y modificaciones al Código Penal Federal, y las leyes General de Salud y la Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en materia de protección al personal del Sistema Nacional de Salud.

De acuerdo con el proyecto, los cambios que se propones al Código Penal Federal, contemplan aplicar de uno a tres años de cárcel o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 200 días de multa, a quien cometa el delito de discriminación, contra personas que se desempeñen en actividades relacionadas con la mitigación de una emergencia sanitaria o desastre natural.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Justicia, la diputada del PAN Pilar Ortega, destacó el consenso de todas las fuerzas políticas, por lo que reiteró que en cuanto se retomen las actividades, este proyecto de dictamen se llevará a discusión ante el Pleno. 

Señaló que desde el pasado 14 de abril se han recibido 14 iniciativas, que en términos generales todas coinciden sobre la aplicación de una sanción ejemplar contra los agresores del personal médico.

Refirió que la principal intención es castigar los diversos delitos cometidos en contra del personal del Sistema Nacional de Salud en el contexto de una emergencia sanitaria, y hacer extensiva esta protección a los miembros de servicios de emergencia en cualquier desastre natural o situación de emergencia.

Añadió que, se propone establecer una sola calificativa que agrave la sanción que reciba una persona por cualquier delito cometido en contra del personal de Salud o que presten servicios de emergencia o de las Fuerzas Armadas en funciones de auxilio.

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