La elección en el Estado de México, al margen de su desenlace final, constituye un grave retroceso para la vida política nacional. Fue una elección de Estado que implicó el derroche corrupto de miles de millones de pesos para imponer al primo del Presidente de la República en el gobierno estatal mexiquense.

El gobierno federal de Enrique Peña Nieto, la camarilla corrupta cuyo feudo es el Estado de México, el crimen organizado y empresas como OHL y otras más beneficiados por la corrupción del grupo Atlacomulco se confabularon para impedir el ejercicio libre del sufragio y adulterar la contienda electoral con el más cínico descaro.

Contaron con la omisión cómplice de las autoridades del Instituto Electoral del Estado de México y del Instituto Nacional Electoral que permitieron infinidad de trapacerías de parte del gobierno federal, el estatal de Eruviel Ávila y de diferentes gobernadores priistas.

Las autoridades electorales se han convertido en meros instrumentos de legitimación del poder frente a los atracos a la democracia. Son árbitros sometidos al poder presidencial, burócratas electorales que se hacen de la vista gorda frente a los abusos, el derroche, la coacción, las amenazas, el reparto escandaloso de dádivas y programas gubernamentales para prostituir el voto.

Los órganos electorales únicamente simulan organizar que se instalen casillas, que se reparta el material electoral y se cumpla el calendario de los comicios, pero nada hacen para vigilar la equidad en las contiendas electorales, que no se desvíen recursos ni que el gobierno intervenga en los procesos electorales, como ocurrió en el Estado de México de manera brutal.

Peña Nieto distribuyó a sus secretarios del gabinete como operadores electorales en todo el territorio mexiquense para que con dinero, programas y estructuras oficiales impidieran el triunfo de la candidata Delfina Gómez. Con total desfachatez en plena campaña organizaron eventos para repartir apoyos y ayudar así, a la mala, al candidato priista. Todo el poder, todos los recursos públicos y todo el aparato oficial del gobierno de la República para impedir que el pueblo expresara con libertad su sufragio.

Mientras eso acontecía los órganos electorales no hacían absolutamente nada para impedirlo. Las conductas desplegadas por el gabinete presidencial en la elección del Estado de México no sólo constituyen un gran fraude Electoral, un monstruoso operativo de Estado para imponer a un gobernante que no cuenta con el aval popular, sino incluso son motivo de responsabilidad política y penal. El gabinete presidencial actuó como delincuencia electoral organizada.

El fraude electoral no puede entenderse únicamente como la alteración de las actas de casilla, el robo de urnas, la falsificación de boletas, la adulteración del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), la manipulación de los votos nulos, los conteos amañados o los cómputos, conductas que también se presentan recurrentemente, sino también incluye, y es en ese aspecto donde se presenta la mayor y más determinante incidencia, la actitud más dolosa y fraudulenta, en la compra y coacción del voto a escala masiva con la utilización del gobierno, los programas, la obra pública, dinero, para violentar la equidad en la contienda e impedir el ejercicio del voto libre e informado.

Si a lo anterior se le suma la influencia de la delincuencia en algunas partes del Estado de México y empresas beneficiadas por el contratismo oficial como OHL para beneficiar al PRI, es sin duda un escenario donde no hay elecciones libres ni auténticas.

Resulta verdaderamente patético y es un síntoma de la decadencia política fomentada desde el poder, que se impone como cultura corrosiva, que en programas de opinión en cadena nacional se hable con total descaro de la intromisión del gobierno federal por órdenes del Presidente de la República para montar un operativo fraudulento en el Estado de México como algo normal, como si fuera incluso digno de encomio, como si fuera parte de la contienda, no debe sorprendernos entonces como también se enaltece en medios televisivos nacionales a los delincuentes en series en horarios estelares.

Más allá de si fue un error, una falta de estrategia, o una actitud poco generosa el no haber salido unificada la izquierda a competir en el Estado de México, requerimos elecciones libres e informadas sin fraude ni operativos de Estado para imponer autoridades. El pueblo debe poder optar por elegir candidatos que sean postulados sólo por un partido, en alianza o independientes sin que enfrente a todo el aparato criminal en su contra.

Hoy que México enfrenta un escenario de corrupción y violencia imparables muchas de las respuestas a esta situación se encuentran en la manera cómo llegan al poder los gobernantes. Quien llega al poder, como en el caso de consumarse la imposición de Alfredo del Mazo, por medio de la corrupción, el fraude, e incluso la intervención de la delincuencia organizada, desde el gobierno únicamente se dedicará a servir a los criminales que lo impusieron y a robar sin ningún pudor ni freno. Del mal no puede surgir el bien sino un mal mayor.