México ante su mayor amenaza
Por Vicenta Molina Revuelta*
El 9 de septiembre dio inicio en Guerrero el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, el cual se desarollará en un contexto muy singular, nunca antes visto por las circunstancias y condiciones que enmarcan su desarrollo.
En principio, es necesario ubicar cual es el contexto nacional del país, para dimensionar la coyuntura política que prevalecerá en los próximos nueve meses y que culminará con las elecciones concurrentes del 6 de junio de 2021.
Habrá comicios en las 32 entidades federativas, cuyo principal factor de riesgo es la pandemia causada por el virus SARS COV2, que en principio obligó a posponer las elecciones locales de los estados de Hidalgo y Coahuila, previstas originariamente para el 7 de junio de 2020; y por otra parte, impuso la necesidad de analizar la implementación de nuevas formas en la organización de dichos procesos.
A nivel nacional, el pasado 7 de septiembre, el Instituto Nacional Electoral declaró el inicio formal del Proceso Electoral 2020-2021, por el que se renovarán 300 diputaciones de mayoría relativa y 200 de representación proporcional de la Cámara de Diputados, elección que resulta trascendental para la definición de la correlación de fuerzas políticas, es decir, marcará la distribución del poder político entre las distintas fuerzas partidistas del país hacia el último trienio previo a la elección presidencial de 2024.
En el ámbito local se renovarán 15 gubernaturas; mil 63 diputaciones locales, de las cuales 642 serán de mayoría relativa y 421 de representación proporcional, excepto en Coahuila y Quintana Roo; mil 926 presidencias municipales y alcaldías, con excepción de Durango e Hidalgo; y 17 mil 864 cargos municipales de otra naturaleza, haciendo un total, entre las elecciones locales y la elección federal intermedia, de 21 mil 368 cargos a elegir. De ahí que sea la elección más grande y compleja en la historia democrática de México, como lo ha manifestado el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello.
En Guerrero se elegirá la gubernatura del estado; 46 diputaciones locales, 28 de mayoría relativa y 18 de representación proporcional; 80 presidencias municipales, 85 sindicaturas y 580 regidurías, es decir, un total de 792 cargos de representación.
Es importante mencionar que el pasado 7 de agosto del año en curso, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió en sesión extraordinaria el Acuerdo INE/CG189/2020, por el cual aprobó la estrategia de capacitación y asistencia electoral 2020-2021 y sus respectivos anexos, misma que entre otras cosas determina los acuerdos necesarios entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales para lograr de manera exitosa los fines institucionales en materia de integración de Mesas directivas de casilla, Mesas de Escrutinio y Cómputo, capacitación electoral y ubicación de casillas en la elección 2020-2021.
Dicha estrategia señala que su objetivo es hacer posible la integración e instalación de más 164 mil casillas electorales en todo el país, con la participación de aproximadamente un millón 450 mil ciudadanas y ciudadanos, y que para ello, se recorrerá todo el territorio nacional con el fin de visitar al 13 por ciento de la ciudadanía de la Lista Nominal de Electores (más de 12.35 millones de mexicanos y mexicanas) a quienes se invitará a sumarse como funcionarias y funcionarios de casilla y el tres por ciento para integrar en Ciudad de México, las Mesas de Escrutinio y Cómputo del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero.
La elección local requerirá la contratación de mil 271 capacitadores electorales y 215 supervisores electorales que apoyarán en la realización de distintas actividades preparatorias de la elección y durante la jornada electoral; acompañando a 44 mil 559 ciudadanas y ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casillas.
De igual forma se estima una impresión de 7 millones 574 mil 139 boletas electorales para los tres tipos de elección; y una proyección de 4 mil 951 casillas a instalar, en la que por lo menos estarán en condiciones de sufragar 2 millones 524 mil 713 electores, de acuerdo con la lista nominal con corte al 31 de julio de 2020.
Aunado a la descripción cuantitativa de la elección local, para el presente proceso electoral se aplicarán nuevas disposiciones sustantivas desde una perspectiva de inclusión democrática.
Así, por primera vez, se asegurará la legítima aspiración de la población indígena y afromexicana a acceder a la postulación de candidaturas a cargos de elección popular, por parte de los partidos políticos, en municipios y distritos que cuenten, por lo menos, con un 40 por ciento de población perteneciente a dichos sectores poblacionales.
Vale la pena citar que esta disposición puede concebirse como un avance normativo temporal, resultado de la reforma electoral de junio de 2020, decretada por parte del Congreso Local, en razón de que su aplicación tendrá vigencia solo para el presente proceso electoral, para que al término del mismo, se dé paso al derecho a la consulta que les asiste a las comunidades indígenas y afromexicanas, como recientemente lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 136/2020 promovida contra dicha reforma; consulta que no fue posible realizar oportunamente debido a la contingencia sanitaria causada por la pandemia; sin embargo, la disposición legislativa asegura por el momento que las personas indígenas y afromexicanas puedan acceder a una candidatura.
Por otra parte, la igualdad entre hombres y mujeres deberá verse reflejada en la integración de cargos públicos, a partir de la posibilidad de realizar ajustes en la asignación de espacios de representación proporcional en diputaciones y regidurías, con la finalidad de transitar de la paridad formal a la paridad sustantiva.
A partir de la reforma electoral local en cita, la participación política de las mujeres, tendrá lugar en un escenario normativo que busca inhibir la violencia política contra las mujeres en razón de género y, en su caso, asegurar una atención sumaria frente a posibles casos que se presenten, a través del Procedimiento Especial Sancionador, el dictado de medidas cautelares, así como de medidas de reparación integral, esta última dictada por la autoridad jurisdiccional, llegando consecuentemente a la implementación del Registro de Antecedentes de Personas Agresoras, por parte de la autoridad administrativa electoral, mediante el cual se busca impedir que quienes resulten responsables de la comisión de hechos constitutivos como tal, no puedan participar en contiendas electorales futuras y determinadas como precandidatos o candidatos.
Otro aspecto importante para la historia democrática del estado de Guerrero, es que por primera vez las y los guerrerenses residentes en el extranjero podrán votar en la elección de la gubernatura, disposición que quedó prevista con la reforma electoral de 2014, al establecerse en el artículo noveno transitorio de la Ley electoral local, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, el 30 de junio de 2014, que dicho ejercicio al sufragio deberá implementarse para la elección de la gubernatura del año 2021.
Por todas las razones anteriormente expuestas, el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, será sin duda, una experiencia emblemática que marcará un antes y un después en la democracia de nuestra entidad federativa.
Todo proceso electoral tiene sus propios retos en función de los tiempos y circunstancias que prevalecen. Sin embargo, el reto permanente o común es propiciar la mayor participación ciudadana posible, para tener órganos de representación que cuenten con mayor legitimidad y como parte del desarrollo y fortalecimiento de la cultura democrática. Ese será un reto en el proceso electoral en curso 2020-2021, al que se suma el reto de motivar la participación ciudadana de quienes han migrado a otras latitudes del mundo, para que por primera vez participen en la elección de la gubernatura del estado.
Otro reto que demanda la participación responsable de todos los actores políticos, ciudadanía, medios de comunicación e instituciones públicas, es anular toda forma de expresión de violencia política contra las mujeres en razón de género, porque mientras existan este tipo de expresiones en nuestra democracia, seguiremos teniendo un déficit en la calidad de las elecciones y una amenaza a la dignidad humana.
Reducir el riesgo de contagio a su mínima expresión, será un reto compartido entre autoridades electorales, partidos políticos, candidaturas ciudadanas, ciudadanía en general y autoridades de los tres niveles de gobierno.
En las precampañas y campañas electorales, tendrán que innovar en sus formas de hacer proselitismo político para salvaguardar la salud de los simpatizantes y militantes de partidos políticos; lo mismo para el caso de candidaturas ciudadanas. Nuevos canales de comunicación política tendrán que abrirse con sentido de pertinencia de acuerdo al distrito o municipio de que se trate, asegurando en todo momento que las propuestas electorales lleguen a todo el electorado.
Las redes sociales serán, sin duda, la principal herramienta de comunicación entre las y los candidatos y la ciudadanía, sin embargo, la falta de infraestructura y de conectividad en algunas regiones, demandará otras opciones para llegar a quienes menos tienen.
Nuestro compromiso como autoridades administrativas electorales será velar por la confianza ciudadana e implementar acciones que aseguren la protección a la salud de la población, así como del personal que labora en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, observadores electorales y de la ciudadanía que participe en las diversas actividades preparatorias del proceso electoral local.
Como lo cité en mis palabras discursivas en la séptima sesión extraordinaria de Consejo General, los meses venideros, serán de trabajo intenso, serán días y jornadas extenuantes, así son las elecciones, pero bien vale la pena el esfuerzo, porque del otro lado de una contienda electoral, está el anhelo del mejoramiento social, sin que ello se limite solo al ámbito gubernamental, sino más bien, como catalizador del desarrollo.
Hago votos porque en el presente proceso electoral, prevalezca a la altura de miras. Sí a la confrontación política, pero no a la violencia política; si a las pasiones, pero mejor aún a las buenas acciones; sí a la libertad de expresión, pero no a la denostación y la calumnia.
Bienvenido el diálogo, el respeto, la tolerancia, las propuestas y el debate, porque ello abona a la calidad de nuestra democracia.
*Vicenta Molina Revuelta
Consejera Electoral del IEPC-Guerrero