El enojo del vecino

A diferencia de México, donde la autoridad se centra en el presidente y más si éste tiene mayoría en las Cámaras, en EU el poder está auténticamente desconcentrado, incluso dentro del mismo gobierno federal. El espacio de autoridad del presidente norteamericano coexiste con agencias autónomas y con un mandato protegido por la ley. El presidente es la figura más poderosa, pero hay un respeto irrestricto a la ley. De origen es una presidencia acotada por el Congreso, la Corte y las agencias y departamentos en su interior.

El vecino está enojado con México. Está dispuesto a tolerar y dejar pasar mucho en la medida en que no afecte lo fundamental para su país. Por ahora son dos las prioridades, las que dejó en claro Joe Biden en su visita de enero: fentanilo y migración. El gobierno de México ha cedido hasta la ignominia en lo segundo, como revelan las interesadas infidencias de Kushner, Trump y ahora Mike Pompeo. El mismo presidente norteamericano, Joe Biden agradeció en enero la disposición del gobierno de México de aceptar treinta mil migrantes mensuales en espera para resolver su situación migratoria, casi medio millón al año.

El tema migratorio es de la mayor importancia política. Por ello los desplantes de Trump, a manera de decir yo sí puedo hacer que el vecino se someta a nuestra policía migratoria y contener el flujo de criminales y violadores que despojan a nuestros trabajadores de sus oportunidades laborales y violentan nuestras ciudades y comunidades. Al presidente Biden en su pretensión de reelegirse no le queda otra más que actuar en consecuencia; con distinto modo y diferente retórica está en lo mismo, que México haga el trabajo sucio en materia de migración. El gobierno de López Obrador lo ha aceptado a pesar de las palabras antiimperialistas y de los desplantes como fue el no asistir a la Cumbre de las Américas o defender a las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

El vecino está enojado por la política de seguridad del presidente López Obrador. Por los crecientes estragos que provoca el consumo del fentanilo. En este contexto son ilustrativas las deliberaciones en el Comité de Asuntos Internacionales presidido por el senador Bob Méndez, en la comparecencia de la directora de la DEA Anne Milgram, del subsecretario de Estado Todd Robinson y del director de Política Nacional de Drogas de la Casa Blanca Rahul Gupta de días pasados. Lo dicho por todos es revelador del juicio reprobatorio y de los difíciles tiempos que le esperan a México a partir de la convicción de que el crimen crece sin contención bajo la complacencia de las autoridades.

Los norteamericanos dicen que México no está haciendo su parte. Además, no comparte en términos convenidos la información de las incautaciones de fentanilo y no hay acción contra laboratorios ya ubicados. Lo que es más preocupante, demanda la extradición de detenidos como una implícita reprobación del sistema de justicia mexicana y un aval explícito a lo que actualmente se ha hecho, esto es, condenar a detenidos con base al testimonio de delincuentes en búsqueda de beneficios procesales. Bajo tales condiciones cualquier funcionario mexicano, como sucedió con el general Cienfuegos o García Luna puede ser procesado y sentenciado.

El gobierno deberá cambiar su estrategia en materia de seguridad, a contrapelo de lo que instruye el presidente. Ahora se entiende la detención de Ovidio Guzmán en la víspera de la visita del presidente norteamericano. El combate contra los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, real o simbólicamente, es lo que se espera y es lo que las autoridades militares del país quieren que les autorice el comandanteo supremo, esto es, el presidente de la república.

Por su parte la extradición no habrá de prosperar en la medida en que el sistema de justicia norteamericano opera a partir del prejuicio y de la parcialidad, como ha quedado más que evidente en el espectáculo que ha sido el caso de García Luna. Ahora el presidente López Obrador entiende que cualquiera de sus colaboradores, con o sin razón, con o sin evidencia, pueden estar en la misma circunstancia que el ex secretario de seguridad pública de gobierno de Felipe Calderón. Como en el pasado, para el gobierno de López Obrador frenar la extradición es cuestión de seguridad nacional. Por su parte, si su tesis es que la pobreza es el origen de la delincuencia, hay razones sobradas para precuparse, en su gobierno han aumentado los pobres, también, y por su propia cuenta, los criminales.